La situación presenta dos aspectos problemáticos. Por un lado, funcionarios argentinos han admitido a la administración estadounidense que el oficialismo no cuenta en este momento con los votos necesarios para ratificar el acuerdo. Por otro lado, la Casa Rosada sostiene que ha cambiado el contexto jurídico sobre el cual se elaboraron las concesiones comerciales y desea revisar los términos antes de proseguir.
El Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos fue suscripto el 5 de febrero en Washington por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Según los registros de Cancillería, el tratado aún no ha entrado en vigor y no posee una norma aprobatoria del Congreso. En el momento de la firma, el Ejecutivo había anunciado que el acuerdo sería enviado al Poder Legislativo para su análisis.
El argumento que actualmente utiliza el Gobierno para solicitar una revisión surgió apenas dos semanas después de la firma. El 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA, no permitía al presidente imponer los aranceles globales que Trump había establecido desde 2025. Este fallo alteró una parte esencial del esquema arancelario estadounidense bajo el cual se habían negociado varios acuerdos comerciales.
Desde Buenos Aires se argumenta que no se debería ratificar un entendimiento negociado bajo un marco que ha sido parcialmente deslegitimado. Por el contrario, Washington sostiene que no está dispuesto a renegociar, ya que eso podría establecer un precedente para que otros países busquen mejores condiciones, de acuerdo a fuentes consultadas.
La administración estadounidense resalta que Argentina ya ha obtenido beneficios significativos. El acuerdo previó la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, lo cual, según las estimaciones del Gobierno, implicaría exportaciones por alrededor de 1.013 millones de dólares. Además, se aumentó de 20.000 a 100.000 toneladas el acceso preferencial de carne bovina argentina al mercado estadounidense, lo que representa 80.000 toneladas adicionales para el año 2026.
A cambio, Argentina debe eliminar aranceles para 221 categorías, que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, además de reducir al 2 por ciento los aranceles para otras 20 categorías, principalmente autopartes. El acuerdo también abarca compromisos relacionados con propiedad intelectual, comercio digital, inversiones y la disminución de barreras no arancelarias.
Se han comenzado a implementar algunas de estas reformas a pesar de que el tratado aún no ha sido ratificado. Se han introducido modificaciones regulatorias en áreas relacionadas con propiedad intelectual y acceso a importaciones. No obstante, sectores de la industria farmacéutica local han expresado cuestionamientos respecto a algunas exigencias en materia de patentes.
Por su parte, la administración estadounidense ha solicitado una estrategia legislativa y un cronograma claro para avanzar con la aprobación del acuerdo. El tiempo político también está en contra, ya que el período ordinario del Congreso concluye en noviembre y el Gobierno tiene otros proyectos en su agenda legislativa. La falta de votos se ha convertido así en un obstáculo que no se contemplaba como preocupación principal en febrero.
Hasta el momento, el desacuerdo comercial no ha afectado la relación política entre Milei y Trump. Sin embargo, detrás de la aparente coincidencia entre ambos líderes, se ha manifestado una diferencia tangible: Argentina desea renegociar las condiciones antes de la aprobación del pacto, mientras que Estados Unidos exige el cumplimiento de lo firmado.
