Los acusadores intentan revertir la decisión del juez federal Luis Armella, quien había exonerado a Clerici después de una pericia contable que concluyó que la modelo no había recibido dinero ni bienes de Insaurralde. Mola y Velasco sostienen que aún hay pruebas pendientes que es necesario analizar para esclarecer el origen de ciertos fondos y la relación entre Clerici y el exfuncionario.
El planteo de los fiscales se centra en las supuestas incongruencias en el patrimonio de Clerici, intentando establecer si hay alguna conexión entre sus propiedades, el dinero hallado en su casa y la situación financiera de Insaurralde. Según la documentación a la que se tuvo acceso, el sobreseimiento es tildado de “prematuro y arbitrario”, dado que la investigación aún está activa y no se han agotado las pruebas cruciales.
Uno de los argumentos más relevantes es que el juez Armella descartó toda relación entre las irregularidades patrimoniales y el posible lavado de activos, pero simultáneamente dispuso que ciertos testimonios fuesen enviados a la Justicia Federal de San Isidro para investigar si podrían constituir otros delitos. Esta contradicción, según Mola, implica que no se puede afirmar que un conjunto de hechos carezca de relevancia penal y, a la vez, contribuir a una nueva investigación de esos mismos hechos.
Además, los fiscales han indicado la desproporción que existe entre el patrimonio de Clerici y sus ingresos reportados, destacando la compra de un inmueble valorado en aproximadamente 510.000 dólares a través de una sociedad que, según se alega, no operaba ni contaba con fondos propios, así como la adquisición de bienes suntuarios y un automóvil Ford Mustang.
Por otro lado, cuestionaron la interpretación del peritaje contable realizada por Armella, que señaló la falta de documentación que probara transferencias de dinero de Insaurralde a Clerici. No obstante, los fiscales argumentan que esta conclusión es únicamente documental y no puede garantizar que no haya existido una transferencia de fondos.
Finalmente, los fiscales enfatizaron que todavía hay medidas que deben ser cumplidas, como un análisis exhaustivo de las comunicaciones y geolocalización de los involucrados. Aseguran que el teléfono de Insaurralde no fue incautado y que el dispositivo de Clerici no pudo ser abierto por fallas técnicas. Además, aún queda pendiente la tasación de la propiedad de la modelo y una investigación más profunda sobre los movimientos financieros de ambos.
El nuevo juez del caso, Tomás Rodríguez Ponte, se encargará de evaluar la apelación presentada, y si la acepta, será la Cámara Federal de La Plata la que decida si ratifica la resolución del magistrado Armella o, en cambio, revierte el sobreseimiento y ordena continuar con la indagación sobre Sofía Clerici.
