Recientemente, el Ministerio de Economía lanzó un programa destinado a proporcionar hasta $2 billones para financiar créditos hipotecarios, buscando generar entre 17.000 y 18.000 operaciones para la adquisición de la primera vivienda. También se flexibilizaron las condiciones para que empresas no exportadoras accedan a financiamiento en dólares utilizando depósitos en moneda extranjera del sistema financiero. Además, el Banco Nación amplió sus líneas de crédito para la compra de vehículos.
“Estas medidas son un reconocimiento al problema de la falta de crédito en la economía. Pero son apenas paliativos frente al fenómeno que comenzó a instalarse en abril de 2025, por la reticencia oficial a suministrar liquidez al mercado interno, bajo la idea de que la escasez de pesos no afectaría el comportamiento de la demanda, ya que aparecerían los ‘dólares del colchón’”, diagnosticó el Ieral.
La llamada “dolarización endógena” no se concretó y eso contribuyó al estancamiento del stock de préstamos en relación al PIB, fenómeno que, según el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, explica gran parte de la caída en las actividades que generan mayor empleo.
Los recientes anuncios apenas generan un impacto marginal y, paralelamente, es necesario afrontar la problemática de la morosidad, que en el caso de los hogares alcanzó un 12,77% en junio, estimándose que subió a 12,94% en julio, de acuerdo a cálculos de una consultora.
“Los niveles de irregularidad permanecen elevados y todavía no existen elementos suficientes para concluir que el proceso de normalización se encuentre consolidado”, advirtió un informe del Banco Nación.
El Ieral sostiene que, para que las renegociaciones de las operaciones en mora puedan llevarse a cabo “entre privados” sin romper contratos, el Banco Central debería garantizar liquidez a corto plazo y un horizonte más extenso para el mediano. “Así como la autoridad monetaria actúa en el mercado de futuros del dólar, debería evaluarse la posibilidad de que también lo haga en el mercado de tasas”, se consideró.
Otra alternativa que se plantea es facilitar la conversión de créditos a tasa fija a préstamos ajustables por UVA, lo cual ayudaría a reducir la cuota inicial.
“Ese tipo de enroques modifica el flujo de caja de las entidades, por lo que el Central no puede quedar al margen. Obviamente, debería reconsiderarse la presión impositiva nacional y provincial”, subrayó el Ieral.
En abril de 2025, cuando se presentó la versión original de las bandas cambiarias, se adoptó el “control de agregados monetarios” como eje de la política antiinflacionaria, lo que dio inicio a un período de marcada volatilidad de las tasas de interés, mientras que la “escasez de pesos” se alcanzaba a costa de resignar la acumulación de reservas.
A finales del año pasado, el Banco Central comenzó a comprar dólares en grandes cantidades sin ajustar el enfoque de su política monetaria.
En el período de enero a agosto, solo 22 pesos de cada 100 emitidos para la adquisición de divisas permanecieron en circulación en la economía. En efecto, en los últimos doce meses, la base monetaria creció un 6,6% en términos nominales, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó un 33,5 por ciento.
“Se trata de un sobreajuste, que implicó que la sección de la cuenta corriente del balance de pagos que incluye bienes y servicios (sin contar rentas) pasara de un déficit anualizado equivalente a 1,2 puntos en el primer trimestre de 2025 a un superávit cercano a 2 puntos del PIB en los primeros tres meses de 2026. Esto significa que la tasa de inversión se sitúa muy por debajo del ahorro de la economía”, enfatizó el Ieral.
De esta forma, la situación se describe como una gran paradoja, ya que se intenta estimular la dinámica del crédito mientras que, a su vez, “la rienda es más corta que nunca”. El M2 privado pasó del 7,9% del PIB en el segundo trimestre de 2025 al 6,6% en la actualidad, mientras que la base monetaria se redujo del 4,4% al 3,8% del PIB en el mismo período.
El informe sugiere que el Gobierno debería abandonar el “rústico” esquema actual y sofisticar el mecanismo, posiblemente definiendo una meta de expansión mensual de un agregado específico más relacionado con la liquidez bancaria, y reforzar el marco con un “corredor de tasas” explícito, que permita extender el horizonte para las decisiones del sistema financiero. Las compras de dólares podrían continuar, pero a un ritmo alineado con esa estrategia.
Fuentes del sector bancario señalaron que las condiciones necesarias para expandir el crédito son:
Desde otra perspectiva, el economista Gonzalo Lacunza opinó: “No creo que el Gobierno tenga muchas herramientas a disposición para impulsar el crédito, sobre todo porque no está dispuesto a coordinar la refinanciación de las familias en estado de mora. Eso no implica que el Estado tenga que usar recursos propios, pero sí alinear a los bancos, ya que no necesariamente todos tienen incentivos para resolver los préstamos irregulares: para que un deudor pueda volver a acceder a financiamiento, necesita normalizar su deuda con todas las entidades, no solo con una”.
“Si el Gobierno decide que lo solucione el mercado, el proceso será muchísimo más lento y el crédito tardará más en repuntar”, agregó.
Además, Lacunza destacó que las tasas reales de interés son elevadas, en parte por el riesgo crediticio —es decir, la probabilidad de que las familias o empresas no puedan repagar—; también, por el temor de los bancos a un nuevo episodio de volatilidad —aunque hoy eso es menos probable que el año pasado—; y porque los encajes sobre los depósitos permanecen en niveles históricamente altos, lo que obliga a prestar a tasas de interés superiores a las que se pagan para fondearse.
Ante este panorama, como alternativa, el economista sugirió: “Creo que el Gobierno podría ir reduciendo escalonadamente los encajes para comprimir el spread entre las tasas activa y pasiva. De esta manera, las empresas y, sobre todo, las familias podrán financiarse a un costo más razonable”.
El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de otra consultora, coincidió en la necesidad de que el Gobierno facilite algún encuentro entre bancos y morosos para agilizar la renegociación de deudas a tasas más bajas y afirmó que existen opciones para acelerar la salida de la mora, aunque implicarían una mayor intervención del Estado, algo que no se alinea con la postura oficial.
