El debate se centra en la aplicación de esta ley, cuya ejecución ha sido cuestionada por el Gobierno desde que fue parcialmente vetada en 2025, y nuevamente al objetar su sanción cuando el Congreso insistió en su aprobación. Según el argumento oficial, la ley no especifica con claridad de qué partidas deben provenir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para su financiamiento.
Con este avance, la Corte está en posición de emitir un fallo, lo cual mantiene la expectativa para su próxima reunión de acuerdo programada para el jueves. De acuerdo con la normativa vigente, no es necesario que se remita el expediente al Ministerio Público Fiscal para emitir una opinión, aunque esta puede ser solicitada.
La normativa cuestionada prevé la actualización automática de los fondos según la inflación, así como la recomposición salarial de docentes y personal no docente, además de aportes específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
A pesar de esto, su implementación se vio obstaculizada por la Ley de Presupuesto 2026 y la Decisión Administrativa 20/2026.
En respuesta a estas limitaciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que logró fallos favorables en primera y segunda instancia. A su vez, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, argumentando que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley ocasionaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Paralelamente, las universidades están impulsando un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, buscando la liberación de las transferencias adeudadas. Hasta que la Corte no se pronuncie sobre el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanecerá suspendida y el Ejecutivo no tendrá la obligación de realizar los desembolsos correspondientes.
No obstante, no hay plazos establecidos para que el máximo tribunal se pronuncie. Fuentes consultadas han indicado que la Corte podría desestimar el recurso sin entrar en el análisis del fondo, bajo el amparo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En caso de que opte por esta vía, se mantendría firme la sentencia de Cámara que ordena al Gobierno transferir los fondos.
Reacción del Gobierno a la movilización universitaria
A pesar de la masiva convocatoria, el Gobierno ha minimizado el impacto de la movilización universitaria de este martes, calificándola como una “marcha política” orquestada por la oposición. Javier Milei siguió de cerca el desarrollo de los eventos desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes contrarios a la protesta, aunque optó por no hacer declaraciones directas al respecto.
Mientras miles de ciudadanos se reunían en la Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada reiteraron su postura sobre el tema.
