La sentencia de Vialidad se encuentra en etapa de cumplimiento efectivo desde hace más de un año. Su primera consecuencia fue la detención de Cristina Kirchner, que cumple la pena bajo arresto domiciliario, y de José López, Lázaro Báez y Nelson Periotti, cuyas detenciones también fueron morigeradas. Además, se notificó a todos los condenados que no podrán ejercer cargos públicos de por vida.
Solo resta que comience la ejecución sobre el patrimonio. Se trata de 111 bienes muebles e inmuebles identificados por el fiscal general Diego Luciani. En noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 2, a cargo de ejecutar la pena de Vialidad, ordenó decomisarlos. A comienzos de este año, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión y las defensas presentaron quejas ante la Corte para frenar la ejecución.
Entre los planteos figura el de Lázaro Báez, acusado ahora de seguir explotando comercialmente bienes que están bajo tutela judicial. Fuentes judiciales señalaron que se espera un informe detallado sobre las propiedades incluidas en la nueva estructura de lavado de activos investigada por la fiscalía federal de Río Gallegos. El objetivo es cotejarlas con las que ya forman parte del primer pedido de decomiso.
El exsocio comercial de Cristina Kirchner debe responder solidariamente con los demás condenados por dos decomisos: 60 millones de dólares en la causa conocida como Ruta del Dinero K y 685.000 millones de pesos en Vialidad. El Tribunal Oral Federal 4 tiene a su cargo ejecutar la pena unificada de 15 años de prisión que Báez cumple en el penal de Ezeiza. Desde allí, continuó designando administradores, vendiendo bienes, firmando contratos de alquiler y cobrando por ellos.
En el marco de la quiebra de Austral Construcciones, varios bienes de Báez ya fueron rematados para empezar a pagar a los acreedores, entre los que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero es el principal. Otros 84 bienes están incluidos en el pedido inicial de decomiso que estudia la Corte en la causa Vialidad.
El análisis de la ejecución patrimonial tiene un eje central: el Tribunal Oral Federal 2 determinó que la Justicia puede reclamar todos los bienes que se incorporaron al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015.
El Ministerio Público Fiscal recibió la tarea de identificar los bienes y presentó un primer listado de 111 propiedades muebles e inmuebles. Las defensas llevaron el caso ante el máximo tribunal con la intención de revertir la decisión de avanzar sobre esos bienes: 84 pertenecen a Báez y 20 a la familia Kirchner. Un inmueble está escriturado a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes lo recibieron en partes iguales mediante una herencia gratuita que Cristina Kirchner realizó en junio de 2016. La expresidenta se desprendió entonces de todo su patrimonio, en medio de las primeras medidas cautelares que la Justicia federal dictaba sobre su fortuna.
El Tribunal Oral Federal 2 consideró que los bienes cedidos a sus hijos podían decomisarse si habían ingresado al patrimonio de Cristina Kirchner durante el período en que se llevó adelante la maniobra defraudatoria, aunque luego hubieran cambiado de titular.
La Cámara Federal de Casación Penal respaldó ese criterio. Además, recientemente, con la misma integración de su Sala IV, el tribunal votó a favor del decomiso de bienes de las empresas de la familia Kirchner, Los Sauces y Hotesur. El Tribunal Oral Federal 2 todavía estudia esta segunda etapa de ejecución patrimonial.
En los tribunales de Comodoro Py sostienen que el análisis patrimonial mostró que esas propiedades fueron incorporadas mediante operaciones inmobiliarias, algunas realizadas con Báez, mientras este se convertía en el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz. No todos comparten esa interpretación: algunos sostienen que los hijos de la exmandataria no fueron parte de la investigación ni de los hechos juzgados.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán resolver si la Justicia puede ejecutar los 19 inmuebles que están a nombre de los hijos de la expresidenta.
La decisión del máximo tribunal sentará jurisprudencia. Si respalda el criterio del tribunal que dictó la condena, podría representar, según fuentes judiciales, “un antes y un después en materia de decomiso”.
Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será responsable de administrar los bienes decomisados y definir su destino.
El máximo tribunal puede determinar si las propiedades recuperadas como bienes provenientes de la corrupción le resultan útiles. Tiene la posibilidad de incorporar algunas al patrimonio del Poder Judicial o de resolver si conviene cederlas a una organización o dependencia pública que las haya solicitado.
La normativa establece que “son recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al presupuesto de gastos e inversiones, entre otros, los efectos secuestrados en causas penales, los objetos decomisados y todo otro ingreso que no teniendo un destino determinado se origine en causas judiciales”.
Las propiedades que no se destinen a esos fines serán sometidas a subasta pública. En cambio, los bienes que la Corte descarte volverán al Tribunal Oral Federal 2, que podrá cederlos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo responsable de los remates públicos.
El Tribunal Oral Federal 2 ya inscribió la información completa de los bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, según establece el protocolo firmado por la Corte.
Aunque ese trámite ya se completó, la decisión definitiva estará en manos del máximo tribunal, que mantiene bajo estudio el alcance del decomiso sobre los bienes heredados por los hijos de la exmandataria.
Si la Corte no respalda la regla fijada por el Tribunal Oral Federal 2, Cristina Kirchner perderá una sola propiedad en el decomiso de la causa Vialidad.









