Los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi señalaron que, tras más de cinco años de indagaciones, no se logró evidenciar la existencia de los delitos que se habían denunciado. El archivo del expediente había sido dispuesto en febrero pasado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, aunque esta decisión fue apelada por Picardi.
La causa había sido iniciada en 2019 a raíz de una denuncia que alega presunta defraudación, y su alcance incluyó no solo a Macri, sino también a Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda, y a funcionarios del actual gobierno de Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, que en ese entonces ocupaba el cargo de secretario de Finanzas y posteriormente presidió el Banco Central; y Federico Sturzenegger, quien era el titular del Banco Central en ese período.
Los jueces apuntaron que el sistema judicial no puede revisar decisiones de política pública meramente por consideraciones de conveniencia o impacto negativo, a menos que se presente prueba concreta de un delito. En este contexto, los magistrados destacaron que el acuerdo con el FMI se negoció bajo un escenario de “urgencia financiera reconocida”, y no hallaron elementos que indiquen que los funcionarios actuaron con la intención de infringir la ley.
Asimismo, la Cámara aplicó la doctrina de la Corte Suprema relacionada con decisiones que pertenecen a otros poderes del Estado y que, en principio, escapan al control judicial. Sin embargo, los jueces aclararon que esta protección se desvanece si una política pública se utiliza como pretexto para obtener beneficios personales. No obstante, el fallo determinó que esta situación tampoco fue probada en el contexto de la investigación.
Un aspecto clave de la denuncia se refería a la supuesta omisión de varios procedimientos administrativos. Se mencionó, entre otras cosas, la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la ausencia de intervención del jefe de Gabinete, la participación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la falta de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos, así como la apertura tardía de algunos expedientes administrativos.
Picardi además había cuestionado que el cierre de la causa se hubiera dispuesto antes de completar ciertas pruebas. Según argumentó, aún quedaba por investigar la trazabilidad de los desembolsos y posibles vínculos entre funcionarios y operadores que se habrían beneficiado con la salida de divisas.
No obstante, el tribunal de alzada consideró que el alcance de la investigación fue adecuado. Durante más de cinco años, se añadieron informes de distintos organismos como la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, así como expedientes administrativos, testimonios, información sobre la formación de activos externos y documentación relacionada con el acuerdo firmado con el organismo internacional.
Llorens y Bertuzzi también revisaron uno de los argumentos presentados para sostener la supuesta existencia de una administración fraudulenta. La SIGEN estimó un perjuicio patrimonial al Estado de 29.618 millones de dólares. Para los jueces, tal información, por sí sola, no prueba que los funcionarios hubieran manejado recursos públicos sabiendo que la operación resultaba perjudicial, ni que se hubiera producido una sustracción de fondos en beneficio propio o de terceros.
