La responsable del bloque oficialista, junto a las presidentas de las comisiones de Salud y de Legislación General, presentaron el miércoles las reformas que ahora serán objeto de discusión en la sesión programada para el 22 de octubre. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, resumió la jefa del bloque, encapsulando así la esencia de una reforma que, según muchos especialistas consultados, era necesaria y había sido postergada, aunque no sin algunas advertencias.
El proyecto, que el Poder Ejecutivo enviara al Senado el 20 de abril, no deroga la ley existente, sino que la modifica. Su eje central es la internación involuntaria, que sustituye el criterio de “riesgo cierto e inminente” por uno más situacional que señala un “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” tanto de la persona como de terceros. Para que se decida dicha internación, deberán intervenir un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y otro profesional, que podría ser un psicólogo.
La modificación crucial respecto a la ley vigente es el momento en que se puede determinar una intervención. Actualmente, la normativa establece que una internación involuntaria solo procede ante un “riesgo cierto e inminente”, lo cual se interpreta en las guardias como un peligro inminente en el “aquí y ahora”. La reforma suprime ese requisito, permitiendo que los profesionales puedan prescribir la internación en situaciones de riesgo grave, evaluando conductas que puedan anticipar un daño, los antecedentes del paciente y las posibles consecuencias de no proceder sin la necesidad de esperar a que la amenaza sea inminente. Sin embargo, es importante destacar que esta indicación no será atribuida exclusivamente a un solo profesional; deberá ser firmada por un médico, preferentemente psiquiatra, junto con otro profesional, idealmente un psicólogo. Además, se deberá notificar a la Justicia, que podrá solicitar informes, ordenar peritajes o intervenir en caso de controversias.
Entre otros cambios, la reforma también reemplaza la expresión “padecimiento mental” por “afección o trastorno de salud mental”, extiende el plazo para notificar a la Justicia de 10 a 24 horas, y requiere una evaluación interdisciplinaria antes del alta del paciente. Las adicciones seguirán dentro del ámbito de la salud mental, ahora incluyendo la ludopatía, y agregando un plan de egreso con seguimiento y las directivas anticipadas, que permiten a las personas dejar asentado de antemano cuáles tratamientos aceptan o rechazan.
El acuerdo alcanzado con los aliados implicó modificaciones al texto original. Se ha decidido conservar la prohibición de los manicomios que se estableció en 2010, a solicitud de senadores de distintos bloques y de ministros provinciales del Consejo Federal de Salud. Además, la referencia a “parientes” se ha limitado a padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales.
Para uno de los especialistas consultados, un médico psicoanalista forense y perito psiquiatra, la reforma tiene una impronta muy clara. “El modelo nuevo tiene la impronta de volver a dejar la decisión en manos del psiquiatra”, sostiene. Según explica, con la ley vigente, la toma de decisiones era “muy interdisciplinaria” y requería la aprobación de múltiples profesionales del ámbito de los derechos humanos y de la psicología. Este escenario, añade, generaba demoras y una cantidad excesiva de burocracia, hablando del modelo anterior que estaba estigmatizado por el concepto de que internar pacientes vulneraba los derechos humanos. “Si permitís que un psicólogo, un sociólogo o un asistente social discutan si una persona necesita ser internada o no, eso genera una burocracia y una enorme lentitud”, dice.
El médico también señala un cambio crucial: la situación que se presenta en las guardias de los hospitales generales, que son las que reciben casos desesperados. “Antes había un vacío legal y la guardia no estaba en condiciones de ordenar una internación”, explica. Con la nueva reforma, si llega a la guardia una persona en un estado crítico, “el médico de guardia puede pedir la internación”. Asimismo, esto implica un “mayor rigor” en el tratamiento de las adicciones, que hasta ahora, indica, “quedaban un poco en el limbo”.
Otro especialista, psiquiatra y docente de una universidad, es contundente: “El concepto fundamental es que el cambio de la ley era necesario”. Recuerda que ya en 2009, en el proceso de elaboración de la norma original, se alertó sobre las posibles “consecuencias complicadas” para personas con enfermedades mentales graves, como esquizofrenias, trastornos bipolares y depresiones profundas.
Este especialista enfatiza la importancia del diagnóstico. “El equipo interdisciplinario es muy relevante en el tratamiento, pero la formación médica está orientada a realizar diagnósticos de enfermedades”, afirma. Y explica por qué esto es de suma importancia: “Las personas pueden presentar síntomas psíquicos que están relacionados con patologías de otro tipo. Incluso un delirio o una alucinación puede no ser producto de una esquizofrenia o de un episodio maníaco, sino de otro tipo de enfermedades que necesitan un tratamiento diferente”.
Para ilustrar este punto, detalla que es necesaria una evaluación médica para diferenciar “cuadros orgánicos con síntomas psíquicos”, como meningitis, tumores, infecciones o enfermedades tiroideas, de crisis de enfermedades psiquiátricas propiamente dichas.
