El lanzamiento de Gemelo Digital Social se realizó justo antes de la visita de la ministra Sandra Pettovello al Vaticano, en el contexto de gestiones para invitar al papa León XIV a Argentina. Esta semana, el pontífice publicó una encíclica que resalta la necesidad de un enfoque civilizatorio ante el avance de la IA. Ante la preocupación generada, el ministerio emitió un comunicado en el que asegura que “se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas”.
El objetivo de adoptar sistemas nacionales y soberanos que empleen IA para “describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión”, como menciona el comunicado, es considerado necesario por los expertos del sector. Sin embargo, las reuniones previas entre Javier Milei y ejecutivos de empresas extranjeras que manejan datos ciudadanos en sus respectivos países han generado desconfianza y preocupación en la oposición.
En respuesta, cinco diputados del bloque Provincias Unidas (Juliano, Scaglia, Paulón, Basualdo y Torres) han solicitado información al Ministerio de Capital Humano sobre el acceso a los datos de los ciudadanos, el presupuesto asignado al programa, la posibilidad de que el sistema implemente un perfilamiento automatizado de la ciudadanía y las medidas a tomar para prevenir la discriminación algorítmica. Por su parte, el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) ha llevado el asunto a la esfera judicial al presentar un hábeas data colectivo en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, exigiendo información sobre la participación de organismos públicos y empresas en el desarrollo del sistema.
En el Congreso, ya se registró un antecedente en marzo de este año cuando la diputada Marcela Pagano (del bloque Coherencia) propuso un “Régimen Nacional de Gemelos Digitales para Infraestructura Pública”, destinado a establecer el marco legal para la creación, implementación, mantenimiento y gobernanza de sistemas de automatización. La diputada afirmó: “Ellos vienen copiando todas mis iniciativas” e informó que ya había discutido su propuesta con otros legisladores, aunque no pareció ser su momento debido a las emergencias que deben priorizarse en el Congreso. “Yo voy a sostener mi iniciativa”, agregó.
En lo que va de este año, se han presentado 23 proyectos de ley relacionados con la revisión de la legislación de Protección de los Datos Personales, aprobada en 2000 y que no contempla herramientas para abordar las nuevas plataformas digitales ni los sistemas de IA. Legisladores han resaltado la urgencia de este debate tras la publicación del DNU 941/2025, que modificó la Ley de Inteligencia y permitió el acceso de la SIDE a datos del RENAPER, Migraciones y Aduana.
Por otro lado, un informe de Amnistía Internacional ha analizado el impacto de programas similares en Europa. En los Países Bajos, por ejemplo, “las autoridades fiscales adoptaron un sistema de decisión algorítmica para anticiparse a solicitudes potencialmente fraudulentas. Sin embargo, esto derivó en xenofobia contra niños que dependían de asistencia social”. Asimismo, en Serbia, el intento de automatizar el registro de la “tarjeta social” resultó en discriminación, afectando desproporcionadamente a personas con discapacidades y a comunidades en situación de pobreza extrema, según el estudio.
En Argentina, un caso reciente de filtración de datos ocurrió cuando PAMI divulgó información de sus afiliados, que incluía historia clínica y diagnósticos, sin restricciones. Aunque se trató de un incidente aislado y el organismo inició investigaciones internas, hasta ahora no se ha promovido acción judicial por la supuesta violación de la actual ley de protección de datos.
