La propuesta, que busca eliminar 58 normativas, modificar artículos de otras ocho y derogar dos decretos que se consideran “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”, fue respaldada en mayo por 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en la cámara baja. Las comisiones que debatieron este tema son presididas por legisladores oficialistas: Agustín Coto en Asuntos Constitucionales y Nadia Márquez en Legislación General.
“Hojarasca” organiza sus eliminaciones en seis categorías: leyes reemplazadas por normativas más recientes; normas obsoletas debido a avances tecnológicos o al paso del tiempo; disposiciones que afectan libertades individuales; regulaciones que generan burocracia innecesaria; normativas relacionadas con organismos ya disueltos; y leyes sobre organismos financiados con fondos nacionales que no tienen actividad real.
Entre las normativas a derogar se incluyen las de azotes, vigentes desde el siglo XIX, así como leyes sobre microfilmación, mochileros y regulaciones relativas a laboratorios públicos que, según argumenta la administración, nunca establecieron nuevos establecimientos ni asignaron recursos.
El texto aprobado por Diputados incorporó modificaciones respecto a la versión inicial enviada por el Ejecutivo. Por solicitud de diversos sectores, se excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas, y se preservó la Ley 20.959, que otorga credenciales de libre circulación a parlamentarios, mientras que se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.
La ley tiene un historial complicado: presentada por primera vez en 2024, no fue tratada y perdió estado, hasta que el Ejecutivo la reenvió en marzo de este año. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de controversias relacionadas con el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue aprobada en mayo.
Desde la bancada de La Libertad Avanza, la ex legisladora macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) afirmó que la ley “Hojarasca” “cumple con una de las responsabilidades del Congreso, que es revisar periódicamente aquellas normas que ya han perdido su razón de ser”.
Por su parte, el senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), expresó que esta iniciativa “viene a dejar en claro la infinidad de leyes que ya se han vuelto obsoletas y vetustas a través del avance de la tecnología y los cambios”.
No fue una jornada favorable para la presidenta del espacio libertario, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien insinuó un posible adiós a la libre circulación de legisladores, lo cual se demostró falso, ya que en Diputados se conservó ese beneficio y el dictamen de hoy lo valida.
El espacio de la oposición que mostró críticas hacia el proyecto fue el de Martín Soria (Río Negro), quien advirtió: “El Congreso tiene una comisión permanente de Digesto Jurídico que actualiza las normas y, si esas normas son obsoletas, las deroga”. Este comentario quedó en contraste con el estado actual de las discusiones y propuestas. También se alineó en esta crítica su ex colega Carolina Moisés (Jujuy).
Sin un debate prolongado, la comisión de Acuerdos se reunió para considerar el pliego de ascenso del titular de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ibáñez, defendido firmemente por el Ejecutivo. Como ningún legislador utilizó la palabra, se optó por proceder rápidamente a la firma del dictamen.
Sin embargo, dado que no contó con el respaldo de aliados, hasta pasadas las 16 horas no se había convertido en un despacho de mayoría. A pesar de ello, la dirección de comunicación del Senado difundió un comunicado que contenía un error notable, por lo que posteriormente se emitió una rectificación. Lo sucedido no impide que en los próximos días se resuelva este asunto y se obtenga el dictamen correspondiente. Sin embargo, de no ser así, quedará en suspenso. Hasta la noche, las firmas seguían sin completarse.
