Para muchas Pymes, el embargo ha llegado a ser un factor decisivo que les impide realizar cualquier transacción comercial.
En términos técnicos, un embargo por parte de ARCA no implica el cierre de la cuenta bancaria de un negocio. En cambio, el organismo retiene un monto específico, permitiendo que el saldo restante permanezca disponible para las operaciones. Por ejemplo, si una Pyme tiene $100 en su cuenta y ARCA embarga $40, los $60 restantes pueden ser utilizados sin restricciones.
“El embargo es para cubrir una determinada cantidad de pesos”, destaca Martín Caranta, contador público y socio de Lisicki, Litvin y Avelovich. “Si tenés 100 pesos y te traban el embargo por 40, con los otros 60 que te quedan podés operar”, añade.
Sin embargo, la teoría y la realidad para una Pyme en dificultades rara vez se alinean. “Lo que muchas veces sucede es que, al estar apretadas las finanzas, lo que hay en la cuenta bancaria no alcanza para cubrir el monto del embargo”, señala Caranta. “Supongamos que iban a embargar 40, tenés 10, no alcanza. Los otros 10 que entran se chupan hasta ir cubriendo los 40. Entonces, en la práctica, el embargo muchas veces termina impidiendo operar.”
El mecanismo es sencillo: cada peso que se deposita en la cuenta, ya sea por cobros de clientes o transferencias, se utiliza primero para cubrir el saldo embargado. Por esta razón, la empresa puede encontrarse imposibilitada de emitir cheques, pagar proveedores o satisfacer las nóminas de sus empleados.
El embargo es, lamentablemente, el desenlace de una cadena que comienza con una declaración jurada no saldada y que, si no se aborda a tiempo, puede llevar a la paralización total de la empresa.
Marcelo Rodríguez, socio fundador de MR Consultores y experto en asesoramiento fiscal, previdencial y societario, explica el proceso de manera detallada.
“Primero, la declaración jurada impaga. Si no se paga ni se ingresa en un plan de facilidades, se convierte automáticamente en un título ejecutivo”, afirma Rodríguez. “El fisco rápidamente te emite una boleta de deuda”, añade. “Esa boleta la recibís, no pagás, y automáticamente un abogado del fisco inicia un juicio de ejecución fiscal.”
El juicio de ejecución fiscal no es simplemente un aviso; es el comienzo de un procedimiento que incrementa costos a medida que avanza. Además de la deuda original, se acumulan intereses punitorios, más onerosos que los resarcitorios, y los honorarios del agente fiscal. “La Pyme que no paga muchas veces no lo hace porque no quiere, sino porque no puede”, indica Rodríguez.
Luego llega el embargo, que inicialmente afecta las cuentas bancarias.
ARCA también dispone de otras herramientas si la cuenta queda vacía. “Si la empresa deja la cuenta bancaria en cero, se puede embargar incluso las cuentas por cobrar”, advierte Rodríguez. “El fisco identifica a los clientes que deben a la empresa y exige que estos paguen primero al fisco antes de abonar la factura de la Pyme.”
En el escenario más extremo, ARCA no solo embarga los activos actuales de la empresa, sino también lo que esta espera cobrar.
Una de las razones que llevan a las Pymes a esta situación crítica tiene que ver con la naturaleza misma de la deuda fiscal. Un mes sin pagar convierte cualquier deuda en un problema casi insuperable a través de los métodos convencionales.
“Cuando dejaste de pagar, el siguiente mes ya es una bola de nieve que no podés cancelar”, explica Rodríguez. La deuda se incrementa a causa de intereses, el plan permanente vigente, bajo la Resolución General 5.321 y sus modificaciones, tiene cuotas limitadas y tasas elevadas, y quienes buscan regularizarse encuentran que las condiciones no están diseñadas para deudas acumuladas sino para deudas corrientes.
Como referencia, está el plan especial que ARCA lanzó recientemente para entidades de salud, que ofrece 60 cuotas y una tasa equivalente al 50% del interés resarcitorio. Rodríguez expone que este plan refleja la conciencia del organismo respecto a la complexidad de las situaciones que enfrentan muchas empresas en el país. FACPCE busca que se establezcan condiciones similares para el modelo de Pymes, con plazos más extensos, tasas reducidas y un acceso más simplificado.
En su presentación a ARCA, la FACPCE destaca tres ejes:
La FACPCE menciona que los planes permanentes en vigencia “constituyen herramientas de indudable utilidad”, pero en numerosos casos, sus condiciones son insuficientes para atender de manera integral las dificultades financieras y operativas que afectan al sector de las Pymes en la actualidad.
Si no se implementa un plan especial, las opciones disponibles son escasas. Según Caranta, la primera alternativa es el plan permanente vigente, que si bien es útil para deudas corrientes, tiene cuotas limitadas y tasas altas, y no contempla retenciones no ingresadas ni planes caducos. Para la deuda acumulada, su alcance es considerablemente limitado.
La segunda opción es obtener un crédito bancario para saldar la deuda con el fisco, pero Rodríguez advierte que esta también presenta desventajas. “Lo que no pagás al fisco, terminás pagándolo al banco para financiar la deuda que adquiriste con el organismo”, con tasas que tampoco son favorables en el entorno actual.
La tercera opción, mencionada por Caranta como último recurso, es la financiación privada: ya sea a través de un banco, un financista o un contacto personal. “No hay mucho más, lamentablemente”, concluye.
En este complicado panorama, la FACPCE está solicitando al Gobierno el establecimiento de un régimen especial de regularización y la suspensión de las medidas cautelares, para que las Pymes en deuda puedan salir de esta situación crítica y evitar embargos.
