En el decreto 585/2026, se establece como prioridad avanzar en la reforma del mercado eléctrico que facilite la inversión y permita una transición del actual sistema de subsidios hacia un modelo de subsidios focalizados.
Además, se indica que es esencial normalizar el mercado, aunque se reconoce que las iniciativas están en fase de implementación y requieren la continuidad de las políticas existentes para prevenir “disrupciones regulatorias, operativas o financieras”.
En mayo, las bonificaciones para los usuarios residenciales beneficiados por subsidios alcanzaron el 24% del precio de referencia de la demanda, lo que revela una significativa brecha económica que debe ser tratada de manera gradual y predecible, garantizando la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.
Otro aspecto importante en el análisis son las inversiones programadas. El Gobierno ha comenzado a adjudicar inversiones en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, que reducirán la probabilidad de cortes, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en los picos de consumo en verano.
El decreto sostiene que “la continuidad de la emergencia resulta necesaria para evitar impactos abruptos o inconsistencias en la transición”, y destaca la necesidad de adoptar medidas que ofrezcan seguridad a los inversores, tales como la recomposición tarifaria y la revisión de los esquemas regulatorios, así como la protección de los usuarios y la normalización de los precios mayoristas.
Según Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, la extensión de la emergencia es razonable debido a los persistentes desafíos en el sector. “Hay cuellos de botella en la generación, transporte y distribución y el sistema está al límite. Si Argentina desea crecer, necesita inversiones en estos tres sectores. La extensión tiene sentido”, añadió el experto.
Dreizzen señala que para transformar los recursos en valor, se requiere “previsibilidad, confianza contractual, articulación entre las partes y ejecución.” En este sentido, el Gobierno está implementando una reforma del sistema eléctrico para estimular un sector que ha estado completamente intervenido.
Sin embargo, Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, cuestiona la necesidad de declarar una emergencia en el sector, considerándolo un exceso regulatorio que no cumple con los criterios establecidos por la Corte Suprema para justificar legalmente dicha situación.
Carbajales identifica tres áreas que comprometen la emergencia. Por un lado, argumenta que muchos de los problemas que se mencionan en el decreto ya han sido abordados por revisiones tarifarias integrales en años anteriores y por la reforma que busca una adaptación gradual del Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro lado, sostiene que en cuestiones de generación y transporte, los problemas pueden solucionarse sin declarar una emergencia, como lo demuestran las licitaciones para baterías o líneas de alta tensión.
Recientemente, la empresa Aluar fue adjudicada con dos proyectos de almacenamiento de energía eléctrica en las licitaciones de AlmaGBA y AlmaSADI, invirtiendo 50 millones de dólares en la instalación de dos Centrales de Generación de Almacenamiento de Energía Eléctrica (BESS, por su sigla en inglés). Estas baterías proporcionarán soporte al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) durante los picos de demanda cuando la capacidad de generación sea insuficiente.
Una de las instalaciones se ubicará en San Fernando y la otra en Goya, atendiendo a la región del NEA.
En las últimas semanas, el aumento de la demanda de gas durante los picos invernales ha puesto a prueba el suministro a las industrias. Algunas provincias han optado por reemplazar combustibles en la generación eléctrica, con el fin de disminuir la demanda y los costos asociados.
Sin embargo, Dreizzen aclara que esta situación es habitual en invierno, ya que la demanda de gas en Argentina puede llegar a sextuplicarse en esta época del año. Las importaciones son frecuentes durante este período para satisfacer la demanda, pero el aumento de los precios internacionales ha llevado a faltantes, dado que en algunos casos el costo del gas importado se ha disparado a 20 dólares por metro de BTU, en comparación con los 7 dólares que se pagan por red.
El especialista también apunta que la ventaja podría derivar del saldo exportable. Se estima que la balanza energética de este año tendrá un superávit de 12.000 millones de dólares, gracias al incremento de las exportaciones y la disminución de las importaciones de combustibles y energía.
