El estudio, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), estima que la población económicamente activa asciende a 22,5 millones de personas, distribuyéndose de la siguiente manera:
– 9,6 millones de asalariados registrados (6,6 millones en el sector privado y 3 millones en el sector público). – 5,7 millones de asalariados informales. – 5,6 millones de cuentapropistas (de los cuales 3,4 millones no emiten facturas). – 1,5 millones de desocupados.
Mediante un indicador que evalúa la estabilidad, los aportes jubilatorios, la antigüedad laboral y el capital, se determina que el 45,2% de los ocupados se encuentran en una situación de desprotección laboral. En contraste, el sector privado protegido engloba al 39% de los ocupados y el sector público al 15,7%.
El informe señala que se ha producido un cambio en la dinámica del empleo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023.
Además, sostiene que los datos del Indec para el primer trimestre de 2026 “muestran una tasa de desprotección laboral del 45,2% en el total de los ocupados”. Aquellos en esta situación “realizan labores sin aportes ni continuidad, sin capital propio ni estructura estable”, lo que equivale a “una changa”.
El estudio también indica que “es evidente que los empleos perdidos en el sector público y en el sector privado formal no se compensan en otras ramas formales, sino que se trasladan a trabajos de baja calidad”.
Entre 2024 y 2026, se generaron 626.000 nuevos puestos desprotegidos, a la par de la pérdida de 56.000 empleos en el sector privado protegido y 212.000 en el público. “Los 350.000 nuevos ocupados que ingresaron al mercado desde 2024 se incluyen íntegramente en tareas desprotegidas”.
En cuanto al perfil de quienes más sufren la desprotección laboral, el análisis reveló que los jóvenes de 18 a 26 años conforman el grupo más afectado. En este período, la tasa de desprotección laboral en esta franja aumentó del 53% al 61,6%.
En los últimos dos años, se perdieron 160.000 puestos de trabajo entre jóvenes, con un impacto mayor en los varones, quienes enfrentaron la pérdida de 126.000 empleos formales (30.000 públicos y 96.000 privados protegidos).
Por sectores, el comercio reflejó una disminución de 88.525 puestos protegidos, lo que equivale a una reducción del 43% del empleo de calidad en este ámbito para los jóvenes. En la construcción, la pérdida fue de 9.896 puestos protegidos, representando una reducción del 30%.
La desprotección laboral creció de manera más pronunciada entre las mujeres, cuyo porcentaje en el sector privado desprotegido aumentó un 14,1% en dos años, comparado con un incremento del 9,3% entre los varones. Esto se relaciona en parte con el recorte en el empleo público, donde de los 212.000 puestos eliminados, 132.000 correspondieron a mujeres.
Asimismo, el deterioro salarial en sectores feminizados relacionados con la paritaria pública (como salud y educación, que vieron una pérdida salarial entre el 9% a nivel provincial y el 36% a nivel nacional) ha intensificado la brecha salarial de género, alcanzando un récord del 10% en perjuicio de las mujeres.
Desde el IAG también se destacó que contar con un título universitario mitiga la desprotección, ya que la tasa de desprotección para quienes poseen este nivel educativo es del 18% tanto para varones como para mujeres. En contraposición, quienes no han completado la educación secundaria enfrentan una tasa de desprotección del 66%, mientras que aquellos que han finalizado el secundario se sitúan en un 45%.
Finalmente, el informe indicó que, entre las personas de 66 años o más, la cantidad de activos creció un 14% en los últimos dos años debido a los escasos ingresos provenientes de jubilaciones.
