Este domingo, Legido Quigley presentó en Nueva York un ambicioso estudio que coordinó durante tres años, el cual compila información tanto cuantitativa como cualitativa sobre las principales vulnerabilidades y grupos más afectados durante la pandemia de Covid-19 en 20 países distintos. El objetivo de esta profunda investigación, que involucró a más de 800 especialistas de diversas disciplinas, es establecer un marco de respuesta efectiva en el caso de que un nuevo desastre sanitario similar se repita en el futuro.
Se presenta el informe titulado “Preparación ante pandemias mediante instituciones, movilización de comunidades y equidad” (PRIME, por su sigla en inglés), resultado de una colaboración entre la Universidad Nacional de Singapur y la revista médica The Lancet. Esta publicación británica ha abordado más de un centenar de desafíos sanitarios, convocando a expertos de primer nivel mundial y generando recomendaciones sobre políticas públicas. A partir de este martes, en Nueva York se desarrollará la Semana de Alto Nivel de la 81º Asamblea de las Naciones Unidas, y la presentación del Informe PRIME es uno de los eventos paralelos que marcarán esta reunión internacional.
Legido Quigley, en diálogo con medios, explicó que “las comisiones de The Lancet suelen ser lideradas por instituciones académicas de Europa o Estados Unidos, pero en este caso se ha buscado integrar otras regiones, lo que justifica que esta vez la iniciativa se gestara desde Singapur.” Ella misma tuvo experiencia directa en el país durante la pandemia y ha trabajado con anterioridad en Asia, por lo que su perspectiva es aún más valiosa. “Singapur tuvo una respuesta notable ante la pandemia y puedo hablar desde la experiencia”, enfatizó.
Sobre las características distintivas del informe, Legido Quigley destacó que se propone una visión de 360 grados. “Es una aproximación integral y abarcativa que no deja fuera ningún aspecto relevante. A diferencia de estudios previos, aquí la atención no se centra únicamente en planes o capacidades técnicas, que son fundamentales, pero no suficientes para garantizar la protección de la población. Es esencial preparar no solo planes de emergencia y contar con infraestructura, sino también establecer un enfoque en la prevención y en las respuestas posteriores. Necesitamos que los sistemas de salud estén realmente interconectados con la protección social y la participación comunitaria, además de contar con mecanismos que faciliten la reparación. Esto implica un trabajo conjunto entre gobiernos y cooperación regional y global. Debemos reducir la brecha entre lo que se planea y la realidad, ya que una sociedad solo estará realmente preparada cuando pueda proteger eficazmente a su población en la práctica, lo cual requiere considerar los determinantes sociales.”
Cuando se le preguntó sobre ejemplos de estos determinantes sociales, Legido Quigley explicó que el estudio se centró en las comunidades vulnerables, un aspecto que cada país identificó. Este trabajo representó un enfoque histórico en el ámbito de la salud pública. “El eje central del trabajo fue escuchar directamente a aquellas personas y comunidades que a menudo quedan excluidas de las evaluaciones de protección tradicionales,” indicó. Esto incluyó a personas mayores, migrantes, comunidades indígenas y racializadas, personas con discapacidad, mujeres y personas con diversas identidades de género, trabajadores informales y quienes viven en contextos rurales y desatendidos. “En lugar de adoptar una perspectiva jerárquica, optamos por una mirada desde las bases, lo que nos permitió descubrir que no solo hay individuos vulnerables, sino que existen sistemas vulnerables que trasladan esas vulnerabilidades hacia las personas.”
Algunas preguntas surgieron en torno a la ausencia de Argentina en el estudio. Legido Quigley expresó su deseo de haber incluido al país, al que siente un profundo afecto, pero aclaró que la razón fue práctica y no política. “De América Latina conseguí respuestas antes de México, Perú y Uruguay. La intención era recoger información de países representativos de todas las regiones que contempla la Organización Mundial de la Salud, y que reflejaran diversidad cultural y lingüística.”
El informe destacó varios grupos identificados como más vulnerables en distintas naciones. En China, los ancianos de zonas frías; en Inglaterra, familias que perdieron seres queridos a causa del Covid; en Etiopía, desplazados y comunidades afectadas por sequías; en India, personas sometidas tanto a la exposición al Covid como a fenómenos climáticos extremos; en Indonesia, personas en situación de calle; en Japón, mujeres que trabajan en “snack bars mama”, donde los hombres suelen ir a beber y conversar. Otros ejemplos incluyen a jóvenes de 18 a 24 años en Eslovenia, profesionales de la salud en crisis en Líbano, comunidades indígenas en México, mujeres de diferentes edades en Mozambique, poblaciones LGBTIQ+ en Noruega, trabajadoras domésticas en Perú, personas mayores en Singapur, trabajadores agrícolas migrantes en España, trabajadores de la salud y personas mayores en Tanzania, personas con discapacidad en Tailandia, trabajadores de salud en Turquía, y personas en situación de calle en Uruguay.
