Caputo sostuvo: “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.
Previo a esto, el ministro quien lidera el equipo económico del Gobierno había cuestionado un informe de un medio que abordó los ataques del presidente Milei contra el periodismo. “El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”, afirmó Caputo.
En su mensaje, el ministro mostró una página del mismo medio, donde se titulaba: “Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas”. Milei respaldó y replicó el mensaje de Caputo, retitulando la publicación con un comentario que decía: “EXPONIENDO A LAS MIERDAS MENTIROSAS CON MICRÓFONO”.
La crítica de Caputo estaba dirigida particularmente al periodista Valdez, quien en la misma red social había publicado que él y su colega de desregulación, Federico Sturzenegger, eran los promotores de una “privatización exprés” a favor de un empresario presuntamente cercano a ellos, al promover la desregulación del control de los surtidores.
Hasta fines de 2025, la verificación de surtidores de combustible estaba a cargo del INTI, pero el Gobierno decidió ceder este servicio a laboratorios privados. Sturzenegger celebró esta medida, afirmando que la intención era eliminar subsidios del contribuyente a grandes petroleras y poner fin al monopolio del INTI en materia de verificación metrológica.
Valdez argumentó que el paso a manos privadas del control de los surtidores se enmarca como un caso emblemático de privatización exprés y “capitalismo de amigos”, en el que Sturzenegger habría comprometido el control estatal a favor de un empresario cercano a Caputo. Este último replicó que no conocía al empresario mencionado ni a su empresa, insistiendo: “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”.
Sturzenegger también intervino con una respuesta: “Yo tampoco nunca escuché de dicho grupo, presumo que esto debe ser algo así como ‘el ladrón ve a todos de su misma condición’. Tantos años usaron el Estado para armar sus negocios que no pueden creer que venga alguien simplemente a hacer las cosas bien”, dijo.
“En este caso, simplemente eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para financiar controles que debían hacer ellas mismas. Esa es otra del progresismo: bajo una falsa pretensión te arman un negocio a costa del pueblo. Por suerte llegó el presidente Milei”, concluyó Sturzenegger.
Tras el posteo de Caputo, se conoció que el ministro no había hablado previamente con Milei sobre la posibilidad de una ley para sancionar a periodistas. Sin embargo, el presidente respaldó su mensaje con un ferviente comentario: “DESENMASCARANDO MENTIROSOS”, escribió al replicar la publicación de su ministro.
Cercanos a Caputo explican que él se ha acostumbrado a las críticas del periodismo y que no suele prestar atención a rumores de renuncias. No obstante, en esta ocasión, la acusación sobre un presunto acto de corrupción motivó su contundente respuesta.
Durante el gobierno de Carlos Menem, se derogó la ley que estipulaba el desacato como delito para los periodistas, un paso hacia el fortalecimiento de la libertad de expresión tras el período dictatorial. Posteriormente, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se derogó el delito de calumnias e injurias contra los periodistas en cuestiones de interés público, siguiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de ello, se mantiene la posibilidad de que Caputo o cualquier ciudadano presente demandas civiles por daños y perjuicios contra periodistas.
En contraposición a estas medidas que defienden el ejercicio del periodismo honesto, el gobierno de Cristina Kirchner promovió la teoría del lawfare, argumentando un complot entre periodistas, jueces y la embajada de EE.UU. contra líderes del campo nacional y popular en América Latina. Esto incluyó incentivos a denuncias contra periodistas por supuestos espionajes y extorsiones, mientras los servicios de inteligencia legalmente interferían en las comunicaciones de estos.
Recientemente, Cuba aprobó una ley de medios que no considera medios independientes, limitándose a los estatales, asociaciones reconocidas o comunitarios, asegurando en todo momento que su objetivo no será subvertir el orden socialista. Esta ley desembocó en la detención de decenas de periodistas.
En Venezuela, persiste un marco normativo que restringe la libertad de expresión, como la ‘Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha adoptado un modelo totalitario que institucionaliza la censura y la persecución a voces críticas, denunciaron diversas organizaciones internacionales.
En Rusia, se imponen sanciones a quienes difunden “información deliberadamente falsa” sobre las Fuerzas Armadas, así como ante cualquier intento de desacreditar estas. En Bolivia, críticos del gobierno enfrentan acciones judiciales desproporcionadas, privándolos de ingresos derivados de la publicidad estatal por acusaciones de mentir o hacer política partidista.
