Ampliación de la Denuncia contra IOSFA: La Crisis Sanitaria que Afecta a Miles de Afiliados de las Fuerzas Armadas
La diputada nacional Lourdes Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza, ha dado un paso significativo en su cruzada contra la crisis que atraviesa la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA/OSFA). En un movimiento contundente, la legisladora mendocina anunció la ampliación de su denuncia judicial, incorporando una vasta cantidad de nueva evidencia que profundiza la gravedad de la situación financiera y prestacional de la entidad. Esta obra social es fundamental para el personal activo y retirado de las fuerzas armadas y de seguridad, así como sus familias.
Historias de Angustia y Abandono: El Factor Humano de la Crisis
La ampliación de la denuncia no se limita a cifras y expedientes, sino que pone el foco en el drama humano que subyace a la crisis de IOSFA. A través de sus redes sociales, la diputada Arrieta destacó la dolorosa realidad que enfrentan miles de familias. “Detrás de cada expediente hay una historia humana. Pacientes oncológicos esperando respuestas. Personas con discapacidad que perdieron prestaciones. Retirados que aportaron toda su vida y hoy deben elegir entre comprar medicamentos o comer. Familias militares y de fuerzas de seguridad sienten que el sistema que debía protegerlas las dejó solas”, enfatizó. Esta recopilación de testimonios y documentos de afiliados afectados, provenientes de diversas provincias argentinas, busca demostrar que las fallas no son incidentes aislados, sino la manifestación de una “crisis sanitaria profunda”.
La presentación judicial se realizó en el marco de la causa CFP 1066/2026, y la diputada señaló que la incorporación de estos casos concretos a nivel federal refleja una problemática que afecta a miles de personas en todo el país, desde el norte hasta el sur de la Argentina.
El Caso Emblemático del Suboficial Velázquez
Uno de los puntos más sensibles de la ampliación de la denuncia es la mención específica de la trágica muerte del suboficial Mayor del Ejército Argentino, Héctor Carlos Velázquez, oriundo de San Juan. Velázquez, quien padecía una enfermedad oncológica avanzada, falleció presuntamente debido a las serias dificultades y demoras en la cobertura y atención médica esencial que debía ser provista por IOSFA.
La diputada Arrieta utilizó este caso como un símbolo de la desprotección que sufren los afiliados. “Su historia representa el sufrimiento silencioso de muchas familias militares y de fuerzas de seguridad que hoy viven con angustia, incertidumbre y abandono. Honramos su memoria y la de tantos hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio de la Patria”, sostuvo la legisladora, haciendo un llamado a la conciencia sobre las consecuencias letales de la desatención del sistema.
Crítica a las Autoridades y el Foco en la Dignidad Humana
Enfrentando posibles acusaciones de motivaciones políticas, la diputada se defendió en su publicación, reorientando el debate hacia los valores fundamentales. “Esto no se trata de una pelea política. Se trata de personas, de salud y de dignidad humana”, afirmó con determinación. Desde su rol parlamentario y legal, Arrieta aseguró que mantendrá una postura firme: “Desde mi rol, voy a seguir impulsando todas las medidas judiciales e institucionales necesarias para que se investiguen responsabilidades y se ponga fin a esta situación crítica”.
El “Desfalco” y la Denuncia Contra la Gestión Anterior
Semanas antes de esta ampliación, la diputada Arrieta ya había generado controversia al dirigir duras críticas al exministro de Defensa, Luis Petri, actualmente diputado de La Libertad Avanza. La legisladora lo acusó públicamente por el presunto “desfalco” en la obra social militar, el cual habría ocurrido durante el período en que Petri se desempeñó como titular del Ministerio de Defensa bajo la administración del presidente Javier Milei.
Arrieta había expuesto cifras alarmantes, denunciando que IOSFA arrastra una deuda monumental que ascendería a 300.000 millones de pesos. Más grave aún, sostuvo que esta crisis financiera ha resultado en la interrupción o pérdida de prestaciones básicas para aproximadamente 650.000 familias de las fuerzas armadas y de seguridad, afectando incluso a aquellos afiliados con hijos que requieren atención por discapacidad. La ampliación de la denuncia judicial busca ahora llevar la profundidad y el alcance de esta crisis, que combina un colapso financiero con una catástrofe humanitaria, ante la justicia federal.
