La administración planea acelerar el tratamiento de esta iniciativa. Según informaron desde el bloque de La Libertad Avanza, la discusión comenzará “en breve” en las comisiones, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto antes de que finalice el período ordinario en diciembre.
De este modo, el oficialismo añadirá otro tema a la agenda de debate, que ya incluye cuestiones como el endeudamiento y la morosidad familiar, la emergencia en discapacidad, la denominada ley Malvinas, el megadecreto 70/23 cuya derogación busca la oposición, así como la reforma política y el Presupuesto 2027.
Desde la Casa Rosada se han estado preparando diversas iniciativas para fortalecer la asociación de Javier Milei con la consigna de “mano dura”, con la intención de contrarrestar un contexto económico complicado y enfrentar al kirchnerismo bajo esta misma propuesta. Los temas se abordarán de forma individual, como aclararon desde el bloque dirigido por Martín Menem y presidido por Gabriel Bornoroni.
La primera propuesta de este conjunto fue presentada por la diputada Virginia Gallardo, quien aclaró que fue elaborada en conjunto con Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal. La iniciativa cuenta también con las firmas de la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas), la mendocina Pamela Verasay (UCR), la tucumana Gladys Medina (Independencia), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y otras legisladoras oficialistas.
Se trata de una reforma parcial del Código Penal que aborda dos aspectos clave. En primer lugar, modifica artículos e introduce otros nuevos que establecen que la acción penal no prescriba para los delitos sujetos a prisión perpetua y aumenta los plazos para aquellos penados con prisión temporal (de 12 a 15 años) y los sancionados con inhabilitación temporal (de uno a tres años).
“Si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”, argumentan los autores del proyecto en sus fundamentos.
La propuesta también sugiere incluir como razones para suspender la prescripción los períodos de procesos a prueba y las condiciones de conciliación. Asimismo, para interrumpir la prescripción, se añadirían la declaración de rebeldía y el pedido de extradición como causas que hagan nulo el plazo transcurrido.
En cuanto a las escalas penales, se plantea aumentar los máximos por abuso sexual simple (hasta seis años), gravemente ultrajante (hasta 12 años), con acceso carnal (hasta 20 años) y hasta 22 años en casos agravantes. “Se actualiza la respuesta penal frente a delitos contra la integridad sexual, considerando la especial gravedad de las conductas incluidas y la necesidad de contar con escalas que permitan individualizar adecuadamente la sanción”, sostiene ese segmento del proyecto.
El Gobierno ha considerado que ha sacado partido del debate y la aprobación de la reducción de la edad de imputabilidad, y han delineado un paquete de reformas que incluye el endurecimiento de penas para delitos como entraderas, salideras bancarias, la entrada ilegal de extranjeros al país, así como delitos relacionados con el narcotráfico y los perpetrados por “motochorros”, entre otros. En el Congreso, por el momento, el bloque libertario no ha proporcionado detalles sobre la presentación del resto de las iniciativas para aumentar las penas.
