La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) solicitó en abril pasado la intervención, indicando que la obra social atiende a 190 mil afiliados y presenta problemas administrativos y de prestaciones. En su petición, Ocaña aseguró que la deuda en seccionales del interior equivalía a $32.400 millones a febrero de 2026 y, al incluir a la provincia de Buenos Aires, podría alcanzar los $60.000 millones.
A pesar de esta denuncia, la SSS no ha proporcionado una respuesta oficial, lo que Ocaña considera está ligado a motivos políticos: “Es que para el Gobierno la casta sindical no se toca”, afirmó.
La legisladora anunció que solicitará a la Inspección General de Justicia (IGJ) detalles sobre las seis empresas de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, quien gestiona la obra social, argumentando que “nada de su patrimonio se vio afectado, mientras que las prestaciones médicas hoy son casi nulas”.
La crisis en el sistema de salud de Camioneros se agrava, pese a que recibe importantes fondos. Desde marzo, el sindicato recibe $4750 millones mensuales, derivados de las negociaciones paritarias, lo que equivale a $25 mil por trabajador cada 30 días para un universo de 190 mil afiliados.
Sin embargo, como se ha reportado, varias farmacias han dejado de ofrecer descuentos a los afiliados, impidiendo el acceso a medicamentos. La última opción, Farma Social, ubicada cerca de la sede del sindicato, también ha cesado el suministro de productos cubiertos.
A aquellos que llegaron con recetas para medicamentos, sondas, leche especial para bebés y pañales se les informó que no había disponibilidad. La alternativa ofrecida fue pagar el 100% del costo y luego solicitar un reintegro, lo cual muchos afiliados manifestaron que no podían asumir.
“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos”, comentó un afiliado que prefirió no revelar su identidad. Este trabajador, con un ingreso de aproximadamente $2 millones, indicó que se le descuentan alrededor de $30.000 de mutual, $60.000 de obra social y $70.000 de cuota sindical.
Otro afiliado, con un salario de $1.5 millones, relató que en la farmacia le dijeron que no podían entregar lo recetado debido a que la droguería no les había provisto de los medicamentos, y a su vez la droguería no recibía pagos de la obra social.
La cobertura de medicamentos para los afiliados varía según la rama del gremio y sus aportes. Las reducciones iban del 50% al 90% dependiendo de diversos factores, pero actualmente aquellos que antes contaban con estos beneficios ya no pueden acceder a medicamentos con rebaja en las farmacias que todavía atienden a la obra social. Aunque los reclamos se registran en la web del gremio, muchos de ellos son eliminados.
En mayo, ante la creciente crisis, Hugo Moyano convocó a un plenario sindical donde defendió su gestión, descalificando las críticas sobre la atención en salud como “mentiras y estupideces” de los medios. “Cuando veo algunas críticas, pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99% son mentiras”, aseguró.
La difícil situación financiera de la obra social no es algo reciente, pues a finales del año anterior no se pudieron cumplir con los pagos de salarios del personal de sus sanatorios, causando protestas en clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y Caballito. En varias de estas clínicas, los empleados enfrentaron retrasos en el pago de salarios, mientras que en otros centros se abonó solo la mitad del sueldo.
La crisis ha persistido por al menos cuatro años y ha provocado tensiones entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano. Actualmente, Moyano tiene el control de dos obras sociales: una en la provincia y la ciudad de Buenos Aires y otra a nivel nacional que atiende al resto del país. Según informes contables, la obra social nacional tenía una deuda de $26.617 millones a agosto pasado, que se proyecta a $32.400.693,39 en febrero de 2026.
Asimismo, circulan rumores sobre la posible venta del Sanatorio Antártida y operaciones inmobiliarias para desprenderse de terrenos pertenecientes a la mutual con el fin de obtener liquidez. Liliana Zulet es mencionada en este contexto, ya que es la propietaria de IARAI, la empresa que gestiona la obra social. En su presentación ante la SSS, Ocaña describió la situación diciendo que OSCHOCA debería ser “un modelo de prestaciones para la Argentina”, pero en su lugar se observa un “modelo de obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica”.
Recordó denuncias desde 2006 sobre un presunto desvío de fondos hacia empresas vinculadas con Moyano, incluyendo IARAI, y mencionó que la Unidad de Información Financiera denunció en 2013 maniobras de triangulación de dinero. Ocaña explicó que, a pesar de un aumento en los subsidios del sistema de salud de $334 millones en 2014 a $776 millones en 2016, la situación financiera no mejoró. Entre 2017 y 2022, la obra social ha mostrado cifras negativas en su capital de trabajo y patrimonio, mientras que el número de beneficiarios disminuyó de 205.964 a 191.813.
La legisladora fundamentó su pedido de intervención basándose en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que permite a la autoridad sanitaria intervenir en obras sociales ante graves deficiencias administrativas o de servicio.
