El proyecto, que incluía cinco reformas referidas a expropiaciones, desalojos, registro de la propiedad, tierras rurales y manejo del fuego, fue sometido a votación tras 79 días desde la firma del dictamen. Sin embargo, en sus últimas 48 horas, perdió dos capítulos centrales y catorce artículos debido a la presión social y tensiones con aliados.
Desde el Gobierno se admite en voz baja que han perdido el control sobre la narrativa de un debate que, según sus planes iniciales, debía presentarse como una reforma orientada a atraer inversiones y modernizar el régimen de propiedad.
Funcionarios del Ejecutivo sostuvieron que el oficialismo no logró explicar adecuadamente el objetivo del proyecto y se vio a la defensiva frente a una avalancha de críticas que rápidamente trascendió el ámbito político. La discusión dejó de ser exclusiva del Congreso para instalarse en redes sociales y en el mundo del entretenimiento, un terreno en el cual el Gobierno suele desenvolverse con soltura, pero en esta ocasión le resultó adverso.
La repercusión de las condenas por parte de artistas e influencers acentuó este giro en la percepción. Las publicaciones de artistas como Tini Stoessel y Emilia Mernes, quienes generalmente no se pronuncian sobre cuestiones políticas y cuentan con millones de seguidores, amplificaron notablemente el rechazo hacia la ley. En los pasillos de la Casa Rosada se reconoció que jamás pudieron revertir esa imagen pública negativa.
La crítica a la ley de Tierras también ganó espacio en medios alternativos, como lo evidenció el video de la humorista Malena Pichot en una emisora de radio, que se volvió viral con más de 10,7 millones de reproducciones y un impacto superior a los canales oficialistas, representando casi el 18,4% de toda la conversación nacional sobre la reforma en cuestión.
Este fenómeno sorprendió incluso a dirigentes libertarios, quienes habitualmente dominaban el discurso digital. A lo largo de la gestión, la estrategia del Gobierno había consistido en responder ágilmente a cada controversia y disputar el sentido de los debates en las redes. Sin embargo, en esta ocasión, cuando se intentó aclarar el contenido del proyecto, el eje de la discusión ya había cambiado, lo que fijó un costo político considerable.
Desde el Ejecutivo, han tomado nota de este fenómeno. Como se mencionó, Javier Milei asumió en los últimos días el mando de la comunicación y se convirtió en su propio vocero, participando en un intenso despliegue mediático donde buscaba dar a conocer las reformas del segundo semestre y posicionarse como candidato de cara a 2027.
La derrota también desencadenó una nueva oleada de críticas internas. La presidenta del bloque de senadores, Patricia Bullrich, recibió numerosas acusaciones, siendo una de las principales impulsoras del capítulo relacionado con la ley de Tierras y una de las más defendidas públicamente.
Otro de los funcionarios criticados fue Federico Sturzenegger, quien había estado detrás del diseño del paquete de reformas. Se le atribuyó nuevamente la responsabilidad de una estrategia legislativa que chocó con la resistencia parlamentaria y una reacción social más intensa de lo esperado. Algunos en el oficialismo consideran que subestimaron las implicancias políticas de ciertas iniciativas.
Este episodio reavivó un debate más amplio que ha permeado al Gobierno desde su inicio: la decisión de concentrar múltiples reformas en extensos paquetes legislativos, lo cual es una estrategia que consideran efectiva. La idea es enviar grandes proyectos, aceptando que algunos artículos pueden perderse en la negociación, pero manteniendo las modificaciones restantes, incluso si esto implica concesiones significativas durante el trámite.
Este método ya había sido utilizado anteriormente y volvió a ser aplicado en las reformas presentadas este año. Desde la Casa Rosada defienden que, aunque algunos capítulos se pierdan, el saldo suele ser positivo porque se logra la aprobación de cambios que, si se presentaran de manera individual, tendrían más dificultades para avanzar. Este enfoque busca priorizar los resultados globales sobre el tratamiento de cada artículo por separado.
No obstante, el caso de la ley de Tierras evidenció uno de los riesgos de este enfoque. Al incluir propuestas de alto impacto político dentro de un paquete más amplio, el Gobierno otorgó a la oposición una plataforma para organizar su rechazo. La controversia en torno a este capítulo condicionó la discusión de los demás artículos, forzando al oficialismo a retroceder para evitar un revés aún mayor.
Mientras algunos responsabilizan a la estrategia parlamentaria y otros critican la comunicación política, han surgido cuestionamientos sobre la falta de coordinación entre los diferentes ministerios y aquellos responsables de las negociaciones con los bloques de diálogo. Se coincide en que el Ejecutivo llegó tarde para explicar una iniciativa que ya había caído en un marco narrativo hostil.
Este revés legislativo dejó una lección incómoda para la administración de Javier Milei. Por primera vez en mucho tiempo, el oficialismo se dio cuenta de que su habilidad para fijar la agenda y dominar el discurso público tiene límites, especialmente cuando se unen resistencias políticas, rechazo social y una amplificación significativa proveniente de actores externos al sistema partidario.
Con este diagnóstico, el Gobierno buscará redirigir su enfoque en cuanto regrese Milei de su gira por Ecuador y Colombia. Para el próximo martes, está programada una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde el oficialismo intentará reorganizar prioridades después del revés legislativo y redefinir su estrategia para las próximas semanas. Los asuntos a coordinar incluyen la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para los próximos meses, y los detalles de un encuentro que Milei desea mantener con líderes de la derecha de la región. En Balcarce 50, se busca que ambas iniciativas ayuden a recuperar la iniciativa política y reinstalar una agenda propia.
