La moción de censura, según el artículo 101 de la Constitución Nacional, requiere de una mayoría absoluta de 37 votos en la cámara alta. Hasta el momento, los opositores solo han conseguido 25 votos del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal y 2 del PRO.
En este escenario, los radicales, Provincias Unidas y los bloques provinciales de Tucumán, Salta, Misiones, Santa Cruz, Chubut y Neuquén, ciertos de su papel en esta diversidad de posiciones, prefieren actuar con cautela, optando por esperar a la interpelación antes de definir su postura respecto a la posible moción de censura.
Un representante de los gobernadores del norte dialoguista indicó que no hay nada decidido sobre la moción, ya que se debe avanzar primero con la interpelación. Además, observan de cerca los movimientos en Casa de Gobierno, ya que anticipan que antes del 2 de julio podría producirse la separación de Adorni, aunque el presidente Javier Milei continúa brindándole respaldo.
Esta situación marcaría la primera vez que se aplicaría la sanción de destitución contemplada en la Constitución, una figura que nunca ha sido reglamentada como muchas otras leyes por el Congreso.
Entre los legisladores no existe un consenso sobre si la moción puede discutirse en la misma sesión de la interpelación al funcionario, o si debe ser previamente abordada en alguna de las comisiones asesores, tal como informaron fuentes parlamentarias.
Para la sesión programada del jueves, se ha incluido como primer punto el tratamiento de las mociones de interpelación al Jefe de Gabinete, en consonancia con el artículo 101 de la Constitución Nacional y el artículo 214 del Reglamento del Senado. El pedido de interpelación requiere de una mayoría absoluta de 37 senadores, pero la oposición ya cuenta con más de 45 votos, lo que obligaría a Adorni a brindar explicaciones sobre el incremento de su patrimonio y su declaración de haber ahorrado en negro medio millón de dólares sin pagar impuestos.
Además, en esa misma sesión se votará la aprobación de siete pliegos judiciales, un proyecto de ley sobre propiedad privada y varios convenios internacionales.
