Aunque aún se desconoce la lista de participantes que asistirán a este encuentro en el Palacio de Hacienda, se espera que estén presentes algunos de los contadores más influyentes. Durante la reunión, se prevé que los profesionales también expongan su visión sobre las multas automáticas, según informó uno de los convocados bajo condición de anonimato.
“Inocencia Fiscal es un proceso porque hoy hay un montón de gente que tiene dudas. Una son las dudas que plantean los contadores mismos, que les adelanto, vamos a tener una reunión con los contadores el jueves para ver cuáles son las cosas que eventualmente ellos ven que pueden mejorarse”, declaró Caputo en una reciente entrevista.
Desde hace varios meses, los contadores han advertido sobre los peligros que enfrentan los contribuyentes que retiren dólares en un futuro, especialmente si hay un cambio de gestión en 2027. Fuentes informaron que varios contadores de distintas regiones del país participarán de manera virtual en la reunión. Un punto central del debate será la definición de ingresos anuales para el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), con especial énfasis en clarificar qué se incluye en el límite de hasta $ 1.000 millones. Los expertos están a la espera de la publicación de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI), el cual ya ha sido redactado, pero aún no se ha difundido oficialmente. Otra de las preocupaciones que los contadores desean abordar es cómo se calcularán las diferencias cambiarias.
Entre los asuntos que planean discutir también se encuentran las multas automáticas, aunque se desconoce si el Ministerio de Economía atenderá estas demandas.
Durante la elaboración de la Ley de Inocencia Fiscal, se estableció un aumento del 100.000% en las sanciones por incumplimiento formal, lo que incluye penalizaciones por demoras de apenas un día en la presentación ante la administración fiscal nacional. Las multas, que anteriormente eran de $200 para individuos y $400 para empresas, ahora son de $220.000 y $440.000, respectivamente.
Durante el proceso legislativo, los contadores advirtieron sobre los riesgos y costos que esta modificación podría acarrear, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esto fue destacado en su momento por el diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, quien abogó por la inclusión de ajustes en la ley para evitar reparaciones posteriores con legislación adicional, aunque su petición fue desestimada por el oficialismo que priorizaba la aprobación urgente de la normativa. Tras la obtención de su segunda media sanción en el Senado, fue el propio Caputo quien reconoció el impacto negativo de esta situación.
