Las propuestas ya habían sido discutidas en plenarios la semana pasada, donde se evidenciaron diversas alternativas desde los diferentes sectores políticos. Martín Menem, líder de los Diputados, mantuvo una reunión con los legisladores orientados al diálogo y planea una sesión que abarque, si es viable, las dos propuestas.
“Comenzó junio y la actividad será muy intensa”, afirmó la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mencionó los proyectos que están en plena discusión en ambas cámaras del Congreso. “El super-RIGI está diseñado para atraer inversiones al sector tecnológico y complementa el Régimen del RIGI, que ya ha permitido exportaciones por más de 10.000 millones de dólares”, explicó Giudici.
En el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Diego Marías, director de Reforma Política del Ministerio del Interior, subrayó que desde 2003 se han presentado 29 propuestas para regular el lobby, “abarcando prácticamente todo el arco político”.
El miércoles está programada otra reunión informativa con representantes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales.
La propuesta del Poder Ejecutivo sostiene que el Lobby es una actividad legítima y presenta su iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Las actividades cubiertas por esta regulación incluyen la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones, así como la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
El proyecto también prevé la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En relación a la ley de Lobby, el diputado del peronismo Sebastián Galmarini expresó: “Es más humo que otra cosa, tenemos una contraoferta con la propuesta de una regulación integral que abarque a los tres poderes del Estado y que cuente con una autoridad de aplicación autónoma, en manos de la oposición”.
La iniciativa de Unión por la Patria propone la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, un marco integral que incluirá a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, buscando reemplazar una lógica meramente reactiva frente a la corrupción por un modelo preventivo basado en políticas públicas de integridad, mecanismos de detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas. El sistema estará compuesto por instituciones, procedimientos y herramientas para prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el sector público nacional.
También se establece el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses, que tiene como objetivo prevenir conflictos de intereses y aumentar la transparencia de la función pública, requiriendo información patrimonial detallada, antecedentes laborales, participaciones societarias, vínculos de interés y posibles incompatibilidades. Esta información será de acceso público a través de plataformas digitales y formatos abiertos.
Entre otros puntos, el proyecto impondrá limitaciones a aquellos que abandonen cargos públicos para desempeñarse en empresas o actividades relacionadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado.
Otro proyecto presentado por Miguel Pichetto destaca que “en la Argentina hay una característica que se repite, que es el tema de la gestión de negocios, especialmente los vinculados con el Estado”.
El diputado de Encuentro Federal agregó: “La figura del lobista o cabildero al estilo americano debe ser transparente, individualizada y, fundamentalmente, debe ser claro qué intereses representa”.
También, criticó el enfoque del proyecto oficial: “El Poder Ejecutivo no lo define como lobby. Usa un mensaje un tanto ambiguo en el título de la ley: ‘Transparencia y publicidad de la gestión de intereses'”.
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, invitaron a exdiputados que habían presentado iniciativas en el pasado, ya que este no es un debate nuevo en el Congreso. Entre los asistentes estuvo Oscar Agost Carreño.
“La gestión de intereses siempre ha existido en la política. No debemos prohibirlo ni demonizarlo. Hablamos constantemente de lobby: fue una palabra utilizada frecuentemente en el caso Libra, con los octógonos, en el tema del tabaco, energía, minería y también en la Ley Bases, donde había muchos intereses cruzados”, comentó el exlegislador cordobés.
Por su parte, Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) indicó que “es fundamental que el Gobierno asuma la agenda de fortalecimiento institucional, ya que no hay un plan económico que pueda prosperar sin instituciones sólidas, como han señalado economistas a nivel mundial. En el marco de las leyes institucionales, como la Ley de Acceso a la Información Pública, es esencial debatir una legislación que regule la actividad del lobby, que actualmente ya existe”.
Las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, lideradas por Bertie Benegas Lynch, convocaron para este miércoles a las 11 a otro encuentro informativo con invitados.
Esta iniciativa está destinada a atraer inversiones de gran envergadura en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no tienen desarrollo en el país”, con un monto mínimo de inversión que alcanzará los 1.000 millones de dólares.
A través de este nuevo régimen, el Ejecutivo pretende fomentar el crecimiento económico; aumentar las exportaciones de bienes y servicios, y promover la generación de empleo. Además, busca coordinar el trabajo entre el Estado, las provincias y las autoridades en materia de recursos naturales y fortalecer las cadenas de producción locales relacionadas con estos proyectos.
