El proyecto, que fue presentado en abril pero no prosperó en ese momento, emerge en un contexto sanitario crítico, donde las afecciones de salud mental continúan en aumento. La Organización Mundial de la Salud estima que más de mil millones de personas enfrentan estos problemas a nivel global, lo que representa un 13% de la población, y Argentina no es una excepción. Las consultas ambulatorias y hospitalizaciones relacionadas han sorprendentemente aumentado, especialmente tras la pandemia. Datos oficiales de distintas jurisdicciones, que se darían a conocer en el Senado, respaldan esta información.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el enfoque sobre las internaciones. La legislación actual (N° 26.657) permite la internación involuntaria solo en circunstancias excepcionales, cuando hay un “riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros y no es posible un tratamiento ambulatorio; además, la internación debe ser lo más breve posible.
La nueva propuesta sustituye esta definición por “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, permitiendo que se consideren antecedentes y la evolución futura para evaluar tal riesgo. Esto amplía el criterio, ya que no solo se contempla un peligro inmediato, sino también la probabilidad de que ocurra un daño serio.
Desde el Gobierno sostienen que esta nueva interpretación podría permitir una actuación más proactiva, previniendo situaciones de suicidio, homicidios o agresiones graves. Sin embargo, los opositores alertan que este enfoque podría llevar a un incremento de las internaciones forzadas.
Otro elemento crucial es quién tiene la potestad de decidir la internación. La normativa actual establece que debe haber una evaluación interdisciplinaria y la firma de al menos dos profesionales, uno de los cuales debe ser psicólogo o psiquiatra. La nueva iniciativa, que quedaría sujeta a revisión tras las reuniones, destaca el papel del psiquiatra y permitiría que, en casos excepcionales, un único médico pueda decidir la internación, con una revisión posterior.
Una cuestión delicada también es si se incentivarán nuevamente los manicomios. La legislación vigente prioriza internaciones en hospitales generales y prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas monovalentes, con la finalidad de promover la desmanicomialización, es decir, evitar la separación de la persona de la comunidad y que permanezca internada el menor tiempo posible.
El proyecto del Gobierno, en su versión original, prevé cambios en este sentido, permitiendo internaciones en hospitales psiquiátricos especializados, tanto públicos como privados, y eliminando la prohibición de crear nuevos hospitales de este tipo. Sin embargo, la definición final en este aspecto aún no está clara, ya que se busca consenso para avanzar en el proyecto.
El oficialismo justifica la necesidad de la reforma señalando la falta de camas disponibles y cómo muchas personas terminan en servicios de urgencias de hospitales generales debido a la carencia de lugares especializados. Por su parte, los críticos temen que un nuevo impulso a los hospitales monovalentes signifique el regreso de instituciones de encierro que la ley de 2010 buscaba abolir.
La reforma también afecta la autonomía individual. La legislación actual se erige sobre el concepto de la persona como sujeto de derechos. Reconoce, por ejemplo, el derecho del paciente a participar en las decisiones sobre su tratamiento, elegir la alternativa terapéutica que menos restrinja su libertad y recibir apoyo de familiares o personas significativas.
El nuevo proyecto, aunque no elimina esos derechos, altera el balance entre autonomía e intervención, facilitando en ciertas circunstancias la actuación del sistema incluso sin el consentimiento del paciente para la internación. La discusión no se limita a “internar o no internar”, sino a qué poder deberían tener el Estado y los profesionales para intervenir en contra de la voluntad de la persona cuando se identifica un peligro grave.
El rol de la familia también es fundamental en los dos escenarios planteados. La ley vigente reconoce a los familiares y allegados como acompañantes importantes, aunque no les otorga automáticamente la capacidad de decidir por el paciente. El nuevo proyecto busca fortalecer la participación y corresponsabilidad familiar, sobre todo en tratamientos y situaciones de riesgo, en respuesta a demandas de familiares que sienten que la normativa actual deja pocas herramientas ante crisis graves.
El debate en torno a la nueva propuesta es intensamente polémico, ya que se enfrentan dos preocupaciones: por un lado, familiares y profesionales indican que la ley vigente puede resultar inadecuada en casos de crisis graves, sobre todo cuando la persona se niega al tratamiento y hay riesgo de suicidio o violencia; por otro lado, organizaciones de derechos humanos y especialistas advierten que el desafío principal radica en la implementación de la ley actual, que sufre de escasez de recursos comunitarios, camas, profesionales y presupuesto. Temen que flexibilizar las internaciones y permitir eventualmente nuevas instituciones psiquiátricas desplace la atención comunitaria con lógicas de encierro.
El proyecto del Poder Ejecutivo se encuentra en las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. En estas comisiones se llevaron a cabo las reuniones con los ministros de Salud provinciales, donde surgieron observaciones sobre la posibilidad de que la nueva ley favorezca una dependencia excesiva de los psiquiatras en un contexto de escasez de estos profesionales, así como el temor a que el nuevo marco normativo genere un mayor desfinanciamiento, una limitante importante para el éxito de cualquier ley.
Una de las pocas jurisdicciones que expresó su postura recientemente fue la provincia de Buenos Aires, tras concluir la última de las tres reuniones virtuales programadas. Cuestionaron que el Ministerio de Salud de la Nación convocara a las provincias individualmente y por medios virtuales, argumentando que “No se puede buscar legitimar una reforma sin consenso dividiendo a las provincias en grupos. Necesitamos sentarnos todos en una misma mesa, conocer las diferentes posiciones y discutir seriamente qué sistema de salud mental queremos para nuestro país”.
Hasta el cierre de esta nota, no se había recibido respuesta sobre un balance de las reuniones realizadas.
