Impulsado por la necesidad de obtener divisas y reducir el tamaño del Estado, el Gobierno está acelerando la venta de activos públicos y el proceso de privatizaciones. Los documentos publicados recientemente, firmados por Luis Caputo, prevén concesiones por medio siglo y estiman inversiones cercanas a 800 millones de dólares. Los operadores que resulten elegidos tendrán la opción de acogerse al Régimen de Incentivos a la Gestión Integral (RIGI). En medio de la controversia por la presión ejercida por la embajada estadounidense a empresarios argentinos, denunciada por directivos de una cooperativa eléctrica en Neuquén, los pliegos establecen que no podrán participar empresas controladas por Estados foráneos, un requisito que apunta específicamente a las compañías estatales chinas. La administración nacional ya ha implementado medidas similares en licitaciones anteriores, como en el caso del proyecto eléctrico AMBA I.
Recientemente se dio a conocer que las cinco empresas cerealistas que competirán por el control del Belgrano Cargas informaron al CEO de COFCO, la mayor firma estatal de alimentos y agricultura de China, que quedarían fuera de la unión transitoria de empresas (UTE) por su condición de ser una compañía china. Este encuentro se produjo semanas atrás en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde participaron los máximos directivos de destacadas exportadoras de granos como Bunge, Louis Dreyfus, Cargill, ACA y AGD. Este hecho evidencia el cabildeo en contra de la influencia china incluso antes de que se hiciera pública la licitación.
La exclusión de las empresas estatales chinas genera interrogantes sobre los contratos de financiamiento que aún están activos. La recuperación del Belgrano Cargas contó con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de China y el ICBC, y los cambios en el proyecto estuvieron supeditados a la aprobación de estos bancos en diferentes momentos. En el pasado, el financiamiento de la red había sido un tema delicado, ya que se relacionó con una cláusula de incumplimiento cruzado que afectó al gobierno de Macri cuando se intentó modificar represas en Santa Cruz.
Insideres en las negociaciones indicaron que el objetivo inicial del Gobierno era que la licitación fuera adjudicada a un grupo mexicano bajo instrucciones de Donald Trump. Se menciona a GMXT USA, el brazo logístico de Grupo México, que ha forjado una alianza estratégica con la empresa estadounidense Wabtec, especializada en tecnología ferroviaria. Otro grupo que ha expresado interés en participar es Roggio.
La intención del gobierno es que los nuevos concesionarios asuman la administración y el mantenimiento de las vías, así como que incrementen la capacidad de transporte. Aseguran que actualmente el ferrocarril solo mueve menos del 5 por ciento de las cargas en el país y apuestan a aumentar esa cantidad a un 20 o 25 por ciento. Sin embargo, los datos utilizados para justificar la privatización son cuestionados por un amplio sector de expertos. Según informes del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, en 2022, el Belgrano Cargas transportó 8,4 millones de toneladas, lo que representa el 35 por ciento de toda la carga ferroviaria en el país. Este volumen fue un 57 por ciento superior al de 2019 y un 62 por ciento más alto que el de 2003.
La propuesta de privatización incluye las tres líneas que actualmente opera Belgrano Cargas y Logística: Belgrano, San Martín y Urquiza, abarcando 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias. En esta fase inicial se licitarán las vías y las propiedades adyacentes, mientras que los talleres y el resto de los activos quedarán para una segunda etapa planificada para comienzos de 2027. Los nuevos concesionarios deberán realizar un conjunto de obras obligatorias en los primeros cinco años. El Gobierno ha establecido un criterio que fomentará a los ofertantes que presenten mayores inversiones y menores tarifas por el uso de las vías. Una Comisión Evaluadora será la encargada de establecer el orden de méritos. Parte de estas inversiones podría estar bajo el marco del RIGI.
Los concesionarios asumirán la administración y mantenimiento de las vías, además de gestionar el tráfico ferroviario. La retirada del Estado en este ámbito será total. Los nuevos administradores deberán permitir la circulación de otros operadores con sus propios trenes a cambio del pago de un peaje. El cierre del proceso de recepción de ofertas está previsto para el 11 de noviembre, y desde la Secretaría de Transporte se ha confirmado que la licitación se espera que finalice “antes de fin de año porque el Gobierno busca obtener los fondos con urgencia.”
