Esta situación obliga a Argentina a proteger sus bienes en el país del norte y a iniciar un nuevo ciclo de apelaciones que llevará el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta corte decidirá si acepta o no el caso, un proceso que podría extenderse varios meses y cuya definición se esperaría para la primera mitad de 2027. A partir de ese momento, el Gobierno argentino deberá decidir cómo abordar un escenario desfavorable que podría influir en la campaña electoral para elegir al sucesor de Javier Milei, dado que el juicio está íntimamente ligado a decisiones tomadas durante la gestión del kirchnerismo.
El conflicto tiene sus raíces en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. En 2017, el CIADI falló en contra de Argentina, condenándola a indemnizar a los exinversores españoles. Tras varios traspasos de derechos, Titan adquirió el reclamo. El 10 de diciembre de 2024, la justicia estadounidense validó el laudo del CIADI y sentenció a Argentina a pagar US$390.907.115,55, más intereses. Argentina apeló, argumentando que la acción había prescripto, sosteniendo que el plazo era de tres años.
Sin embargo, el 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito de DC determinó que el plazo era en realidad de 12 años, confirmando así la sentencia.
El último fallo de Cobb consideró el siguiente paso bajo la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), que exige un período razonable antes de embargar bienes de un Estado extranjero. La jueza evaluó que 21 meses eran más que suficientes y que, en su jurisdicción, un lapso de tres meses es considerado razonable, además de no encontrar evidencia de que Argentina hubiera intentado cumplir con la sentencia.
A partir de ahora, Titan deberá localizar activos argentinos y solicitar autorización para embargarlos. La sentencia ya fue registrada en Washington y en el Distrito Sur de Nueva York, facilitando potenciales ejecuciones en estas jurisdicciones, aunque Titan también puede ampliar su búsqueda a otras partes de Estados Unidos.
No obstante, no todos los activos argentinos son embargables. La FSIA ofrece una importante protección sobre la propiedad soberana. Titan tendrá que demostrar que el activo que busca embargar encaja en excepciones legales que lo permitan, especialmente en lo relacionado a propiedades utilizadas para actividades comerciales en territorio estadounidense, lo que deja resguardados muchos bienes soberanos como propiedades diplomáticas y ciertos activos de bancos centrales.
La posibilidad de embargar aviones de Aerolíneas Argentinas es un tema a considerar, aunque presenta dificultades. Según la compañía, los aviones que opera hacia Estados Unidos no son de su propiedad, ya que están bajo contratos de leasing. Si la propiedad legal corresponde a una empresa de leasing extranjera, Titan no podrá embargar los aviones para cobrar la deuda argentina.
Además, existe una barrera legal: la condenada es la República Argentina, no Aerolíneas Argentinas. Para embargar bienes de la aerolínea, Titan tendría que argumentar que la empresa actúa como un alter ego del Estado, lo que generaría un nuevo litigio sobre la independencia jurídica entre la República y la empresa estatal. Por lo tanto, incluso si Titan identifica un activo comercial de Aerolíneas, el embargo no se concretaría de manera automática.
En relación a las posibilidades de Argentina, se pueden delinear dos frentes de acción. En lo que respecta al núcleo del juicio, las opciones son más limitadas que hace dos años. El laudo del CIADI es de 2017 y el intento de anulación concluyó en 2019. La justicia estadounidense reconoció este laudo en diciembre de 2024, y la Cámara validó en julio de 2026 que Titan había iniciado la ejecución dentro del plazo legal de 12 años.
Argentina podría seguir explorando recursos procesales extraordinarios y podría intentar presentar cuestiones federales ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque esto no detendría automáticamente la ejecución. Las estrategias legales que la Procuración elija implementar se verán en las futuras presentaciones.
El segundo frente, que se está tornándose más relevante, consiste en discutir activo por activo. Cada vez que Titan identifique un bien, Argentina tendrá la oportunidad de plantear que está protegido por inmunidad soberana o que no se está utilizando para actividades comerciales. Esto implica que haber perdido la disputa sobre la sentencia no significa que Titan dispondrá de US$391 millones en activos argentinos para reclamar.
A diferencia del caso YPF, Titan parte de un laudo CIADI ya reconocido por la justicia estadounidense. La discusión ahora se centra en qué bienes específicos pueden ser ejecutados, lo que podría derivar en un proceso extenso. Titan posee una sentencia por unos US$390,9 millones, más intereses, pero necesita identificar activos sobre los que la legislación de Estados Unidos permita efectivamente avanzar.
