Quirno situó estas definiciones dentro del marco de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional. “La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, explicó. Asimismo, argumentó que la situación ha cambiado respecto a los años en que se aprobó esa norma, ya que “cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”.
El canciller destacó que la política del Gobierno busca modificar las pautas de decisión de las empresas. “Hoy lo que estamos haciendo es generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”, afirmó. Y reiteró: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y vecinos.”
Quirno explicó que el decreto reglamentario lanzado tiene como objetivo acelerar las sanciones y ampliar su alcance sobre una red de empresas vinculadas a la actividad petrolera. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, así como a sus proveedores de servicios petroleros, servicios financieros, de seguros, etcétera”, especificó. A continuación, detalló que el alcance incluye “todo un universo de 180 compañías”.
“Ya fueron notificadas la semana pasada de que tienen que tener cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas aquí y enfrentarse a un proceso bastante complicado”, expresó Quirno. Además, enfatizó que el decreto reglamentario ya ha sido resuelto y lo presentó como el primer instrumento anunciado por el Poder Ejecutivo para intervenir ante proyectos de exploración y explotación de recursos en las aguas que rodean al archipiélago.
El Gobierno también planea enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659. Quirno mencionó que dicha iniciativa buscará otorgar “mayor amplitud sancionatoria” y establecerá mecanismos para que las empresas puedan dejar de operar en Malvinas sin quedar excluidas de forma definitiva de actividades dentro de la Argentina. “Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, explicó.
El funcionario argumentó esta postura utilizando un ejemplo: “Estás sancionada, te saqué del sistema, no tenés ningún incentivo. Me quedé en Malvinas. Bueno, yo me quedé en Malvinas porque me sancionaste.” Para Quirno, el esquema debe ofrecer alternativas para las empresas que decidan abandonar esas actividades: “Nosotros tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste.”
En relación con las nuevas exigencias, el canciller mencionó la implementación de una declaración jurada para aquellos que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tendrán que manifestar que no están en violación de la Ley 26.659”, indicó. Esta condición también se aplicará, según explicó, a la normativa que el Congreso modificará en los meses venideros.
Quirno conectó estas herramientas con el desarrollo energético local y la posibilidad de atraer inversiones al país. Aseguró que los activos estratégicos argentinos permiten adoptar una postura diferente frente al Reino Unido, otros países y socios regionales. “Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace posicionarnos de manera diferente ante el mundo es clave, porque nos permite cubrir nuestros intereses frente al Reino Unido y las protestas y acciones que llevábamos a cabo”, declaró.
El funcionario se refirió también a la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, otro de los anuncios realizados por Milei. “Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, afirmó. Según Quirno, el proyecto de Ushuaia permitirá reforzar “nuestra presencia en el Atlántico Sur”, facilitando la logística para la Antártida, la prestación de servicios en la región y la custodia del Mar Argentino.
Abordando el impacto de las medidas, Quirno hizo alusión a la cotización de las empresas implicadas en el proyecto Sea Lion. “Ya comenzamos a observar el impacto que ha tenido hoy, y lo podemos afirmar porque estamos aquí en el IAEF, en la valorización de las acciones de estas compañías”, afirmó. Durante la jornada, las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum perdieron un 2,3% en Tel Aviv.
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore promovido por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas posee el 65% de la iniciativa y Rockhopper el 35% restante. Las empresas comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para una fase inicial del desarrollo, que contempla una inversión total de USD 1.800 millones, con una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de las extracciones previsto para 2028.
Quirno evaluó la caída en el valor de las acciones de ambas empresas como una reacción a la postura oficial. “Ese es, si se quiere, el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y económica, donde, además de ejercer nuestros derechos desde el ámbito diplomático, los legales, económicos y financieros, implementamos una estrategia global que impacta en el valor de las acciones que desean realizar actividades ilegítimas en Malvinas”, manifestó.
El canciller destacó que las medidas no constituyen una decisión aislada. “Estas no son medidas improvisadas ni superficiales, sino que forman parte de una estrategia absolutamente integrada y coordinada, destinada a lograr el mayor impacto posible”, afirmó. Aseguró que la Cancillería está en conversaciones con el sector privado, y que varias cámaras empresariales han expresado su apoyo.
“Estamos dialogando con el sector privado para que comprendan hacia dónde vamos y por qué estamos implementando estas medidas. Contamos con el respaldo de varias cámaras empresariales”, agregó Quirno. También mencionó que Milei ha convocado a la dirigencia política a respaldar la iniciativa legislativa, subrayando que “la causa Malvinas está en el corazón de todos los argentinos.”
El canciller aludió además a las conversaciones mantenidas con Chile sobre la asistencia logística para las actividades de hidrocarburos y pesca en la región. “Quedó muy claro en el comunicado que emitimos tras la visita, donde Chile reconoce que buscará valorar nuestra propuesta respecto a la asistencia logística en hidrocarburos y pesca”, subrayó. Añadió que la posición chilena fue “primariamente” coincidente con el planteamiento argentino de que dichos servicios no se realicen.
El proyecto de reforma de la Ley 26.659 deberá ser tratado en el Congreso. La iniciativa busca endurecer las sanciones y extender sus consecuencias a aquellas empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en Malvinas sin la autorización argentina.
