A punto de cumplir 75 años, que según la Constitución Nacional marca la edad de jubilación para los jueces, Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, parece contar con los votos necesarios para asegurar su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal, extendiendo su mandato hasta fines de 2031.
Se anticipa que la prórroga del cargo de Mahiques genere tensiones durante una sesión de intensidad política moderada. Su figura ha despertado críticas por parte del kirchnerismo, que lo señala como parte de lo que consideran la “guerra judicial” (lawfare) que afecta a la expresidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenada por delitos de corrupción.
La bancada que responde a la expresidenta ha cuestionado la designación de Mahiques en la Cámara de Casación, la cual fue efectiva a través de un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, a pesar de que había participado previamente en un concurso y recibió un acuerdo del Senado para un puesto en otro juzgado federal. Posteriormente, logró el consenso del Senado para el tribunal en el que actualmente sirve.
Por otro lado, Mahiques ha sido mencionado en un caso relacionado con jueces y funcionarios judiciales acusados de recibir dádivas tras haber asistido a un viaje a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, costeado por un grupo empresarial.
Recientemente, también ha sido objeto de críticas por haber celebrado su cumpleaños en una quinta en Pilar que se sospecha pertenece a Pablo Toviggino, colaborador cercano del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y cuyas propiedades están vinculadas a testaferros.
Con respecto al acuerdo con los acreedores, este fue firmado por el Gobierno en marzo y prevé un pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que demandaban el pago de bonos que entraron en cesación de pago tras la crisis del 2001.
La urgencia por aprobar el acuerdo es evidente, ya que debe ser ratificado por ambas Cámaras del Congreso. De este modo, el oficialismo ha acelerado su tratamiento en el Senado para esta semana, con el objetivo de que la Cámara de Diputados lo sancione antes del 31 de mayo, fecha límite para el convenio que originariamente vencía a finales de abril, pero se extendió.
Durante la sesión también se espera la aprobación de un programa que agiliza la regularización de la tenencia de armas de fuego y extiende el programa de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027. Este texto ya cuenta con la aprobación de la Cámara baja desde 2024.
Aunque no resultará en una sanción directa, la sesión es relevante, ya que posibilitará establecer un marco parlamentario favorable.