Desde ahora, Argentina tiene tres caminos a seguir: continuar litigando, explorando recursos extraordinarios, o abrir la puerta a una eventual negociación con Titan para cancelar la sentencia a cambio de un monto acordado. La viabilidad de estas negociaciones y los términos específicos son inciertos y podrían ser riesgosos para la gestión que las habilite.
Por lo tanto, el indicador clave en esta semana no será tanto el fallo del viernes pasado, sino el primer activo que Titan intente embargar. Esto revelará su estrategia: si se enfoca en bienes de la República o si intenta dirigirse hacia activos vinculados a empresas estatales como Aerolíneas. Además, el monto de US$390,9 millones corresponde al laudo reconocido hasta diciembre de 2024; la sentencia incluye intereses posteriores, lo que hace que la obligación actual sea aún mayor.
El conflicto se originó en julio de 2008, cuando el Gobierno argentino anunció la recuperación del control de Aerolíneas Argentinas y Austral, administradas por el grupo español Marsans. La situación de la empresa era crítica, enfrentando fuertes pérdidas, una deuda significativa, conflictos laborales y una flota que requería inversiones sustanciales. El Gobierno argumentó que la compañía prestaba un servicio público esencial y que su futura existencia estaba amenazada.
Tras meses de negociación, se aprobó la Ley 26.466, que declaró de utilidad pública las acciones de ambas empresas y autorizó su expropiación.
El debate central surgió a raíz de la devaluación y el colapso de la convertibilidad. Marsans sostenía que la empresa tenía un alto valor, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación concluyó que su patrimonio era negativo dado el elevado endeudamiento. En última instancia, el Estado pagó una suma simbólica por el paquete accionario.
Marsans acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) debido a que el tribunal determinó que Argentina había incumplido obligaciones bajo el tratado bilateral de inversiones con España, ordenando el pago de cerca de US$320 millones. El pasaje de tiempo incrementó la deuda debido a intereses acumulados, superando eventualmente los US$390 millones.
Un aspecto relevante del caso es que quien ahora exige el pago ya no es Marsans, que se declaró en quiebra en Madrid. En el ámbito de los litigios internacionales, los derechos del laudo fueron adquiridos por un fondo especializado en tribunales españoles, similar a lo que ocurrió con el fondo buitre que compró una causa en la Justicia de España.
Este fondo es Titan Consortium, un vehículo de inversión diseñado para comprar créditos litigiosos, financiar su ejecución y recuperar luego el capital mediante acuerdos o embargos judiciales.
Titan adquirió la causa de Aerolíneas de Burford el 15 de marzo de 2018, alineando su enfoque contra Argentina tras perder en segunda instancia el caso por la renacionalización de YPF. En 2015, Burford había comprado la causa al tribunal español por unos US$17 millones, logrando así un retorno del 740%. Titan, conocido por su estrategia en litigios contra Argentina, logró un rendimiento del 2.270%.
La historia de Aerolíneas Argentinas ejemplifica los errores en el manejo de la nacionalización, independientemente de la convicción ideológica. El 15 de marzo de 2018, tras un fallo del CIADI, Burford anunció que vendería el litigio a “inversores privados” por alrededor de US$107 millones, y que enfocaría sus esfuerzos en la causa de la renacionalización de YPF.
Burford, que inició el proceso ante el CIADI en 2009, había conseguido un fallo favorable de aproximadamente US$140 millones en julio de 2017. La firma había comprado derechos de litigar contra Argentina por US$13 millones de Marsans a través de Teinver.
Marsans no pudo avanzar en el litigio debido a la condena a su dueño, Gerardo Díaz Ferrán, en 2015, que resultó en cinco años y medio de prisión por el desvío de activos y lavado de dinero.
La estrategia de Burford se basó en separar los problemas legales de Marsans en España y centrar la causa en la nacionalización de su empresa a manos del Estado. Esto resultó en un fallo favorable en 2017 y la posterior confirmación del tribunal del Banco Mundial.
Con el fallo de 2018, Burford alcanzó un récord mundial con una ganancia de 980% por los US$13 millones invertidos, superando las ganancias obtenidas por Paul Singer y Elliott en el famoso “juicio del siglo” en los tribunales de Griesa.
