Enarsa, la empresa estatal encargada de gestionar los contratos del programa de subsidios Plan Gas.Ar, acumula deudas generadas por el gas suministrado en enero, febrero y marzo, y en pocos días también vencerá la factura de abril. La deuda actual asciende a US$180 millones y, sumando el vencimiento del 4 de julio, se proyecta que superará los US$260 millones antes del inicio más agudo del invierno.
El desglose de la deuda es el siguiente: el 60% de la factura correspondiente a enero, que suma US$45 millones, venció el 6 de abril; la de febrero tuvo su plazo el 4 de mayo, aumentando la deuda total a US$115 millones; mientras que la de marzo venció el 4 de junio, alcanzando un monto acumulado de US$180 millones. La próxima factura de abril, que vence el 4 de julio, llevará la deuda más allá de los US$260 millones. Además, si los impagos persisten en meses de alta demanda, el sector estima que la cifra podría llegar hasta los US$500 millones.
La preocupación de la industria no solo radica en la magnitud del monto, sino en la prolongación del atraso: nunca se había visto una acumulación de tantos meses consecutivos en mora. Mientras que el año anterior la morosidad se concentró en pocas facturas de mayor valor unitario durante el invierno, este año incluye varios meses continuos justo al inicio de la temporada de consumo elevado. “Estamos entrando al invierno donde sí van a empezar a haber facturas más grandes”, apuntan de manera reservada en el sector.
Las productoras han comenzado a movilizarse institucionalmente. A través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE), que agrupan a las principales empresas del rubro, se enviaron cartas de reclamo a la Secretaría de Energía. En el fondo, el destinatario es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tiene el control efectivo sobre los desembolsos del Tesoro y actúa como responsable final de los pagos.
Las empresas involucradas son las que sostienen la producción del Plan Gas.Ar: YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. El argumento que repiten en sus reclamos es el mismo que el planteado en octubre del año pasado: los atrasos “impactan severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones de nuestros asociados”.
El riesgo real es que la carencia de liquidez comprometa los planes de perforación y desarrollo. Hasta el momento, todas las productoras han mantenido los niveles de inyección acordados, pero sus recursos propios son prácticamente la única fuente de financiamiento disponible. “Si no tenés el financiamiento del producto del gas que entregaste, esto puede comprometer inversiones y la continuidad del plan”, advierten.
El Gobierno no considera los intereses por mora ni las compensaciones establecidas en las cláusulas take or pay de los contratos, que imponen penalidades cuando la empresa compradora no asume los volúmenes acordados. A diferencia de la operativa de Enarsa, la empresa Cammesa —responsable de la gestión eléctrica— efectúa sus pagos puntualmente y reconoce dichos intereses.
Una diferencia significativa en este año es la etapa del ciclo en la que se presenta el atraso. Entrar al invierno con deuda, en lugar de salir de él, altera el análisis para las productoras, ya que los próximos meses implican facturas de mayor monto. Si la cadena de impagos continúa, el riesgo de que alguna empresa deba revisar sus planes de inversión se vuelve una posibilidad concreta.
