Fuentes involucradas en las negociaciones confirmaron que el directorio del Banco Mundial se reunirá el 16 de junio para analizar una garantía superior a los US$2000 millones. Al día siguiente, el Banco Interamericano de Desarrollo se dispondrá a aprobar un respaldo de cerca de US$550 millones. La CAF también se sumará al esquema, ya que su directorio tratará el asunto el 22 de julio, buscando una garantía adicional de entre US$250 millones y US$500 millones.
Estas aprobaciones son parte de un conjunto financiero que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha estado gestionando con organismos multilaterales y un grupo de bancos internacionales desde hace meses para obtener financiamiento por aproximadamente US$4000 millones, con un plazo de vencimiento en 2032 y tres años de gracia para el pago de capital e intereses.
Las condiciones definitivas aún se encuentran en discusión, aunque las fuentes indicaron que la garantía de la CAF ofrecería plazos y costos comparables a los que brindarían el Banco Mundial y el BID.
La inclusión de la CAF ha suscitado un debate sobre el uso futuro de su capacidad crediticia con Argentina. Se supo que, a principios de este año, el organismo ya había desembolsado US$400 millones de libre disponibilidad, previamente aprobados para fortalecer el sector energético, pero que finalmente se destinaron a satisfacer las necesidades generales de financiamiento del Tesoro. En este marco, algunas de las negociaciones actuales se centran en cuánto se puede comprometer como garantía en esta nueva operación, dado que cada respaldo limita la capacidad para futuras asistencias financieras.
La operación fue mencionada por el Fondo Monetario Internacional en el informe técnico que acompañó la aprobación de la segunda revisión del programa con Argentina. En ese documento, el organismo afirmó que el Gobierno se encuentra en la fase final de un acuerdo con bancos internacionales resguardado por garantías multilaterales que cubrirían entre el 40% y el 95% del total del monto.
Entre las entidades involucradas en las negociaciones figuran JPMorgan, Citi, Bank of America y Santander, aunque no se descarta la inclusión de otros bancos europeos y compañías aseguradoras internacionales. El objetivo es formar un sindicato financiero que permita extender los plazos de la deuda argentina a un costo notablemente inferior al que el país enfrentaría en una colocación tradicional en mercados internacionales.
Cabe destacar que la operación no implica que los organismos multilaterales desembolsen directamente los US$4000 millones. Su función será la de apoyar como garantes frente a los bancos internacionales que proveerán los fondos. Ante un posible incumplimiento por parte de Argentina, los acreedores tendrían la posibilidad de ejecutar esas garantías sobre una parte del préstamo.
Este respaldo reduce significativamente el riesgo percibido por los inversores, lo que, a su vez, permite bajar el costo financiero. Mientras que una emisión soberana tradicional podría requerir tasas superiores al 9% anual en la actualidad, las líneas respaldadas por organismos multilaterales podrían alcanzar costos mucho menores, estimados alrededor del 6%, según indican las fuentes consultadas.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia financiera que el Gobierno presentó al Fondo Monetario Internacional para afrontar los compromisos de deuda hasta las elecciones presidenciales de 2027. Además de este préstamo garantizado, el programa incluye emisiones de bonos en dólares en el mercado local, refinanciaciones con bancos internacionales, operaciones repo y posibles ingresos provenientes de privatizaciones y ventas de activos.
Según el esquema que el Gobierno explicó al organismo, las colocaciones de bonos con vencimientos en 2027 y 2028 podrían aportar alrededor de US$4000 millones, a los que se sumarían otros US$4000 millones derivados de préstamos garantizados por organismos multilaterales y cerca de US$2500 millones vinculados a privatizaciones y distintas operaciones financieras.
Desde el Palacio de Hacienda se sostiene que esta combinación de herramientas permitirá afrontar los vencimientos de capital previstos hasta el final del mandato de Javier Milei, centrándose especialmente en los pagos de julio de este año y de enero y julio de 2027, que son considerados los compromisos más significativos con acreedores privados antes de la próxima elección presidencial.
En un reciente pronunciamiento, el Fondo Monetario Internacional destacó que estas operaciones “extienden la duración de la deuda externa y reducen los costos de endeudamiento”, aunque advirtió que esto también incrementa el peso relativo de los acreedores con prioridad de cobro en escenarios adversos. En términos claros, una mayor participación de organismos multilaterales y préstamos garantizados alteran la estructura de riesgos para el resto de los bonistas, un aspecto que frecuentemente es objeto de atención en el mercado.
La necesidad de establecer nuevas fuentes de financiamiento antes de 2027 también es visible en los análisis realizados por Wall Street. Según un informe reciente de JP Morgan, el principal reto para Argentina radicará en desarrollar una “antifragilidad”, lo que implica llegar al próximo ciclo electoral con mayores reservas, vencimientos solventados y acceso a diversas sources de financiamiento que faciliten enfrentar el ciclo electoral sin enfrentar tensiones cambiarias severas.
“El desafío central es asegurar fuentes de financiamiento antes de la elección presidencial”, manifestó la entidad estadounidense. Sus proyecciones indican que, aun en el caso de un rollover total de la deuda en pesos, Argentina podría encontrar una brecha de financiamiento cercana a los US$10.000 millones en 2027. Esta cifra podría verse considerablemente disminuida si el Banco Central logra refinanciar los vencimientos de las operaciones repo con bancos internacionales.
Desde el ámbito económico se considera que una combinación de equilibrio fiscal, acumulación de reservas y una mayor generación de divisas provenientes del sector energético ayudará a reducir progresivamente el riesgo país, facilitando una reapertura más amplia de los mercados internacionales. En tanto, la estrategia actual busca utilizar el respaldo de organismos multilaterales como un puente financiero para atravesar los próximos años con menores costos de financiamiento y reducir la presión sobre el mercado cambiario.
