A partir de las 14 horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a cargo de los representantes libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, han dado inicio al análisis del proyecto presentado por la administración de Milei. La reunión, que se extendió durante casi dos horas, fue de carácter informativo. Se planifican nuevas sesiones antes de que se emita un dictamen que permita llevar el asunto al recinto.
En términos generales, dicha propuesta del partido La Libertad Avanza tiene como objetivo, según señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién”.
El diputado Mayoraz dirigió el debate en las comisiones.
El texto oficial abarca a los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en relación con leyes, actos administrativos, políticas públicas, contrataciones, habilitaciones y otros beneficios estatales.
Entre los aspectos más destacados, la iniciativa establece la creación del Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse las personas o entidades (tanto nacionales como extranjeras) que realicen gestiones de intereses ante el Gobierno y el Congreso. Solo aquellos registrados estarán autorizados a llevar a cabo dichas gestiones. Así, los gestores de intereses deberán presentar un informe trimestral de actividades ante la Autoridad de Aplicación correspondiente.
Asimismo, se propone que los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses hasta pasados dos años de la finalización de sus funciones.
El proyecto también contempla sanciones que van desde apercibimientos y multas (de hasta 500 SMVyM, con agravantes que pueden llegar a 2000 SMVyM), hasta la suspensión del registro (por un periodo de hasta 12 meses, con la posibilidad de inhabilitación definitiva) y penas de prisión de hasta 3 años.
Miguel Ángel Pichetto, diputado rionegrino y autor de uno de los proyectos presentados, utilizó su turno para criticar la iniciativa oficial. En su intervención, resaltó que el texto libertario utiliza el término “intereses” en lugar de “lobby”. Pichetto cuestionó al gobierno de Javier Milei por no haber abordado este tema desde su llegada a la Casa Rosada, especialmente tras haber hecho campaña con la promesa de luchar “contra la casta”.
El diputado enfatizó que durante el gobierno actual se han tratado propuestas que cuentan con el respaldo de “importantes” estudios jurídicos, donde el lobby tiene un funcionamiento real.
Además, Pichetto advirtió que el proyecto libertario “pone como supletorio a la ley nacional y prevalece el estatuto”. En este contexto, recordó que este fue precisamente el argumento utilizado por el fondo Burford Capital en el caso YPF. “Cuidado con lanzar leyes al viento que puedan perjudicar el interés argentino”.
“La pena es muy leve”, señaló Pichetto al referirse a los detalles del proyecto que intenta regular la gestión de intereses.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y autor de una propuesta alternativa, también expresó diversas dudas sobre el texto libertario, destacando que la definición de “gestión de intereses” resulta “demasiado amplia”.
Ferraro propuso que los diversos actores relacionados con la legislación sean convocados a un plenario de comisiones para ofrecer sus perspectivas sobre el tema.
Oscar Agost Carreño, exdiputado y autor de otro de los proyectos presentados durante la discusión, calificó la iniciativa libertaria como “excesivamente reguladora”. Agost Carreño coincidió con sus colegas en que la caracterización de “gestión de intereses” resulta poco precisa, sugiriendo una acotación de la definición. “No se puede tratar a todos los tipos de lobby por igual; esto no solo es desproporcionado, sino que también resulta absolutamente imposible de controlar”, afirmó.
Pichetto volvió a cuestionar los detalles del proyecto libertario.
“No podemos permitir que haya lobby en bares característicos o en aviones privados”, resumió Agost Carreño.
Por su parte, Sebastián Galmarini, diputado de Unión por la Patria y promotor de otro proyecto considerado en el plenario, criticó la iniciativa al señalar que “parece estar hecha a medida para favorecer los negocios del Gobierno”.
Diego Marías, encargado de la Dirección Nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, destacó la transversalidad del tema. “He contado casi 29 proyectos presentados en este Congreso de la Nación desde 2003 hasta la fecha, abarcando prácticamente todo el espectro político”, afirmó.
Marías concluyó diciendo: “Es una ley de lobby, y lo que intenta es regularizar algo que en Argentina ha existido, existe y existirá siempre, que es el lobby, o el cabildeo, como describió el diputado Pichetto, o la gestión de los intereses entre el sector público y el privado”.
