“La definición de gestión de intereses es demasiado amplia”, señaló Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Explicó que cualquier interacción, ya sea una reunión, llamada telefónica o correo electrónico dirigidos a legisladores o funcionarios, con el fin de promover cambios en políticas públicas podría quedar bajo el alcance del nuevo régimen.
“Una cosa es un interés particular de una empresa y otra muy distinta impulsar mejoras en una ley de acceso a la información pública o una política vinculada al fortalecimiento democrático”, agregó Secchi.
Entre las críticas al proyecto destaca la pregunta: ¿estamos ante una ley que afecta a las ONG? La iniciativa considera como “gestión de intereses” cualquier actividad de promoción, representación o incidencia destinada a influir en decisiones públicas, ya sea por individuos o entidades, con o sin fines de lucro. La medida también incluye a quienes actúan en representación de terceros.
Además, se ha informado que asociaciones de magistrados también han manifestado su preocupación, ya que la redacción del texto podría confundir el ejercicio profesional con el lobby.
Desde Poder Ciudadano, se advierte que la normativa no establece una clara distinción entre las actividades de lobby enfocadas en logros particulares y las acciones de incidencia relacionadas con el interés general. Expresan su temor a que las organizaciones que promueven reformas legislativas o supervisan políticas públicas se enfrenten a las mismas obligaciones que empresas o consultoras dedicadas a representar intereses.
“Con esa información, el Estado podría, por ejemplo, presionar a funcionarios, legisladores o asesores que se reúnan con la sociedad civil que tenga visiones diferentes a las del Estado en determinado tema”, explicó Secchi.
Las inquietudes también surgen en la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), que agrupa a más de 280 organizaciones en todo el país. En un comunicado emitido tras la presentación del proyecto, advirtió que las amplias definiciones podrían abarcar muchas de las actividades que realizan cotidianamente. Los riesgos identificados incluyen potenciales casos de estigmatización pública, sobrecargas administrativas, aumento de los controles, campañas de desinformación y posible uso político de los registros.
“Si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque en ‘intereses extranjeros’ y la inclusión de sanciones penales generan preocupaciones significativas para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, sostuvieron.
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), comparte algunas de estas objeciones. A pesar de considerar necesaria una regulación sobre la actividad de lobby, critica que se someta bajo un mismo marco a organizaciones civiles y actores económicos con intereses comerciales. “No es lo mismo una actividad realizada por intereses económicos que otra impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscan promover causas de interés público”, subrayó.
También cuestionó la dureza del régimen sancionador. “La pena de prisión es absolutamente desmedida”, aseguró. Talerico resaltó que la normativa vigente ya contempla figuras como el tráfico de influencias para penalizar conductas orientadas a obtener beneficios indebidos mediante la influencia sobre funcionarios públicos.
A esto se suma la desconfianza que despierta el origen de la iniciativa, considerando que proviene de un gobierno que ha defendido la desregulación. La exfuncionaria también advierte sobre una tensión con la reforma política que impulsa el oficialismo, especialmente en lo referente al financiamiento político, donde se observa una flexibilización de controles que contrasta con el nivel de supervisión previsto para las organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto, titulado “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, fue enviado a la Cámara de Diputados la semana pasada y su debate comenzará este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La propuesta abarcaría al Poder Ejecutivo y al Legislativo, buscando esclarecer quién intenta influir en las decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué temas. Para ello, propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente las personas y entidades que realicen estas acciones, así como un Registro Público de Gestión de Intereses, donde los funcionarios deberán reportar cada contacto mantenido con gestores, detallando participantes, fecha, organismo involucrado y asuntos tratados.
El régimen además obligaría a revelar a quiénes representan los gestores, sobre qué asuntos pretenden impactar y si están vinculados a intereses extranjeros. También requeriría la presentación de informes trimestrales con un desglose de las actividades realizadas.
Un punto de especial atención es la lista de actividades excluidas, donde se establece que quedarán exceptuadas las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, aunque la excepción solo aplicaría cuando estas no busquen influir en decisiones públicas concretas.
Otro capítulo polémico se refiere a la declaración de “intereses extranjeros”. El proyecto impone la obligación de declarar explícitamente cuando una gestión es realizada en representación, financiamiento o beneficio de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior, permitiendo además requerimientos adicionales de información en ciertos casos.
La iniciativa también contempla un régimen de sanciones tanto administrativas como penales, con multas que van de cinco a 500 salarios mínimos, llegando incluso a los 2000 salarios mínimos en situaciones agravadas. Asimismo, se prevén penas de prisión para quienes realicen gestiones sin la inscripción previa, oculten información relevante o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas consideradas sensibles.
