La escena se vio en el recinto. Gisela Scaglia y otros diputados de Provincias Unidas permanecieron de pie, sin sentarse, mientras Menem intentaba alcanzar el número necesario para abrir la sesión. El oficialismo sostiene que contaba con esos legisladores para habilitar el debate. La decisión alteró los planes del Gobierno, que hasta pocas horas antes daba por cerrados los acuerdos parlamentarios.
El bloque provincial confirmó que su postura respondió a dos reclamos aún pendientes: el régimen de biocombustibles y el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas busca que avance el proyecto que modifica la mezcla obligatoria de combustibles y reclama que se respete su representación en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces. Los dos planteos involucran especialmente a sectores cercanos a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
La disputa por el Consejo de la Magistratura tiene implicancias concretas de poder. Provincias Unidas, que reúne a 18 diputados, pretende que Juan Brugge ocupe el puesto correspondiente a la tercera minoría. El bloque objeta que el oficialismo acuerde con el PRO la designación de Florencia De Sensi: considera que los 12 integrantes de ese espacio no le dan al macrismo prioridad para reclamar esa representación. La controversia se intensificó mientras se renovaban las autoridades del organismo.
Las diferencias también se proyectan sobre el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento está previsto para la semana próxima. Los gobernadores sostienen reclamos por recursos y medidas económicas que consideran prioritarias para sus provincias. El oficialismo necesita conservar el apoyo de esos espacios para aprobar las cuentas públicas y avanzar con sus reformas. La falta de quórum suma así incertidumbre a las negociaciones parlamentarias. En la Casa Rosada admiten que deberán recomponer los acuerdos antes de la próxima sesión.
La suspensión del debate también frena una iniciativa que el entorno presidencial considera estratégica. El Gobierno buscaba acelerar la aprobación de la Ley Malvinas antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto tentativamente para el 28 de noviembre. El proyecto establece nuevas sanciones para empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas e incluye disposiciones sobre infraestructura crítica, inversiones extranjeras y seguridad nacional. La propuesta ya había sido modificada para sumar el respaldo de los aliados.
Impulsado políticamente por Santiago Caputo, el texto también había abierto diferencias dentro del Gobierno y entre legisladores por la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y por las figuras penales relacionadas con campañas de injerencia extranjera. El Ejecutivo había aceptado nuevos cambios para evitar que esos artículos pusieran en riesgo la aprobación general. Pero las tratativas sobre el contenido de la ley quedaron relegadas ante los reclamos de los bloques provinciales y la imposibilidad de iniciar la sesión.
La frustrada convocatoria dejó sin tratar otros proyectos que el oficialismo esperaba aprobar este miércoles. Entre ellos estaba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresó a Diputados con cambios incorporados por el Senado y que el Gobierno buscaba convertir en ley. También quedaron pendientes acuerdos comerciales internacionales y convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. La sesión había sido programada como una jornada extensa, con una duración estimada de unas 13 horas.









