El conflicto universitario ha dado un giro copernicano tras la publicación de los primeros resultados de las auditorías realizadas por la SIGEN. Los informes revelan inconsistencias administrativas graves en varias universidades nacionales: desde fondos desviados a gastos corrientes sin justificación académica, hasta nóminas de personal con baja carga horaria real. Estos datos han dado al Gobierno la legitimidad política que buscaba para avanzar con su reforma del sistema de financiamiento de la educación superior.
Para el Presupuesto 2026, el Ministerio de Capital Humano propone un esquema disruptivo: el financiamiento ya no será automático por cantidad de alumnos históricos, sino que estará atado a objetivos de performance. Se premiará la tasa de graduación efectiva y la vinculación de las carreras con las necesidades productivas de cada región. “Se acabó la plata para la política universitaria, ahora la plata es para formar profesionales”, es el mantra oficial.
La comunidad académica está dividida. Un sector reconoce la necesidad de modernizar la gestión y transparentar los números, pero teme que el criterio “eficientista” termine desfinanciando la investigación básica y las humanidades. Los rectores advierten que la educación no es una empresa y que los resultados no siempre son medibles en planillas de Excel a corto plazo. Sin embargo, la capacidad de movilización estudiantil ha mermado frente a la contundencia de los datos de las auditorías.
El debate también incluye el arancelamiento para extranjeros no residentes, una medida que ya se aplica de hecho en algunas facultades y que el Gobierno busca nacionalizar por ley. La sociedad argentina, históricamente defensora de la universidad pública, parece avalar ahora un mayor control sobre el destino de sus impuestos, exigiendo calidad y resultados a cambio de la gratuidad.
El 2026 será un año bisagra. Las universidades deberán reconvertir sus planes estratégicos para acceder a los fondos extra, compitiendo entre sí por la excelencia. El modelo de la “universidad de garaje” y expansión territorial indiscriminada parece haber llegado a su fin, dando paso a una etapa de racionalización y meritocracia institucional que promete ser dolorosa pero transformadora.
