El magistrado Argibay debía pronunciarse sobre la solicitud realizada por el fiscal federal Pedro Simón, quien había pedido la detención de ambos dirigentes en el marco de una causa que investiga presuntas actividades de asociación ilícita y lavado de activos.
De acuerdo a información obtenida, esta decisión de apartar al juez surge en medio de cuestionamientos sobre su imparcialidad, en un caso que ha generado tensiones y movilizaciones en varias jurisdicciones del sistema judicial.
Las dudas estaban centradas en un posible vínculo comercial entre Argibay o sus familiares y Toviggino, relacionado con la venta de un terreno que se habría escriturado por un monto inferior a su valor real. Informes sugieren que en dicha transacción estarían involucrados familiares directos de ambos, incluyendo a una hija del juez y un hermano del dirigente.
Fuentes del ámbito judicial confirmaron que la recusación del magistrado ya se encontraba en marcha. “Mañana posiblemente se publique la aceptación de la recusación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se formalizan las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada”, afirmó un miembro de la Cámara.
El expediente en cuestión investiga posibles irregularidades en la gestión de los fondos de la AFA y se enfoca en una red de empresas y activos vinculados a Toviggino y su círculo cercano, que están bajo sospecha por operaciones irregulares.
En este contexto, el fiscal había solicitado la detención de los dirigentes, advirtiendo que podrían obstruir la investigación o eludir la justicia, aunque dicha solicitud aún no ha sido resuelta.
A su vez, la causa enfrenta un conflicto de competencia entre diferentes tribunales federales, lo cual añade dificultad al proceso y retrasa decisiones fundamentales. El apartamiento del juez Argibay introduce un nuevo contexto en el caso, prolongando la incertidumbre sobre el futuro judicial de Tapia y Toviggino, mientras la investigación continúa su desarrollo.
