Milei visitó Washington esta semana y, aunque no se reunió con Donald Trump, destacó un encuentro con Harold Hamm, un empresario influyente y aliado político del presidente estadounidense.
Hamm no interactuó con Milei como un interlocutor más dentro del círculo republicano. En agosto pasado, su compañía, Continental Resources, adquirió el 50% de Phoenix Global Resources, anunciando una inversión superior a los US$4000 millones en Vaca Muerta. Phoenix, bajo el control de Mercuria, contaba entre sus accionistas menores con el exfuncionario menemista José Luis Manzano.
Los movimientos empresariales de Manzano en Estados Unidos reflejan el cambio en el tipo de vínculos que los líderes de grandes negocios argentinos buscan establecer en Washington tras la llegada de Milei al poder.
Desde abril de 2024, el exministro del Interior y sus empresas han invertido más de US$615.000 en servicios de lobby para presentar sus propuestas a organismos clave de la administración Trump.
Participante frecuente en las reuniones del círculo rojo en Buenos Aires, Manhattan y París, Manzano ha estado buscando vender minerales críticos, como el cobre, con el apoyo del gobierno republicano. Su representante, Eric Bovim, abordó el tema ante el Consejo Económico Nacional. De manera similar, Minera Aguilar, de Manzano, ha realizado esfuerzos similares en relación con sus yacimientos en Jujuy.
Integra Capital USA, el fondo de Manzano, solicitó a John Barsa que faciliten reuniones con el Departamento de Estado y la Oficina del Presidente. Barsa, exfuncionario de Trump, ahora trabaja para Continental Strategy, una consultora fundada por Carlos Trujillo, exembajador ante la OEA. El director de la oficina en Buenos Aires y la región es Alex Campbell, también exfuncionario del gobierno de María Eugenia Vidal.
En Washington, los minerales críticos son considerados esenciales no solo para la industria militar estadounidense, sino también para la transición energética y el avance tecnológico, lo que coloca a las minas de cobre o litio en Salta, Jujuy o Catamarca en el centro de un creciente interés geopolítico.
Sería un error suponer que solo quienes poseen DNI argentinos intentan influir en las decisiones desde Washington. Otras empresas también están activas. BHP, la mayor minera del mundo, ha liderado una campaña para incluir proyectos argentinos de minerales críticos en la agenda estadounidense de seguridad de suministro, infraestructura y financiamiento, considerando a la Argentina un área estratégica.
Los representantes de BHP han visitado distintas oficinas de la Casa Blanca y agencias estadounidenses que financian proyectos considerados estratégicos. La empresa es una de las que ha hecho la mayor inversión en el gobierno de Milei, destinando US$2000 millones para adquirir la mitad del proyecto Vicuña, el más grande del país y centrado en la extracción de cobre.
Washington representa no solo acceso a capitales, sino también la llegada de presiones para modificar las reglas en Argentina, afectando incluso al lucrativo sector de medicamentos. Allí se libra un conflicto por patentes entre los laboratorios locales y los estadounidenses.
A finales de agosto, Jeffrey Goettman, un alto funcionario de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, visitó Buenos Aires para inquirir sobre el tema de los medicamentos, revelando un trasfondo de intereses económicos.
Este funcionario había sido precedido por Matthew Schumaker, un lobista de la industria farmacéutica, representantes de Vertex Pharmaceuticals, que buscaba implementar reformas en propiedad intelectual en Argentina y Rusia. La gestión se inició en 2025 y continuó en el presente año.
PhRMA, la asociación que incluye a gigantes como Pfizer y Merck, también ha solicitado a la Argentina que elimine restricciones para patentar medicamentos y reduzca la demora en la concesión de patentes, tal como se documenta en varios archivos.
Curiosamente, los laboratorios argentinos intentaron defender su posición en la misma oficina estadounidense. Cilfa, la cámara que agrupa a los laboratorios nacionales, presentó su defensa en una nota de 18 páginas enviada a finales de enero, que sostenía que las reglas argentinas prevenían la prolongación artificial de patentes y pedía la remoción de Argentina de la lista de vigilancia de Estados Unidos.
A pesar de los esfuerzos de Cilfa, las condiciones impuestas por Washington prevalecieron. Semanas después, el gobierno argentino inició el proceso para eliminar las pautas de 2012 que limitaban las patentes.
En reciprocidad, a finales de abril, Estados Unidos retiró a Argentina de la lista de vigilancia prioritaria que había mantenido durante tres décadas.
Durante estas gestiones, Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunieron con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, representando a laboratorios internacionales, y anunciaron una inversión total de US$8000 millones en investigación clínica en los próximos seis años.
Impsa, la empresa metalúrgica fundada por la familia Pescarmona y actualmente controlada por Arc Energy, también ilustra cómo los intereses de Washington se entrelazan con el ámbito empresarial argentino. Tras la destitución de Nicolás Maduro, Impsa solicitó autorización a Estados Unidos para concluir negociaciones sobre centrales hidroeléctricas en Venezuela, un trámite que pasó a través de la Oficina Ejecutiva y el Departamento de Estado.
El proceso incluyó lobbistas como Thomas Feddo, un exfuncionario de Trump. Impsa utilizó permisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, lo que implica que los contratos deben basarse en leyes estadounidenses y todos los movimientos tienen que informarse a las autoridades pertinentes.
Se han producido conversaciones de las que apenas queda registro, siendo una de las más destacadas las negociaciones en 2025. Mientras los funcionarios argentinos discutían un swap de US$20.000 millones con Scott Bessent, del Departamento del Tesoro, también se mencionó el interés de incluir a empresas estadounidenses en el sector nuclear argentino, buscando excluir a China de áreas estratégicas.
Incluso Cristina Kirchner no quedó al margen de esta influencia; el día que llevó su reclamo a la ONU, contrató a una agencia internacional para difundir su caso, la cual se registró ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De este modo, los caminos políticos y económicos de Argentina inevitablemente confluyen en algún momento con la esfera de influencia de Washington.
