El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido en noviembre de 2023. Casi tres años después, un tribunal oral lo condenó en la causa penal.
La Corte Suprema de Justicia examinó ahora la destitución y desestimó el recurso de queja que Bento presentó contra esa decisión.
El máximo tribunal sostuvo que Bento no pudo probar “patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”, único supuesto que habilita a la Corte a revisar un juicio político.
La decisión fue firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y por los conjueces Leopoldo Bruglia, Carolina Robiglio y Juan Fernando Perozziello Vizier.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura que investigó a Bento, se excusó de intervenir. El máximo tribunal aceptó su apartamiento.
Ese mismo día, la Corte resolvió otra queja de Bento, correspondiente al expediente CSJ 2380/2023, contra el rechazo de las recusaciones que había presentado durante el jury.
Bento se desempeñaba desde 2005 como juez federal de Mendoza con competencia electoral. En esa función, tenía a su cargo el control de las elecciones nacionales en la jurisdicción.
Fue destituido el 8 de noviembre de 2023 por seis votos contra uno. El entonces presidente del Jurado, Javier de la Fuente, votó en disidencia.
Ese día también quedó detenido. En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión por encabezar una asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
El Jurado de Enjuiciamiento lo removió por maniobrar para entorpecer la investigación en su contra; vender un inmueble sin declarar que era una persona políticamente expuesta; obtener un crédito hipotecario para vivienda única pese a tener varias propiedades; omitir información en sus declaraciones juradas, e inscribirse en un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal sin reunir las condiciones requeridas.
La defensa, encabezada por Mariano Fragueiro Frías, sostuvo principalmente que era inconstitucional la ley 26.080, que reformó el Consejo de la Magistratura y dejó en el Jurado a un solo representante de los abogados.
El artículo 115 de la Constitución establece que el jury debe integrarse con “legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”. Bento alegó que el uso del plural exige que haya al menos dos integrantes de cada sector.
“Su razonamiento es endeble”, respondió la Corte. Para rechazar ese argumento, concluyó que la Constitución emplea un “plural genérico”: el artículo identifica los sectores que deben integrar el Jurado, pero no determina cuántos representantes corresponden a cada uno.
Bento también objetó la imparcialidad de dos legisladores de Juntos por el Cambio que formaban parte del jury.
El exjuez alegó que se había vulnerado su presunción de inocencia porque fue destituido por delitos que todavía no contaban con una condena.
La Corte consideró que ese planteo era “ostensiblemente infundado”. También recordó que, al removerlo, el jury dejó de lado las acusaciones penales y se concentró en conductas que juzgó “impropias para un juez federal”.
En su fallo, la Corte detalló algunas de esas acciones. Entre ellas, indicó que Bento solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de la Propiedad Inmueble para averiguar si existían restricciones sobre él o sus bienes. También pidió a una empresa telefónica que cambiara el chip de un celular que la Justicia le había requerido días antes.
Además, durante un allanamiento se encontró una nota manuscrita que había dejado en su caja de seguridad y que estaba dirigida al juez que lo investigaba: “Puigdengolas lee!!! Por favor”. El mensaje aludía al juez Eduardo Puigdéngolas, quien lo procesó como líder de una asociación ilícita que exigía dinero a cambio de beneficios judiciales.
La Corte señaló que Bento no negó esos hechos durante el juicio político e incluso admitió algunos. Sobre la nota hallada en la caja de seguridad, dijo que había sido un “pedido de clemencia” ante “la impotencia que sufría ante la vulneración de sus derechos como imputado”.









