El exmandatario apuntó a los fundamentos de la magistrada y afirmó que “la jueza reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, refiriéndose a un pasaje del fallo donde la funcionaria argumenta que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”. Según Macri, “esos elementos que dice tener no fueron presentados”.
Macri enfatizó que la resolución provocó una “controvertida situación”: una norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, vigente en todo el país, “quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino, por decisión de un juzgado de primera instancia”.
Finalmente, sentenció: “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”.
La resolución criticada fue emitida por la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien aceptó un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en nombre de los adolescentes en situación de encierro. La medida cautelar fue adoptada apenas dos días después de la entrada en vigencia del régimen penal juvenil.
Pascual justificó su decisión en la falta de infraestructura del Estado bonaerense para atender el aumento de adolescentes que podrían ingresar al sistema penal con la reducción de la edad de imputabilidad. La Ley 27.801, sancionada en febrero y reglamentada por el Gobierno nacional, establece que la responsabilidad penal comienza a los 14 años, prohíbe la prisión perpetua para menores y limita la privación de libertad a un máximo de 15 años, además de incluir medidas alternativas como el monitoreo electrónico.
Las críticas de Macri se unen a las de otros representantes de La Libertad Avanza, quienes ya anunciaron su oposición a la decisión judicial. El presidente de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja, criticó el fallo como “profundamente antidemocrático”, y se prevé que el espacio impulse un juicio político contra la magistrada. En esta misma línea, el diputado Manuel Passaglia ha presentado un pedido de jury contra Pascual por su resolución.
En el ámbito judicial, la resolución también fue apelada. La Fiscalía de Lomas de Zamora recurrió el fallo y acusó a la jueza de invadir facultades que corresponden al Congreso, solicitando que la cautelar pierda efecto mientras se resuelve el recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías.
Por su parte, la jueza Pascual defendió su decisión y expresó que, ante la falta de mecanismos para aplicar la norma, esta “no es más beneficiosa para la comunidad”. La medida cautelar suspende la vigencia de la ley por un periodo de 60 días, sin que esto implique su anulación definitiva.
