Las comisiones de Salud y Legislación General se reunirán a las 15 con el objetivo de avanzar hacia la elaboración de un dictamen que contemple las modificaciones consensuadas entre el oficialismo, grupos dialoguistas y los ministros de salud provinciales.
Este proyecto había encontrado obstáculos principalmente debido a las discrepancias en torno a las condiciones para realizar una internación involuntaria. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se reunió el 24 de agosto con ministros provinciales y funcionarios del Ministerio de Salud para encontrar caminos que permitan avanzar en esta iniciativa.
Con los ajustes que el oficialismo está dispuesto a aceptar, se espera destrabar el tratamiento de una reforma que ha generado divisiones tanto dentro del oficialismo como con la oposición.
El proyecto fue presentado en abril y, aunque se llevaron a cabo tres reuniones informativas, no se han realizado más encuentros desde el 20 de mayo en un intento de llegar a acuerdos.
Entre los principales cambios propuestos se establecen nuevas condiciones para autorizar una internación involuntaria. La propuesta en consideración requiere la intervención de dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, un psiquiatra, evitando la limitación a la intervención exclusiva de un especialista en psiquiatría.
Además, se mantiene el criterio de que estas internaciones solo podrán llevarse a cabo en casos de riesgo grave de daño a la vida o integridad física del individuo o de otros.
La reforma también estipula que el abordaje debe adaptarse a la edad, desarrollo cognitivo, y situación afectiva y mental de cada paciente. También se contemplan modificaciones en los procedimientos de comunicación a la Justicia, permitiendo, en situaciones excepcionales, la extensión del plazo para notificar y fundamentar las razones de la internación.
Otro cambio propuesto es la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, como condicionante para la internación. Asimismo, se establece la notificación anticipada a un representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos, con el fin de coordinar la reintegración de la persona a su entorno.
La reforma considera además un enfoque específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad, que debe estar a cargo de equipos profesionales formados en la atención de esta población.
Un aspecto clave del proyecto es la incorporación de las adicciones a las drogas como parte del abordaje de la salud mental, un cambio significativo promovido por el Gobierno.
El texto en discusión en la comisión mantiene la prohibición de crear manicomios o instituciones de internación crónica exclusivamente para personas con problemas de salud mental, reafirmando así un principio establecido en la normativa actual. También se prevé la eliminación de los artículos vinculados a la Ley 26.827, que se relaciona con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
