Las propuestas más destacadas son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, y la esperada adhesión de Argentina al tratado internacional de cooperación en materia de patentes.
El temario también incluye iniciativas que han surgido como resultado de concesiones a partidos en busca de diálogo: se planteará la reducción del IVA sobre la fécula de mandioca del 21% al 10,5%, una medida que beneficia a Misiones; la declaración simbólica de varios sectores como capitales nacionales en diversas provincias; y la promulgación de la “Ley Joaquín”, que introduce normas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.
Además, se discutirá la declaración del “Camino de Brochero” en Córdoba como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la validación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y la reestructuración y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.
En relación a la reforma del Banco Central, esta ha sido calificada por el propio presidente Javier Milei como “la más importante” de su gestión, con el objetivo de reforzar el principio de emisión cero, al considerarlo crucial para combatir la inflación.
La propuesta incluye la prohibición de adelantos transitorios al Tesoro, la restricción de préstamos a provincias y el limitar la transferencia de utilidades a las ganancias efectivamente generadas por la entidad. Se busca también consolidar un único mandato: la preservación del valor de la moneda, excluyendo el financiamiento del Tesoro.
“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación siempre es un fenómeno monetario originado por un exceso de oferta que resulta en una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debería ser función del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, indica el proyecto.
Asimismo, se pretende robustecer la independencia del Banco Central, mediante el establecimiento de requisitos más rigurosos para la remoción de su presidente y directores, requiriendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
En cuanto a la nueva ley de Inocencia Fiscal, esta reemplaza disposiciones de la ley 27.799, ampliando el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Ahora, podrán adherir todas las personas y sucesiones residentes en el país, sin límites en ingresos ni patrimonio. Anteriormente, solo era accesible para quienes tuviesen ingresos anuales de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La iniciativa también extenderá el plazo de acceso a este régimen hasta el 31 de diciembre de 2027, manteniendo las facultades de fiscalización de la ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica. Además, redefine el concepto de “discrepancia significativa” que permite a ARCA impugnar declaraciones juradas simplificadas.
Por otro lado, los contribuyentes que opten por este régimen simplificado deberán realizar sus transacciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Recientemente, se acordó una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas.
Respecto a la Ley de Adhesión al Tratado de Patentes, se busca facilitar el proceso de registro de patentes mediante un sistema internacional al que han adherido 158 países. Esta medida representa una oportunidad para investigadores y empresas argentinas, aunque también conlleva riesgos, ya que facilitaría a multinacionales extranjeras patentar ciertos productos, posiblemente dañando la competencia local y encareciendo los medicamentos.
Específicamente, el patentamiento de medicamentos estadounidenses podría afectar negativamente la producción de genéricos de laboratorios locales, resultando en mayores costos que eventualmente se trasladarían al sistema de salud y complicarían el acceso de la población a los medicamentos.
Finalmente, el Gobierno decidió mantener reservado el capítulo II del tratado, asegurando así la adhesión al sistema internacional de patentes pero preservando el control nacional sobre la evaluación técnica y el patentamiento de medicamentos.