Acerca del nuevo criterio de riesgo, el psiquiatra sostiene que “no es una distinción semántica menor”. Y se pregunta: “¿Es razonable que las familias y los médicos deban esperar a que la tragedia sea inminente antes de poder intervenir?”. Clarifica que hay que evitar “confundir peligrosidad con enfermedad mental”. No obstante, advierte que “negar la intervención en crisis con un garantismo mal entendido es, en última instancia, una forma de abandono”. Su comparación es médica: es necesario actuar “como lo hace un cardiólogo ante un dolor en el pecho”, antes de que se produzca un daño irreparable. “Modificar la ley no implica violar derechos; implica garantizarlos. El derecho a la salud también abarca el derecho a recibir un tratamiento efectivo y oportuno”, concluye.
La ley de 2010 fijaba para 2020 el cierre de hospitales monovalentes, como el Borda, y el traslado de atención a hospitales generales. Este psiquiatra, con más de cuarenta años de experiencia en el Borda, califica de “disparate” esta idea. “Imaginate que durante la pandemia de COVID necesitábamos más unidades de terapia intensiva, no menos”, compara.
El profesional cuestiona la percepción de que alguien que se interna no puede salir. Recuerda que cuando ingresó al Borda, a comienzos de los años 80, había más de 2.000 pacientes; en 2009, antes de la entrada en vigor de la ley, esa cifra había disminuido a 700. “Lo que se modificó no es por una ley, sino por la terapéutica”, aclara. Resalta que el hospital recibe unas 1.000 internaciones al año, y que el criterio es similar al de una unidad coronaria: “Tuvo un infarto, se internó y cuando evolucionó favorablemente, se le dieron de alta. En psiquiatría sucede algo parecido”.
El mismo profesional también destaca el costo del sistema actual. Diariamente, pacientes que llegan a hospitales generales como el Fernández o el Ramón Mejía deben ser trasladados posteriormente al Borda. El costo más grave, señala, es humano: el paciente y su familia se ven “desesperados en la guardia” durante un período que puede ser de “un día, dos días, tres días, cuatro días en un lugar inadecuado”. Por ello, propone la creación de una red con roles diferenciados: hospitales generales y centros de atención primaria para los casos menos graves y las consultas ambulatorias, e instituciones especializadas para los casos críticos.
Este planteamiento choca con uno de los cambios introducidos en el Senado, que mantiene la prohibición de los manicomios. Aún queda por definir en el texto final cómo quedará la situación de los hospitales monovalentes.
Sin embargo, no todos los psiquiatras concuerdan con este diagnóstico general. Esteban Martínez, presidente de una asociación de psiquiatras, reconoce que la fórmula del “riesgo cierto e inminente” había suscitado polémica durante estos 16 años. En los primeros tiempos, fue criticada como un oxímoron, ya que combina “riesgo”, que implica probabilidad, con “cierto”, que se refiere a certeza. Luego, el problema se trasladó a lo “inminente”. “Los equipos solían argumentar: ‘Inminente es aquí y ahora, y en el aquí y ahora no veo riesgo, y luego, no sé’. Bajo esa fórmula, muchas veces no se internaron casos que estaban en crisis”, explica.
No obstante, Martínez no atribuye la culpa a la ley. “Muchos han responsabilizado de esto a la Ley de Salud Mental. Yo tengo una interpretación distinta”, afirma. Desde su perspectiva, interpretada desde un modelo situacional, la actual fórmula permite de hecho tener en cuenta los antecedentes de los últimos 15 o 30 días. “Sostengo que no era necesario modificar la ley, sino trabajar en consensos técnicos para aclarar qué entendemos por riesgo”, asevera.
Su principal objeción se centra en un párrafo agregado al artículo 20 que obliga a los profesionales a evaluar “las consecuencias disvaliosas” que derivarían de no indicar una internación “necesaria, debida y oportuna”. En combinación con el criterio situacional, este requerimiento, advierte, “amplía considerablemente el margen para considerar conductas que pueden ser de riesgo”. Además, advierte que “muchos profesionales se verán presionados para indicar una internación defensiva o ‘por las dudas'”.
Martínez ejemplifica su preocupación con el miedo a las consecuencias legales. “Si decides no internar a un paciente y luego, a los 60 días, el paciente se suicida, el análisis posterior se vuelve complicado y la presión legal o civil sobre los profesionales aumenta considerablemente”, explica. Anticipa que el efecto que esto tendrá “impactará de forma directa en la red pública, que ya de por sí tiene una escasez de camas”.
El presidente de la asociación de psiquiatras celebra, sin embargo, que se haya retirado del proyecto un artículo 23 bis que facultaba a los jueces para obligar a pacientes dados de alta a continuar con tratamientos ambulatorios. “Considero que nuestra posición ha influido en esta decisión”, dice. Este mecanismo, advierte, podría haber creado un enredo de procedimientos judiciales.
Acerca del rol de cada disciplina en la atención, el psiquiatra defiende un equilibrio. “La ley revaloriza el rol del psiquiatra, lo cual es positivo, pero siempre es fundamental mantener el respeto hacia las distintas profesiones y sus incumbencias. Se debe evitar generar tensiones entre disciplinas”, sostiene. Propone que los equipos encargados de evaluar internaciones incluyan “al menos un psiquiatra y un psicólogo”.
