Las maniobras de Adorni para justificar su incremento patrimonial

Manuel Adorni enfrenta dificultades para ofrecer explicaciones coherentes acerca de su notable incremento patrimonial desde su llegada a la Casa Rosada. Al presentar sus argumentos ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, intentó fortalecer la teoría de que acumuló riqueza a través de criptomonedas entre 2014 y 2017, periodo en el que, según él, vivió modestamente. Sin embargo, su estilo de vida cambió drásticamente tras ser designado vocero y posteriormente jefe de gabinete. Relató que las razones de seguridad lo llevaron a mudar su hogar y, en ese contexto, adquirió dos propiedades, una de ellas en un country. También gastó en viajes de lujo y se permitió varios lujos personales, lo cual contradice las declaraciones de su escribana de operaciones inmobiliarias, quien había mencionado que se le brindó todo de una vez. Adorni tenía que responder a un requerimiento patrimonial formulado por Pollicita, donde su argumento central gira en torno a una inversión de 200.000 dólares en criptomonedas entre 2014 y 2017, que, según él, se multiplicó hasta alcanzar casi 600.000 dólares. A partir de esta suma, empezó a convertir Bitcoin en efectivo, que guardó en su hogar y, junto a su esposa, decidieron “vivir como si no lo tuvieran”, destinados, dijo, a asegurar la educación y el futuro de sus hijos. Pero con su reciente ascenso como funcionario del gobierno de Javier Milei, su enfoque pareció cambiar: adquirió un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, realizó reformas costosas, pagó a su escribana, viajó al Caribe, optó por vuelos en primera clase junto a su esposa y realizó gastos exorbitantes con tarjetas de crédito, algunas de ellas ajenas. La defensa del exvocero sostiene que todos estos ingresos se generaron antes de su función pública, que eran ingresos no declarados y que, por un “error”, no los incluyó en su declaración jurada al asumir su cargo. Asegura que rectificar esa situación es su derecho y que no puede ser utilizado en su contra. Al ser presionado para que aclare sus gastos y los mecanismos que empleó, el fiscal subrayó que Adorni debía justificar el origen de 402.578 dólares que gastó durante sus dos años y medio en el Gobierno, además de 43 millones de pesos adicionales. Los cálculos de la fiscalía indicaron que sus ingresos, junto a los de su pareja, Bettina Angeletti, no eran siquiera suficientes para cubrir sus gastos habituales, que incluyen impuestos, servicios y viajes. A pesar de ello, logró abonar los gastos mencionados. En relación a su defensa, Adorni refutó el costo de 245.000 dólares que alegó el contratista Matías Tabar para las remodelaciones de su casa en el country, argumentando que el gasto real fue de 175.000 dólares. La defensa de Adorni, dirigida por Matías Ledesma, argumentó que la diferencia de 43 millones de pesos en sus gastos corrientes frente a sus ingresos es “una brecha residual” que no evidencia “una desproporción manifiesta”, considerada compatible con las imprecisiones inherentes a la reconstrucción de flujos económicos de un matrimonio en ese periodo. Afirmaron, además, que Angeletti no había llevado a cabo maniobras para ocultar su aumento patrimonial. La reciente teoría sobre sus ahorros en criptomonedas fue mencionada por primera vez el 10 de junio, cuando Adorni declaró que había estado invirtiendo en Bitcoin desde hacía doce años, justo después de entregar su tardía declaración jurada. Antes, solo había mencionado que su capital provenía de su labor en el sector privado. A raíz de una serie de publicaciones mediáticas que ponían en duda su situación, presentó rectificaciones de sus declaraciones juradas junto con la justificación de su ahorro en criptomonedas. La defensa argumenta que no cometió ninguna irregularidad, ya que las rectificaciones fueron presentadas antes de que el fiscal formulara su requerimiento de justificación formal. Adorni planteó que si realmente quisiera ocultar sus activos, no habría revelado dicha información en sus entrevistas ni mostrado sus billeteras virtuales en redes sociales. También defendió que fue un descuido no haber declarado 500.000 dólares en efectivo que tenía en su domicilio, aludiendo a que comenzó a comprar Bitcoin en 2014, una afirmación que fue rápidamente desmentida por expertos en el área. El exfuncionario reveló que su enfoque sobre el ahorro para sus hijos cambió tras asumir su cargo. Justificó sus decisiones diciendo que la inseguridad de su vivienda en un primer piso lo llevó a adquirir una nueva propiedad en Caballito y que la compra de la casa en Indio Cuá respondió a un incidente en la vía pública que lo llevó a buscar un lugar más seguro para sus hijos. Si bien no se extendió sobre sus gastos en viajes a destinos como Aruba y Gualeguaychú, argumentó que todo fue financiado con sus ahorros y los ingresos de su esposa. Adorni reportaba ingresos de 3 millones de pesos que, a principios de año, aumentaron a 7 millones, mientras que Angeletti percibía un monto similar. Respecto al costo de las reformas en su casa de Indio Cuá, Adorni negó haber pagado 245.000 dólares, como sostuvo el contratista Matías Tabar, afirmando que este llevaba un control informal de los gastos. Detalló que realizó un pago inicial de 35.000 dólares en efectivo, sin recibo, y que, según un perito arquitecto, el gasto total ascendió a 174.954,58 dólares, dados los múltiples ítems sin comprobante y la falta de documentación adecuada. Reportó que hay material sin registro de pago, otros con fechas contradictorias y ninguna documentación técnica respecto a la obra. Por otro lado, Adorni se justificó respecto a las compras realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a terceros, señalando que lo hizo debido a las limitaciones de tiempo por las exigencias de su cargo público. Menciona que su secretaria, Gisela Kocsis, pagó 8 millones de pesos en artículos de blanquería, habiendo cobrado la suma en efectivo posteriormente. La defensa asegura que nunca hubo intenciones de hacer un uso indebido de terceros. Adorni considera que su evolución patrimonial se justifica por operaciones lícitas y compatibles con los ingresos de su familia, negando cualquier acusación de enriquecimiento ilícito, dado que sus ingresos en criptomonedas fueron acumulados antes de su ingreso a la función pública, y sostiene que no ha habido omisiones en su declaración.