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Solicitan juicio político contra el juez que exoneró a un líder sindical acusado de extorsión

16 octubre, 2026
in Política
Solicitan juicio político contra el juez que exoneró a un líder sindical acusado de extorsión
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El diputado de la provincia de Buenos Aires y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, ha presentado un pedido de juicio político contra el juez Alejandro López. Este magistrado absolvió al dirigente del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, quien enfrentaba cargos de extorsión y participación en el bloqueo de una empresa distribuidora en San Pedro. La denuncia se centra en el posible mal desempeño del juez, debido a presuntas irregularidades en la fundamentación de su fallo.

La solicitud fue entregada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires. Passaglia cuestionó la decisión de López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, quien el 14 de octubre dictó la exoneración de Cabaleyro y otros seis imputedos, en un caso que surgió de las denuncias de los dueños de Rey Distribución.

El legislador, que representa al partido Hechos, hizo pública su decisión a través de una red social. “Por eso pedí el Jury del juez López. Y quiero que se investigue a fondo cómo llegó a justificar esta decisión. Ser juez no te hace intocable. Si tomás una decisión de esta gravedad, tenés que dar explicaciones. Y si no podés justificarla, no podés seguir administrando justicia como si nada hubiera pasado”, expresó.

Passaglia recordó los incidentes de 2021, cuando trabajadores del sindicato realizaron protestas frente a la distribuidora. “Ahora el juez garantista Alejandro López los absolvió. Reconoció que hubo bloqueo, pero consideró que estaban ejerciendo legítimamente un derecho. Es una locura”, afirmó.

El diputado agregó: “Un derecho que atropella los derechos de muchas otras personas no puede justificarse. Una cosa es reclamar. Otra es plantarte en la puerta de una empresa y no dejarla trabajar”.

La denuncia judicial, respaldada por el abogado Ignacio Mateucci, sostiene que el juez pudo haber incurrido en “incumplimientos graves de los deberes inherentes a su cargo” al fundamentar sus absoluciones en relación con los bloqueos denunciados por la empresa.

La presentación se concentra en dos puntos específicos de la sentencia. El primero es la interpretación del juez sobre el derecho de huelga y su correlación con los derechos a la propiedad y el ejercicio de actividades comerciales.

Se alega que López reconoció que las protestas generaron obstrucciones en el acceso a la distribuidora, afectando la salida de vehículos y limitando la operatividad de la empresa. Sin embargo, consideró que tales acciones estaban amparadas por el ejercicio de un derecho, el de huelga.

Passaglia enfatizó que el magistrado justificó la forma de protesta en base a reclamos laborales sin evaluar debidamente los límites de las acciones adoptadas.

El documento también critica el uso de precedentes judiciales para sustentar la absolución, citando el caso “Kot”, un fallo de la Corte Suprema de 1958 sobre la ocupación de un establecimiento durante un conflicto laboral. Según el denunciante, el juez aplicó este precedente de manera que no explicó su pertinencia para los hechos en cuestión.

“No se solicita su revocación ni la condena de los absueltos”, aclaró la presentación respecto al pedido. El propósito es determinar si hubo una deficiencia en la fundamentación de la sentencia que justifique un proceso de enjuiciamiento.

La sentencia, que generó la denuncia, fue emitida el miércoles, cuando López absolvió a Cabaleyro, un referente del Sindicato en San Nicolás, San Pedro y Ramallo, y a otros seis acusados por los incidentes que denunciaron los propietarios de Rey Distribución.

El caso tuvo su origen en diversos conflictos entre el sindicato y los propietarios de la empresa, quienes alegaron bloqueos y supuestas exigencias económicas para permitir el funcionamiento normal de la distribuidora. Entre las protestas se encontraron paralizaciones el 15 de enero de 2021 y entre el 22 y el 25 de febrero del mismo año, cuando los manifestantes se congregaron frente a la sede en la calle Bonorino 175, en San Pedro.

Durante el juicio, Cabaleyro, quien se encontraba con prisión preventiva, fue acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión. La Fiscalía solicitó una condena de diez años, mientras que la querella pidió quince.

Sin embargo, el juez concluyó que las acciones vinculadas con los bloqueos no constituían los delitos imputados, argumentando que se trataba del ejercicio del derecho de huelga. Afirmó que no se habían verificado otros cargos contra el dirigente.

En los fundamentos de su fallo, López indicó que no hubo violencia ni daños, y que tampoco se probó que las protestas incluyeran intimidaciones o amenazas hacia terceros.

La decisión también determinó la inmediata libertad de Cabaleyro, quien había sido detenido en abril de 2022 y se encontraba bajo arresto domiciliario.

La captura del sindicalista había generado un fuerte conflicto entre Camioneros y el municipio de San Nicolás, gobernado entonces por Passaglia, con protestas y bloqueos que perjudicaron la recolección de residuos y la distribución de alimentos.

El choque político entre el exintendente y el gremio de Hugo y Pablo Moyano resurgió tras la absolución.

Con la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, Passaglia busca que se revise la conducta del juez López y se determine si hay fundamentos para proceder con un proceso de remoción. En su solicitud, pide que, si se comprueban cargos suficientes, “se continúe el procedimiento de enjuiciamiento y se adopte, en la etapa legal oportuna, la decisión que corresponda”.

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