La discusión abarca más que cada expediente individual. El propósito central es facilitar las condiciones para atraer inversiones significativas, que incluyen beneficios fiscales, acceso a tierras, infraestructura de transporte, disponibilidad energética, reglas de mercado y nuevos recursos estratégicos.
De acuerdo con la agenda parlamentaria, se llevarán a cabo dos reuniones significativas este miércoles. A las 9.30, la Comisión de Minería de Diputados llevará a cabo una reunión informativa sobre tierras raras. Posteriormente, a las 16, el Senado convocará un plenario de comisiones para abordar el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Actividades, conocido como Súper RIGI.
Al día siguiente, el Senado continuará su sesión con la intención de aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla cambios en la Ley de Tierras Rurales.
El Súper RIGI se posicionará como uno de los temas centrales de esta semana. Este proyecto, que recibió media sanción de Diputados el 24 de junio, comenzará a ser examinado en el Senado este miércoles, en un plenario de las comisiones de Legislación General, Economía Nacional e Inversión, y Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo tiene como objetivo emitir dictamen durante la primera semana de agosto y presentar el texto en el recinto en las siguientes semanas. No obstante, dicha fecha aún no ha sido oficialmente fijada y dependerá de las negociaciones políticas.
La iniciativa está orientada a proyectos que requieran una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con el compromiso de destinar al menos el 20% de la misma en los primeros dos años.
A diferencia del RIGI original, esta versión no considera cualquier inversión a gran escala, sino que se enfoca en nuevas actividades industriales, tecnológicas o de infraestructura estratégica. Esto significa que para beneficiarse del régimen, una empresa energética o minera no podrá simplemente ampliar un yacimiento o una planta existente; deberá demostrar que se trata de una actividad nueva o piloto de carácter estratégico.
Entre los beneficios propuestos se encuentran una alícuota de Ganancias del 15%, amortización acelerada, exenciones para importaciones vinculadas al proyecto, eliminación de derechos de exportación, libre disponibilidad gradual de divisas y estabilidad normativa y fiscal.
La disponibilidad de dólares generados por exportaciones se establecería en un 20% después del primer año, 40% después del segundo y 100% a partir del tercer año. Además, el Estado no podrá imponer obligaciones de abastecimiento prioritario al mercado interno ni restricciones cuantitativas a las exportaciones.
Uno de los aspectos más destacados del Súper RIGI es su relación con la infraestructura requerida para importantes proyectos en los sectores energético, minero y tecnológico. Esta normativa permite incluir dentro del plan aprobado obras específicas o dedicadas al transporte, procesamiento, almacenamiento o exportación de la producción.
Esto puede abarcar líneas eléctricas, gasoductos, oleoductos, caminos, ramales ferroviarios, plantas de procesamiento, instalaciones portuarias, infraestructura hídrica, telecomunicaciones y centros de datos.
El Gobierno presenta el proyecto como una herramienta clave para atraer inversiones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, hidrógeno, infraestructura digital y minerales críticos. En el ámbito minero, el debate se podría centrar en la refinación de minerales, separación de tierras raras y nuevas tecnologías extractivas.
El debate en el Senado abordará temas como el monto mínimo de 1.000 millones de dólares, la alícuota reducida de Ganancias, la libre disponibilidad de divisas, la protección de infraestructura dedicada, la adhesión provincial y municipal, y la participación de proveedores nacionales.
El segundo tema en agenda es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá nuevamente en el Senado el jueves. Este proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, ya cuenta con un dictamen de mayoría y ha sido aplazado en diversas oportunidades.
La iniciativa es amplia y no se limita a la extralimitación de tierras. Incluye cambios en la Ley de Tierras Rurales, procedimientos de expropiación, desalojos de inmuebles ocupados, el manejo del fuego y las indemnizaciones que el Estado debe abonar en caso de expropiación.
El capítulo relacionado con tierras rurales es especialmente sensible para la agenda energética y minera. La Ley 26.737 establece actualmente un límite general del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, incluyendo provincias y municipios. También impone restricciones por nacionalidad, límites de superficie, controles en zonas de frontera y protecciones sobre inmuebles con cuerpos de agua significativos.
La reforma no otorga automáticamente derechos mineros ni habilita la explotación de recursos naturales. En Argentina, la propiedad del suelo es jurídicamente distinta de la propiedad minera, y las provincias conservan el dominio original de sus recursos naturales.
Sin embargo, el cambio podría afectar los sectores de energía y minería al facilitar la adquisición de terrenos necesarios para campamentos, plantas mineras, caminos, líneas eléctricas, parques solares y eólicos, ductos, puertos, centros logísticos, infraestructura hídrica o plantas de hidrógeno.
El texto todavía está en negociación. Recientemente, el oficialismo aceptó establecer un límite para la propiedad extranjera de entre 20% y 25%, superior al actual del 15%, además de conceder a las provincias la capacidad de autorizar, regular o impedir operaciones. Por lo tanto, el detalle crucial será conocer qué versión finalmente se presentará en el recinto.
Este proyecto representa un nuevo desafío para el oficialismo que lidera Patricia Bullrich en el Senado, y si se vota dicha versión, los intentos del ministro Federico Sturzenegger de eliminar los límites a la venta de tierras en manos de extranjeros no tendrían éxito. Sin embargo, parece que es una concesión que Bullrich está dispuesta a realizar para avanzar con la iniciativa luego de que se dificultaran los votos.
