La pesquisa, que se inició en diciembre del año pasado, ya ha tenido cuatro jueces diferentes. En este contexto, se espera la resolución de los camaristas Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, aunque los dos primeros han sido recusados para no participar.
La investigación se centra en la adquisición de una mansión de 105 mil metros cuadrados, que cuenta con un helipuerto, un galpón que albergaba 54 autos de lujo y de colección, así como una pileta y una cancha de paddle. La propiedad está registrada a nombre de Real Central S.R.L, vinculada a Pantano y Conte. Sin embargo, su capacidad económica declarada no parece ser suficiente para justificar una compra de este tipo.
Se presume que estos individuos actúan como testaferros de Toviggino, dado que en el allanamiento de la casa se encontraron objetos registrados a su nombre, junto con vehículos que poseían cédulas azules pertenecientes a sus familiares. Además, Pantano disponía de una tarjeta corporativa de la AFA, la cual utilizaba para abonar los peajes de los automóviles.
La defensa ha solicitado que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, maneje el caso, argumentando que tiene la competencia necesaria sobre Pilar, lugar donde se desarrolla el expediente. Sin embargo, otros fallos han indicado que la complejidad del asunto sugiere que la justicia de la Capital Federal debería ser la encargada, dado que la AFA tiene su sede allí y se presume que los fondos utilizados para la compra provinieron de esa entidad.
La Cámara Penal Económico afirmó esta postura, y la defensa apeló a la Casación, que convocó a una audiencia. El fiscal Villar solicitó que se suspenda dicha audiencia, pues la ex diputada Elisa Carrió recuso al juez Barroetaveña y el empresario Guillermo Tofoni -quien ha denunciado a la alta dirección de la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, en otros casos- hizo lo propio respecto a Barroetaveña y Borinsky. La causa de la recusación contra Barroetaveña radica en su anterior rol como parte del Tribunal de Ética de la AFA, mientras que la recusa a Borinsky se debe a resoluciones contradictorias en el expediente.
El fiscal argumentó que estos planteos deberían resolverse antes de la audiencia, haciendo hincapié en que en situaciones similares se había repetido el mismo escenario. Sin embargo, Barroetaveña, en su calidad de presidente de la sala, decidió no suspender la audiencia, indicando que ni Carrió ni Tofoni son parte en este proceso.
Villar también presentó un escrito donde solicitó que la causa permanezca en el juzgado de Penal Económico 10, que está a cargo de la jueza Verónica Straccia. En su exposición, destacó que no solo se investiga el inmueble en Pilar, sino que también se indaga sobre otras entidades cuya sede se encuentra en la Capital, incluyendo Real Central, en un contexto de potenciales maniobras delictivas más amplias.
“La investigación ha comenzado a abarcar a otras personas físicas y jurídicas, nuevas empresas, relaciones patrimoniales, transferencias de fondos, vehículos de lujo, inmuebles, y sociedades constituidas en diversas jurisdicciones, así como circuitos financieros internacionales supuestamente conectados a la gestión de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino”, expuso Villar. Agregó que no existe evidencia de que el partido de Pilar sea el núcleo de la gestión de dichas sociedades ni del lugar donde se llevan a cabo los actos jurídicos esenciales.
El fiscal argumentó que la justicia Penal Económico es la adecuada para tratar operaciones complejas de este tipo, pues su experiencia contribuye a una evaluación integral de la prueba presentada. Villar también criticó al juez González Charvay, quien ha intentado acumular todas las causas relacionadas con la AFA en su juzgado, sugiriendo que su accionar busca desvirtuar la competencia de otras jurisdicciones.
La audiencia se llevó a cabo en presencia de Mariano Morán, abogado de Pantano y Conte, quien argumentó que la causa debería ser remitida al juzgado de Campana, dado que se limita a la compra de la propiedad ubicada en Pilar, donde dicho tribunal tiene jurisdicción. De lo contrario, se estaría infringiendo el derecho a un juez natural. “Lo que está en juego es dónde se manifiesta el delito y eso es claramente la provincia de Buenos Aires”, declaró.
Asimismo, mencionó que la Cámara Civil ya había validado el cambio de la sede de la AFA a Pilar, aludiendo a una “presión mediática” que afecta a la causa y que ha generado malestar.
Acerca de la intervención del juez González Charvay, Morán se refirió a “fantasmas” sobre posibles tribunales afines a la AFA, y reafirmó que debe ser el juez federal quien asuma la responsabilidad del caso. La Cámara de Casación se encuentra a la espera de definir la situación, con la posibilidad de que su decisión sea apelada ante la Corte Suprema de Justicia.
