La morosidad en el sector industrial se quintuplicó en 18 meses

En Argentina, la morosidad en el ámbito industrial ha mostrado un aumento continuo en un periodo de 18 meses. Entre diciembre de 2024 y junio de 2026, la tasa de irregularidad del crédito bancario destinado a la industria subió del 0,7% al 3,8%, según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). El informe destaca que “desde mediados de 2025, la mejora del crédito a las empresas iniciada en 2024 perdió fuerza”. En el intervalo entre julio de 2025 y mayo de 2026, el crecimiento fue de solo 0,2% en términos reales, un marcado contraste con el 106% de expansión registrado entre diciembre de 2023 y julio de 2025. La entidad fabril atribuye este estancamiento a un “endurecimiento de la política monetaria con suba de tasas y encajes bancarios, que limitó el acceso al financiamiento por parte de las empresas”. Actualmente, aproximadamente el 12% de las empresas industriales con deudas bancarias se encuentran en mora, lo que afecta directamente a unas 4.300 firmas. El total del crédito disponible para este sector alcanzó los $25 billones en junio de 2026, representando el 30% del financiamiento corporativo total, con un saldo irregular acumulado de $968.000 millones. Las estadísticas evidencian un notable grado de desigualdad, con una carga de deuda promedio de 228 millones de pesos por empresa: el 40% de las que se encuentran en situación irregular debe menos de $1 millón; el 26% tiene deudas entre $1 millón y $10 millones; el 16% debe entre $10 millones y $50 millones, y el 18% restante supera los $50 millones. El informe también resalta la velocidad con que ha empeorado la situación crediticia: el 80% de las compañías que actualmente presentan irregularidades eran deudores regulares antes de 2024, con el número promedio de empresas que caen en morosidad pasando de 174 en diciembre de 2024 a 442 por mes en junio de 2026. El impacto varía significativamente según la rama industrial, con algunos subsectores superando el 10% de morosidad, mientras que otros se mantienen por debajo del 1%, lo que refleja las diferencias en la actividad económica. Sin embargo, un 6,2% de las empresas endeudadas (alrededor de 2.100 firmas) logró regularizar su situación a través de pagos extraordinarios o refinanciaciones. El CEU-UIA también observó que la desaceleración en el crédito productivo no afecta a todas las empresas por igual. Las pymes experimentaron un leve incremento del 3,4% interanual real, mientras que las grandes empresas vieron caer el financiamiento en pesos en un 14,9% real. En un contexto de alta volatilidad en las tasas de interés, las empresas que pudieron acceder al mercado cambiario optaron por el financiamiento en moneda extranjera; el crédito en dólares creció un 39,1% real para las pymes y un 30,3% para las grandes empresas. Para las mayores, el financiamiento en moneda extranjera ha superado al crédito en pesos, este último sigue siendo predominante entre las empresas más pequeñas. La UIA observó que las altas tasas, junto con una menor actividad y costos crecientes, han generado un “estrés financiero” que afecta aún más a las empresas, complicando su capacidad para cumplir con los pagos. Según la última Encuesta de Indicadores Industriales y Expectativa del CEU-UIA, el 47% de las empresas industriales experimentó atrasos en al menos uno de sus pagos principales, incluidos impuestos, proveedores y deudas financieras. Esta situación ha generado un “efecto contagio” en el resto del sector, que enfrenta incrementos en las tasas y una restricción del crédito bancario debido al deterioro de las carteras crediticias por la creciente morosidad. Esto ha llevado a un impacto generalizado en todas las empresas, especialmente en las pymes, quienes enfrentan un crédito más caro y menos accesible. Ante este panorama, la UIA ha propuesto impulsar diversas herramientas para retomar el crecimiento del crédito, incluyendo la reducción gradual de los encajes bancarios, el fortalecimiento de los sistemas de garantías tanto públicas como privadas y la eliminación total de impuestos sobre refinanciaciones de pasivos, para aliviar la carga fiscal sobre capitales que ya habían tributado.