“Nos dijo que los populistas utilizan la empatía para sostener una política de tono paternalista. Le otorgó otro significado al término, considerándolo útil para que el Estado resuelva los problemas de la gente con el dinero de los contribuyentes”, comentó uno de los asistentes a la reunión de Gabinete que tuvo lugar el lunes en la Casa Rosada.
Esta aclaración no ocurre en un contexto cualquiera. Se produce tras semanas en las que Milei fue criticado por diversos sectores de la oposición, del ámbito socioeconómico y de la prensa, debido a su reticencia a implementar políticas que alivien la carga para las familias o que mejoren el salario real. En varios eventos públicos durante la semana anterior, reafirmó que su Gobierno no implementará políticas de redistribución.
Desde las altas esferas de la administración liberal se admite que la gama de iniciativas de alivio que se pueden llevar adelante es limitada, dadas las restricciones impuestas por el Presidente. Por ello, se está contemplando la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar nuevos créditos hipotecarios. Aunque no superarán las 20.000 unidades, representan un punto de partida para explorar medidas similares.
En dicha presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una afirmación que no pasó desapercibida. Dos días después de asistir a la reunión de Gabinete y escuchar la reflexión de Milei sobre los usos políticos de la “empatía”, declaró en la Sala de Conferencias del Ministerio de Economía que “los créditos hipotecarios son una prioridad porque hacen a la justicia social”.
El Presidente pronunció un discurso hace dos meses en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, donde parafraseó al economista Thomas Sowell al abordar ese término. “Si la caridad es a punta de pistola, como la ejerce el Estado, eso no es caridad, es robo disfrazado de altruismo. Hay una frase hermosa que dice: ‘¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?’. Porque, en el fondo, la justicia social no es más que envidia más retórica”.
¿Se han manifestado críticas internas sobre los términos utilizados por Caputo? No hay constancia de ello, al menos por el momento. El ministro de Economía es parte del reducido grupo de funcionarios que no requieren validar sus declaraciones y poseen una influencia significativa.
Desde el círculo más cercano al Presidente se explica: “Toto quiso expresar otra cosa y creo que se equivocó, como puede sucederle a cualquiera. Buscó jugar con el concepto de ‘justicia social’, sabiendo que estaba mencionando algo simbólico, pero con la intención de clarificar lo que realmente se estaba anunciando. No es necesario que definan justicia social como lo hacen los peronistas. Puede ser, como dijo Toto, que alguien tenga la posibilidad de comprarse su propia casa con su propio salario”.
Después de usar esa terminología, el ministro continuó enfatizando que no hay “nada más justo que una persona con empleo pueda acceder a una vivienda sin tener que esperar 30 o 40 años para adquirirla”. En un enfoque más pragmático de la gestión, en el Palacio de Hacienda consideran que el Gobierno puede ejecutar medidas en el ámbito macroeconómico, pero que es la política la que debe alinear los incentivos de aliados y opositores para colaborar con la Casa Rosada y así ofrecer más certidumbre a los mercados.
Durante esta semana, se informó que la Secretaría de Trabajo está dialogando para establecer que las paritarias establezcan un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026, que equivaldría a unos $860.000 de bolsillo. Esta propuesta busca resonar tras la aprobación de la reforma laboral, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y una alta dispersión entre los convenios colectivos.
El panorama que rodea esta definición indica una disminución del salario real en el empleo privado registrado: en junio de 2026, se produjo un descenso del 0,9% en términos reales, después de una caída del 2,9% en mayo, de acuerdo con el informe Panorama mensual del trabajo registrado de agosto de 2026, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Sin embargo, una fuente informada sobre estas negociaciones desmintió que dicha medida pueda implementarse a corto plazo: “En esos convenios, siempre se establecen salarios más altos que el nivel difundido. Todos los sindicatos tienen un piso más elevado. Lo que buscamos es que haya una negociación entre las partes. El Gobierno no está incentivando nada. La orden de la ministra Sandra Pettovello es que las partes lleguen a un acuerdo y luego se homologue el convenio. Antes, se esperaba que el Estado resolviera esos temas”.
