La medida anunciada por el ministro de Economía prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES destine $2 billones en plazos fijos en entidades bancarias, con el objetivo de financiar alrededor de 18.000 créditos hipotecarios en UVA a una tasa máxima del 7,5%. Esta herramienta busca ampliar el acceso al crédito y, al mismo tiempo, impulsar una actividad que actúa como un multiplicador para el sector de la construcción y otras áreas relacionadas.
Este movimiento presenta una paradoja difícil de pasar por alto. En noviembre de 2024, Milei y Caputo habían disuelto el Procrear argumentando que la financiación de viviendas debía depender exclusivamente de los bancos y que no era justificable la intervención estatal. Menos de dos años después, el Gobierno recurre a fondos públicos para crear condiciones de financiamiento que el mercado, por sí solo, no estaba ofreciendo en la magnitud que el oficialismo requiere.
Durante la presentación de la iniciativa en el Microcine de Economía, el ministro enfatizó que el crédito hipotecario representa una prioridad, ya que contribuye a la “justicia social”, permitiendo que quienes trabajan puedan acceder a una vivienda sin demoras de décadas. Destacó además su efecto multiplicador en otros sectores y la posibilidad de promover una mayor formalidad económica.
La afirmación no pasó desapercibida e invita a cuestionarse cuánto margen tiene el Gobierno para mantener el enfoque libertario en la segunda parte de su mandato, con la mirada en 2027. Aunque las elecciones están aún distantes, ya actúan como un factor de orden político. No se trata solamente de si la macroeconomía se encuentra en orden, sino si dicho orden será capaz de traducirse en consumo, empleo, crédito y mejoras palpables antes de que los votantes se dirijan nuevamente a las urnas.
Este dilema también atraviesa al propio Gabinete. Recientemente, Javier Milei debió intervenir ante las inquietudes planteadas por dos de sus principales funcionarios, Caputo y Patricia Bullrich, quienes habían expresado, en diferentes espacios, dudas sobre la celeridad con que los resultados del programa económico llegan a las familias y las empresas. En respuesta, el Presidente instó a sus ministros a defender el modelo.
En esa misma reunión de Gabinete, Milei reiteró que modificar el programa para conseguir un resultado político inmediato pondría en riesgo la credibilidad construida desde el inicio de su gestión. Mientras tanto, Caputo comienza a probar instrumentos destinados a acelerar la llegada de la recuperación a sectores que hasta ahora quedaron más rezagados respecto al rebote de algunas actividades exportadoras y extractivas. Si tiene éxito, podría activar la construcción, movilizar proveedores, estimular el mercado inmobiliario y generar una mejora visible para una parte de la clase media.
Asimismo, el Presidente obsequió a los legisladores oficialistas La economía en una lección, de Henry Hazlitt, un referente en la tradición liberal austríaca, en una escena que recordó el marco ideológico que busca preservar.
Lejos de haberse vuelto keynesiano, muchos en la Casa Rosada comienzan a interrogárselo, evaluando cuánto pragmatismo puede asimilar el Gobierno sin alterar el relato económico en el que Milei ha edificado su identidad.
El desafío para el oficialismo radicará en gestionar esa tensión sin que derive en una fractura política. Para lograrlo, el Gobierno deberá determinar hasta dónde está dispuesto a recurrir a herramientas que contradicen, en parte, el manual libertario.
Caputo ha encontrado en los fondos de la ANSES un medio para estimular el crédito hipotecario; sin embargo, la paradoja es que, para ello, ha tenido que recurrir a una herramienta de intervención estatal que el propio Gobierno había desechado al inicio de su mandato. En términos económicos, esto puede ser considerado pragmatismo; en términos electorales, representa una señal de que la campaña hacia 2027 comienza a imponer la necesidad de transformar el orden macroeconómico en mejoras concretas.