Tampoco está de acuerdo con la eliminación del término “padecimiento”. Sugiere que se mantengan ambos términos: “trastorno”, que se utiliza en clasificaciones internacionales y refleja un componente objetivo, y “padecimiento”, como la “expresión subjetiva del sufrimiento” que en ocasiones puede tener causas psicológicas o sociales.
Martínez acepta la telemedicina como un recurso, siempre que haya condiciones técnicas adecuadas y que, al otro lado de la pantalla, estén presentes psicólogos o trabajadores sociales y, si se sospecha algún problema médico, un clínico o médico de familia. Su última advertencia, sin embargo, es de carácter presupuestario: “Trasladar costos a las provincias sin la correspondiente asignación presupuestaria exacerba la crisis y emergencia sanitaria que atravesamos en el país”.
La Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) ha expresado preocupaciones similares en el Senado. Debido a la escasez de psiquiatras en el interior del país, advirtieron que el proyecto podría terminar limitando el acceso a la atención. Organismos de derechos humanos y colectivos de pacientes también alertan sobre un posible retroceso en el enfoque de derechos promovido por la ley de 2010.
Detrás de este debate técnico se encuentran historias que han impulsado la necesidad de cambio. Una de las más conocidas es la de Marina Charpentier, trabajadora social, fundadora del Grupo Familia Esperanza y madre del músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier. El perito mencionado anteriormente subraya: “Ella lo que decía es que una persona adicta de gravedad, como era su hijo, no había forma de detenerlo, debido a un vacío legal”. Gracias a la reforma, sostiene, un familiar podría solicitar una intervención “antes de que ocurra un desastre”.
Charpentier ha estado años reclamando por esta modificación. En 2022, con su hijo en un tratamiento, solicitó al Senado reformular el artículo 20. En mayo de este año, volvió a exponer ante las comisiones y compartió su experiencia: “Con la actual ley nunca pudimos ayudarlo. Mi hijo ingresaba a las guardias, le ponían un suero, lo desintoxicaban y le daban el alta; en ocasiones, él se arrancaba todo y se escapaba”. Para ella, la ley vigente es “idílica”: “Puede sonar interesante en el papel, pero todo lo que plantea la normativa no se traduce en la realidad”.
Consultada sobre el tema, considera que la modificación podría ayudar a las familias en situaciones críticas. “El cambio facilitaría a las familias internar a personas que están perdidas en el consumo o en psicosis. Las garantías están presentes, ya que la Justicia revisa periódicamente las internaciones”, comentó. También aboga por tener en cuenta la historia previa de cada paciente: “Las familias necesitan ser escuchadas y poder contar la totalidad de la historia, no solo el momento urgente”. Su reclamo central, sin embargo, es de carácter presupuestario: la ley exige que se destine el 10% del presupuesto de Salud a la salud mental, un porcentaje que, según reclama, no se cumple.
Otro nombre que ha marcado el debate es el de Rodrigo Roza. La tarde del 28 de septiembre de 2020, frente al Malba, este hombre de 51 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide atacó con un cuchillo al inspector de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, de 33 años, quien había llegado para calmarlo. Roldán perdió la vida por una apuñalada en el pecho; antes de caer, alcanzó a disparar, y Roza falleció esa madrugada en el Hospital Fernández, tras haber estado internado un mes antes.
Su hermano, el abogado Juan Roza Alconada, dirige hoy la asociación civil Icona y es una de las voces más visibles en el impulso de la reforma. Relata que intentó internar a Rodrigo en dos ocasiones: en una oportunidad se escapó, y en la otra, recibió el alta tras solo 12 horas. “Fue un desenlace trágico y doloroso para ambos”, dijo. Ante los senadores fue contundente: “El problema es la ley, está bien claro”.
El policía fallecido sufrió una apuñalada en el pecho, a la altura del corazón. Roza Alconada respalda el cambio en la definición de riesgo y en el aumento del peso del psiquiatra en el proceso de toma de decisiones, y considera que el cierre de hospitales monovalentes “fue un gran error”. Según explica, muchos profesionales evitan ordenar internaciones involuntarias por miedo a enfrentar una demanda por privación ilegítima de la libertad. El Gobierno ha tomado el caso como un símbolo: la directora nacional de Salud Mental, recordó entre los ejemplos, las tragedias que la reforma pretende evitar.
Con el dictamen ya firmado por el plenario de comisiones, el proyecto se dirigirá hacia el recinto del Senado el 22 de octubre. En caso de ser aprobado, deberá luego pasar por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
Mientras tanto, el debate ha generado un consenso amplio y una pregunta que queda abierta. Casi todos los especialistas coinciden en que el sistema actual no proporciona respuestas oportunas a personas con enfermedades graves ni a sus familias. La discusión radica en si la solución reside en modificar el marco legal o en dotar a la legislación de componentes necesarios que no ha tenido, como más camas, profesionales y presupuesto. En palabras de uno de los psiquiatras, “es hora de que la legislación argentina deje de mirar la teoría desde la comodidad de un escritorio y comience a observar la realidad de las guardias y de los hogares”.