Legido Quigley también abordó las dificultades más señaladas durante el estudio. “Las exclusiones administrativas fueron recurrentes. Muchos manifestaban inseguridad económica, diciendo, por ejemplo: ‘No es que no quisiéramos cumplir las normas, es que necesitamos salir para comprar alimentos o trabajar, ya que no tenemos dinero’. Otro aspecto problemático fue el acceso a la vivienda, donde el hacinamiento dificultaba el aislamiento de las personas enfermas en hogares con numerosos ocupantes. Además, muchos carecían de acceso a internet o se encontraban alejados de centros de atención sanitaria. Un tema fundamental que también emergió fue el detrimento de la confianza en los gobiernos, las instituciones y la información, lo cual es un aspecto crucial a restablecer.”
Al referirse a la conformación de los equipos multidisciplinarios de PRIME, Legido Quigley afirmó que se incluyó a médicos especialistas en enfermedades infecciosas, pero también a expertos en emergencias sanitarias, sistemas de salud, cambio climático y ciencias sociales, no solo desde un enfoque cuantitativo, sino también en la evaluación cualitativa del “bienestar”. “Incorporamos a expertos en gobernanza y protección social, así como a científicos experimentados en modelajes para evaluar experiencias y corregir errores en tiempo real. Cada país dispuesto tuvo su coordinador y trabajamos en contacto con líderes de las comunidades, junto a instituciones como ONG, mutuales y bibliotecas”, detalló.
La académica fue consultada sobre la certeza de que habrá nuevas pandemias en el futuro. “Sí, las condiciones están dadas. Otra comisión de The Lancet, conocida como la Lancet Commission on Investing in Health (Global Health 2050), ha estimado que hay alrededor de un 3% de probabilidad anual de que ocurra una pandemia respiratoria que cause al menos 25 millones de muertes, una magnitud comparable a la del Covid-19. A diez años vista, esa probabilidad asciende al 23%. Sin embargo, se observa que estas estimaciones tienen un alto grado de incertidumbre y deben ser interpretadas como una guía para comprender la magnitud del riesgo, pero no como predicciones definitivas.”
Respecto a los planes inmediatos tras la presentación del informe PRIME, Legido Quigley señaló que el paso inicial es poner en contacto a los integrantes de cada comunidad que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, no partidistas, con aquellos que están en el diseño de políticas. “Queremos observar qué sucede a partir de este intercambio. También hemos creado el PRIME test, que invita a cada funcionario a autoevaluarse antes de tomar una decisión política, planteándose preguntas como: ‘Lo que estoy diseñando, ¿protege a toda la población?’, ‘¿Asegura equidad para los grupos vulnerables?’, ‘¿Creará confianza porque verdaderamente involucra a la comunidad?’, ‘¿Qué repercusiones tendrá en el trabajo, la vivienda y la educación?’”.
En cuanto a si una nueva pandemia es algo inevitable, Legido Quigley subrayó la complejidad de la cuestión: “No se puede afirmar con certeza, pero sí es posible elegir la mejor manera de prepararse. La comisión analizó dos modelos en los que se comparan dos escenarios: uno en el que los países actúan según sus propios intereses y otro en el que hay cooperación entre las naciones. Ante la posibilidad de una pandemia de gripe, se estima que acelerar la producción de vacunas podría reducir la mortalidad en un 59%, de 58,5 millones a 23,9 millones de personas, incluso si los países más ricos obtienen las vacunas primero. Sin embargo, si se distribuyen de manera equitativa, sin depender de la capacidad de compra, se salvarían otros 2,7 millones de vidas. Además, restaurar la confianza pública en la vacunación podría potencialmente prevenir 1,9 millones de muertes más. En resumen, el número de vidas que se perderían durante una futura pandemia no solo dependerá de la velocidad de los avances científicos, sino también de los criterios de distribución de las vacunas. Esto se basa en principios morales que promueven un sistema donde las vacunas lleguen a quienes las necesitan para sobrevivir, y no solo a quienes pueden pagarlas.