Por otra parte, la nueva Ley de Biocombustibles también figura en la agenda energética, aunque carece de una convocatoria formal publicada para agosto. Las discusiones iniciaron en el Senado durante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.
Hay seis proyectos en análisis, entre los que figuran propuestas de varios legisladores, que incluyen a Edith Terenzi Ávila, José María Carambia, Flavio Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Patricia Bullrich, Flavia Royón, y María Teresa González de Arce.
La iniciativa de Bullrich ha cobrado relevancia política. Propone mantener inicialmente el corte de biodiésel en un 7,5%, aumentarlo al 10% después del primer año, y llevar el bioetanol de un 12% a un 15%. También establece una transición regulatoria que culminará el 31 de diciembre de 2031 y un régimen con una duración de 15 años.
Las negociaciones incluyen a provincias productoras, empresas petroleras, pymes y grandes fábricas aceiteras. Los principales puntos de conflicto son el porcentaje de corte obligatorio, la fórmula de precios, la apertura a importaciones, la distribución entre maíz y caña de azúcar en el bioetanol, y el rol del coprocesamiento en refinerías.
Un expediente significativo es el paquete energético que cuenta con media sanción de Diputados y que es conocido por su capítulo de Zona Fría. Sin embargo, en realidad, incluye cuatro ejes: cambios en subsidios al gas, regularización de deudas con Cammesa, traslado de costos a tarifas, y modificaciones relacionadas con energías renovables y contratos.
El proyecto conserva los beneficios históricos para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero en áreas incorporadas posteriormente reemplaza el beneficio generalizado por una bonificación específica. También extiende el régimen hasta el 31 de diciembre de 2031 y mantiene su financiamiento mediante un recargo sobre el precio del gas.
A raíz de la reforma, los hogares situados en las zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio adicional si se inscriben en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a finales de 2025.
El nuevo esquema combinará criterios de ubicación geográfica en zonas con severidad climática y la condición socioeconómica de cada hogar. Aquellos con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de los hogares con Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares, veteranos de Malvinas, o personas con discapacidad integradas en el sistema SEF, podrán acceder al subsidio.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el régimen actual ha dejado de ser sustentable después de la ampliación territorial de 2021. Según se menciona en el Congreso, el recargo del 7,5% sobre el gas ya no es suficiente para financiar el sistema, y se requieren aportes adicionales del Tesoro Nacional para cubrir el costo del subsidio.
El texto oficial también advierte que la falta de financiamiento ha generado atrasos en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores de gas. Además, el Gobierno busca modificar la forma en que se calcula la bonificación. Hasta ahora, el subsidio se aplicaba sobre la tarifa total, incluyendo transporte y distribución. El nuevo proyecto limitará el beneficio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Un informe elaborado por una fundación advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre los consumidores de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo régimen focalizado. De acuerdo a simulaciones de esta entidad, un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que actualmente recibe el subsidio de zona fría y quede excluido del SEF podría enfrentar un incremento cercano al 100% en su factura mensual de gas.
En contraste, aquellos que mantengan el beneficio a través del nuevo sistema focalizado experimentarán aumentos menores, aunque también superiores a los actuales por el cambio en la base de cálculo del subsidio.
La fundación sostiene que la ampliación de Zona Fría realizada en 2021 incorporó regiones con consumos mucho menores a los de la Patagonia, aumentando el costo fiscal sin respetar el criterio climático original del régimen.
En cuanto al capítulo de Cammesa, busca reconocer diferencias generadas durante la emergencia tarifaria y aplicarlas como créditos frente a deudas y penalidades de distribuidoras eléctricas. Además, consolida el traslado a tarifas finales de los costos de compra de electricidad, transporte, servicios del sistema y gas adquirido por distribuidoras.
Pese a su relevancia, el expediente aún no cuenta con dictamen ni fecha formal de tratamiento para la primera semana de agosto.
En Diputados, la Comisión de Minería realizará una reunión informativa con especialistas sobre tierras raras, aunque no se discutirá una ley específica ni se prevé la emisión de dictamen. El encuentro tiene como finalidad introducir el tema en la agenda parlamentaria, en un contexto de creciente demanda global de minerales críticos.
Asimismo, se ha presentado un pedido de informes sobre la infraestructura eléctrica destinada a los proyectos mineros Vicuña, Josemaría y Filo del Sol, en San Juan. Esta iniciativa busca relevar obras como la línea de 500 kV Nueva San Juan-Rodeo y una estación transformadora. Aunque aún no tiene fecha confirmada de tratamiento, posibilita un debate clave: quién financiará la energía requerida por esos grandes proyectos, especialmente en el sector del cobre.
De manera paralela, la privatización de Belgrano Cargas avanza de manera administrativa por parte del Poder Ejecutivo y no como una ley sometida a votación en el Congreso. No obstante, su seguimiento parlamentario será necesario debido a su impacto en la logística minera y agroindustrial. El esquema contempla la concesión de vías, subasta de material rodante, contratos para talleres y operación bajo acceso abierto.
En resumen, la agenda legislativa presenta un amplio panorama. Algunas iniciativas ya tienen fechas confirmadas, como el Súper RIGI, la reforma del régimen de tierras rurales y el tema de tierras raras. Otras continúan en negociación, como biocombustibles y el paquete energético. Además, existen propuestas que avanzan de manera independiente al recinto, como el caso de Belgrano Cargas, que pueden resultar decisivas para la infraestructura necesaria para el crecimiento exportador en los sectores de energía y minería.
