Esta es la segunda iniciativa del gobierno de Javier Milei en menos de dos años para abordar este problema estructural. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, al finalizar 2025, había 13,5 millones de personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos analizados, de los cuales 5,8 millones, es decir, casi un 43%, se encontraba en situación de informalidad laboral.
El Decreto 409/2026 se aplica a empleadores del sector privado que cuenten con empleados en negro o mal registrados, donde la fecha de ingreso sea incorrecta o la remuneración reportada sea inferior a la real, siempre y cuando estas relaciones laborales hayan comenzado antes del 6 de marzo de 2026. Sin embargo, están excluidos los trabajadores del servicio doméstico, que tienen su propio régimen especial, así como el personal del sector público.
En cuanto a la condonación de deudas por aportes y contribuciones, el porcentaje varía según el tamaño de la empresa, y se establece que las deudas relacionadas con obras sociales, riesgos de trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio serán condonadas en su totalidad.
La resolución oficial indica que cualquier saldo pendiente podrá ser saldado a través de planes de facilidades de pago. Adicionalmente, se contempla una reducción del 50% sobre el capital e intereses que no estén incluidos en la condonación.
Regularizar estas relaciones laborales conduce a la extinción de acciones penales cuando corresponda, a la baja del REPSAL respecto a las infracciones incluidas, y al reconocimiento del tiempo regularizado como válido para ciertos beneficios de la seguridad social.
La disminución del REPSAL resulta crucial para aquellas empresas que enfrentan limitaciones para contratar con el Estado o acceder a programas públicos debido a sanciones laborales previas. La informalidad laboral también presenta una notable brecha de género, afectando al 44,5% de las mujeres frente al 41,8% de los hombres, siendo más evidente en los extremos de la vida laboral.
En el grupo de jóvenes de hasta 29 años, la informalidad supera el 58%, mientras que entre los adultos mayores de 65 años activos puede alcanzar hasta el 61,6%. En empresas con menos de cinco empleados, la informalidad se eleva hasta un 69,5%.
Con esto, el gobierno busca eliminar los obstáculos económicos que muchas empresas enfrentan al intentar registrar a personal que ha permanecido durante años fuera del sistema formal.
Este decreto forma parte de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que fue promulgada el 6 de marzo de 2026, con las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. No es la primera vez que se implementa una medida similar, ya que la Ley Bases de 2024 había incluido un esquema, aunque este fue menos efectivo.
Durante los tres meses en los que estuvo habilitado el trámite, desde finales de septiembre hasta finales de diciembre de 2024, solo 1.950 empleadores se sumaron, regularizando la situación de apenas 16.703 trabajadores dentro de un universo estimado de 5,4 millones de asalariados no registrados, lo que representa apenas el 0,3% del total.
También hay que señalar que la ley 27.742, además de facilitar el blanqueo, eliminó las sanciones existentes por no regularizar, lo cual debilitó el efecto esperado al combinar incentivos con la ausencia de presión coercitiva.
El decreto entra en vigencia desde el día de su publicación, pero la adhesión efectiva está sujeta a que ARCA emita la normativa operativa que definirá plazos, sistemas de declaración y modalidades del plan de facilidades de pago. Aunque el Decreto 409/2026 estipula que ARCA debe implementar esta normativa, aún se espera que el organismo regule los detalles operativos del régimen. Hasta que ello ocurra, los empleadores no podrán iniciar el trámite correspondiente.
Los críticos del régimen señalan que el blanqueo solo reconoce una fracción de la trayectoria laboral real de aquellos que han estado en la informalidad durante más de diez años. Asimismo, se han planteado dudas sobre si el esquema de incentivos es suficiente sin una presión coercitiva adecuada, ya que aunque se ofrecen beneficios fiscales para regularizar relaciones laborales, la eliminación de multas históricas que penalizaban el empleo no registrado ha diluido el impacto esperado.
