La investigación se originó a raíz de un informe del National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), una entidad estadounidense que colabora con diversas jurisdicciones internacionales. La causa data del 31 de marzo, cuando el Ncmec detectó la manipulación y distribución de material de abuso sexual infantil a través de un dispositivo conectado a Internet en Balcarce.
A partir de la alerta, las autoridades argentinas llevaron a cabo una serie de acciones para identificar al autor, contando con la ayuda de una empresa de telefonía que proporcionó información relevante sobre la línea telefónica asociada al dispositivo en cuestión. A partir de este análisis, se logró identificar al propietario del teléfono y solicitar una orden judicial para realizar un allanamiento y secuestro.
Durante el operativo se confiscaron un teléfono celular Motorola Moto E15, que será sometido a pruebas técnicas para determinar si contiene archivos, comunicaciones u otros elementos útiles para la investigación. Tanto el operativo como las labores de investigación fueron supervisados por la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Balcarce, liderada por el fiscal Rodolfo Moure.
El acusado fue puesto en libertad luego de cumplir con los requisitos legales estipulados en el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, aunque la investigación sigue su curso para esclarecer plenamente su grado de responsabilidad y determinar si hay más personas implicadas. Esta causa se mantiene bajo un estricto secreto judicial, aunque fuentes policiales han señalado que los peritajes de los dispositivos electrónicos son cruciales para obtener pruebas.
En el marco de la lucha contra los delitos informáticos relacionados con el abuso sexual infantil, Mar del Plata también fue escenario de varios allanamientos coordinados a nivel provincial. Estas acciones fueron parte del Operativo Protección de las Infancias VII, impulsado por fiscales especializados en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público bonaerense, bajo la dirección del Procurador General Julio Conte-Grand.
Seis meses después del último gran operativo, más de un centenar de procedimientos se llevaron a cabo simultáneamente en distintos distritos de la provincia. En Mar del Plata, se realizaron cinco allanamientos enfocados en la distribución de material de abuso sexual infantil, así como en la investigación sobre posible producción y tenencia de tales archivos, además del acoso sexual en línea.
Los procedimientos se realizaron en los barrios Nueva Pompeya, Parque Independencia, Malvinas Argentinas, Jorge Newbery y Las Avenidas, donde se incautaron computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento para análisis forense. Entre los acusados se encuentra un ex policía que fue exonerado, junto a otras personas notificadas sobre su involucramiento en la causa penal.
El proceso judicial está en etapa de instrucción y los imputados serán convocados a declarar una vez que se finalicen los peritajes sobre los equipos confiscados. Las imputaciones se basan en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que tipifican y castigan la producción, distribución, tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea a menores de edad.
Las investigaciones buscan establecer vínculos entre los casos detectados y la posible existencia de redes de distribución a nivel nacional o internacional. Las acciones recientes destacan el compromiso de la justicia y las fuerzas de seguridad con la protección integral de la infancia y la acción penal contra quienes atentan contra sus derechos.
