En específico, el Gobierno prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Mar, regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para exigir que el Reino Unido ponga fin a sus actividades hidrocarburíferas en las aguas de las Islas Malvinas, un territorio cuya soberanía Argentina reclama desde 1833. Si el tribunal se pronuncie a favor de Argentina, su fallo será de cumplimiento obligatorio.
Actualmente, en las Malvinas operan dos empresas que han anunciado sus planes de extraer petróleo de manera unilateral en 2028. Se trata de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Las acciones que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos dos meses han logrado desestabilizar a estas compañías, particularmente en el aspecto financiero. Las cotizaciones de ambas han caído de manera significativa, obligándolas a buscar auxilio del Foreign Office, además de recurrir a la Asamblea Legislativa del archipiélago.
“Es el inicio del proceso arbitral, basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es un organismo independiente de las Naciones Unidas. Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales impulsados por el Reino Unido en relación con la explotación ilegal”, afirmaba el canciller Pablo Quirno en una entrevista.
La noticia sobre la solicitud de medidas cautelares tiene gran relevancia internacional. Sin embargo, el Gobierno no ha respondido a las múltiples preguntas planteadas al respecto. Se ha confirmado que el lunes se vence el plazo estipulado por el presidente Milei al Reino Unido, quien el 28 de septiembre hizo una intimación formal para que el país británico tomara, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias que impidieran el inicio o la continuación de las actividades de explotación de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina.
Ese día marcó el inicio del procedimiento, cuando el canciller comunicó al Reino Unido que se había dado inicio a un arbitraje internacional bajo la CONVEMAR.
La CONVEMAR y el Tribunal Internacional del Mar son entidades reconocidas en Argentina por su importante rol en la decisión sobre la liberación de la Fragata Libertad, la cual fue retenida en 2012 en Ghana a pedido de fondos buitres que reclaman pagos por deudas argentinas. Gracias a una orden del tribunal, se logró liberar este emblemático buque escuela de la Armada Argentina.
En el trasfondo de la solicitud de cautelares ante el Tribunal por parte de Argentina se encuentra un fuerte reclamo relativo a la explotación de recursos no renovables en un área en litigio entre ambos estados. El Tribunal, conocido también como Tribunal de Hamburgo, se ocupa únicamente de asuntos relacionados con el Derecho del Mar, por lo que no evaluará ni resolverá la cuestión de soberanía que Argentina plantea sobre las Malvinas. Sin embargo, procederá a analizar si una de las partes implicadas en el conflicto puede llevar a cabo la explotación unilateral de recursos no renovables en dicha zona en disputa. Es importante señalar que el petróleo se localiza en la plataforma continental, un espacio marítimo que está regulado por la CONVEMAR.
El tribunal cuenta con 21 jueces, de los cuales uno es argentino, mientras que el Reino Unido no tiene representación en el mismo, lo que les da derecho a proponer un juez.
En una primera comunicación acerca de estas acciones, la Oficina de la Presidencia emitió un comunicado en el que denunciaba que una empresa británica había realizado vuelos no autorizados entre Punta Arenas, en Chile, y las islas Malvinas. Estos vuelos, a diferencia de lo que se interpretó, no sobrevolaron el espacio aéreo argentino, sino que buscaron evitarlo mientras trasladaban material logístico a las islas.
La denuncia apuntó a Thales UK Limited, una firma de tecnología militar y comunicaciones sofisticadas que se encuentra entre los proveedores del Ministerio de Defensa británico y de la Royal Air Force (RAF), con la que mantiene acuerdos de larga data. La versión apunta a un vuelo de esta empresa para la fuerza británica en septiembre, mientras que otra indica que se trató de un traslado de empresarios con motivo de una reunión de negocios realizada durante dos días en la ciudad chilena.
“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno que inicien con urgencia los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas acordes” para elevar la queja, sostiene el texto oficial.
Además, el comunicado menciona que el Presidente instruyó a los equipos jurídicos de la Cancillería para que se inicie el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de bloquear la explotación ilegítima de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, específicamente en el proyecto denominado “Sea Lion”. Cabe recordar que el Presidente expresó duras críticas hacia las Naciones Unidas durante su discurso ante la Asamblea General, realizada en Nueva York.
En el documento emitido se estableció un plazo formal al Reino Unido para que, en un lapso de dos semanas, implemente las medidas necesarias que impidan el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina.
Se les advirtió, además, que de no cumplir con este requerimiento dentro del tiempo especificado, la República Argentina solicitará determinaciones provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resguardar así los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental.
No obstante, es relevante señalar que este procedimiento ya había sido iniciado. La iniciativa está siendo gestionada por la Consejería Legal de la Cancillería, con el embajador Mario Oyarzabal a la cabeza y María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la presidencia, quien también participó en el polémico proyecto de ley de Defensa Nacional. Esta ley ha enfrentado serias resistencias en el Congreso de la Nación, ya que se considera que se extralimita en áreas de seguridad nacional y se inmiscuye en asuntos que ya están regulados.
Este lunes, se vivió una situación incómoda para el embajador británico en Buenos Aires. Durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Quirno, quien fue el orador principal, se refirió al reclamo argentino en su discurso. El embajador David Cairns decidió retirarse anticipadamente de la actividad. Quirno utilizó la ocasión para mencionar que proveedores de petroleras estaban abandonando sus actividades en Malvinas. Entre ellos, destacó a Haliburton, que había informado que no prestará más servicios en las islas debido a las amenazas de sanciones argentinas por la explotación ilegal de petróleo en el yacimiento de Sea Lion, ubicado al norte de la capital de las islas. Además, el canciller también mencionó la caída en los precios de las acciones de Navitas y Rockhopper.
