Este proyecto se presenta en un contexto donde el Gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa que permitiría el acceso a la ciudadanía mediante un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o mediante la suscripción de un título público por 800 mil dólares, además de incluir montos adicionales para cónyuges e hijos.
Rossi ha afirmado: “La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio.” Este proyecto cuenta también con el respaldo de la diputada nacional Kelly Olmos.
La propuesta no solo prohíbe la emisión de títulos de deuda pública que otorguen a los compradores el derecho a solicitar la ciudadanía o beneficios migratorios, sino que también establece que el Estado deberá abstenerse de contratar o asociarse con empresas o consultoras para fomentar programas de ciudadanía a cambio de contraprestaciones económicas.
Entre los prudentes argumentos que sustentan la propuesta, se cuestiona la constitucionalidad del mecanismo establecido por el DNU 366/2025, resaltando que la Constitución confiere al Congreso la potestad de legislar sobre naturalización y nacionalidad, y se citan pronunciamientos judiciales que han declarado inválidas determinadas disposiciones de dicho decreto.
Asimismo, la iniciativa advierte sobre los riesgos internacionales de los programas de ciudadanía por inversión, planteando posibles repercusiones sobre el valor y la aceptación del pasaporte argentino, así como acerca de un eventual incremento en los controles migratorios y financieros.
Rossi también conecta el anuncio del Gobierno con el debate sobre la extranjerización de tierras, alertando que una ciudadanía adquirida mediante contraprestaciones financieras podría facilitar el eludir restricciones para que extranjeros compren terrenos, incluso en áreas fronterizas. “La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos. El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización. Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta”, concluye el proyecto.
