Según información obtenida, los documentos fueron presentados recientemente en la Casa de Gobierno. En la primera nota, se cuestiona el sistema de cobro de la empresa estatal, mientras que la segunda solicita una intervención política directa a raíz de un incidente en el que un niño de tres años cayó en una boca de tormenta en Villa Luján.
Canelada indicó que ciudadanos que poseen dos o tres facturas impagas han recibido intimaciones con montos millonarios que exceden el capital original. Denunció que esta práctica es “extorsiva” y demandó mayor transparencia sobre el destino de los fondos recaudados. Las acusaciones provienen de los concejales, ya que no se han presentado boletas individuales ni se ha emitido ninguna resolución que declare ilegales dichos cobros.
Por otro lado, el reclamo por la infraestructura tiene un respaldo documental significativo. El incidente con el niño ocurrió a fines de julio en una boca de tormenta situada en el cruce de pasaje Miguel Cané y Saavedra, donde fue rescatado y posteriormente hospitalizado. Los vecinos han manifestado que hicieron presentaciones fotográficas y notas durante cuatro años, pero la reparación del lugar se dio solo tras el accidente.
La SAT señaló que el robo de tapas de bocas de tormenta supera su capacidad para reemplazarlas. Marcelo Caponio, quien dirige la empresa, informó que han sustituido 400 tapas en los últimos dos años, con un costo unitario estimado en $200.000 más impuestos. También anunció la implementación de señalización preventiva y una línea para reportar faltantes, y agregó que, en ocasiones, una tapa se repone y desaparecen otras tres.
En el lugar donde ocurrió la caída del menor, existe una discusión que la Provincia debe resolver. La SAT atribuyó la falta de la tapa a un robo, mientras que los residentes aseguraron que la tapa nunca fue sustraída, sino que estaba hundida en el pozo debido al deterioro. Además, la nota de los vecinos menciona desbordes cloacales, pérdidas y veredas socavadas presentes en la zona.
Cobos enfatizó que la cantidad de aberturas sin protección representa un grave riesgo para peatones, motociclistas y conductores, responsabilizando a Jaldo por la falta de una respuesta coordinada. Aunque la denuncia política no implica una resolución judicial, el accidente, la hospitalización y el reconocimiento oficial de las 400 reposiciones evidencian que el riesgo es real.
De este modo, la gestión provincial enfrenta dos demandas distintas relacionadas con la misma empresa: cómo determina y aplica las deudas de los usuarios y cómo asigna recursos para asegurar el mantenimiento de una red en estado crítico. Es legítimo recaudar para sustentar el servicio; sin embargo, intimar sin una liquidación clara o permitir aberturas peligrosas sin protección demanda una respuesta pública.
Hasta el momento de cierre de la información disponible, no había respuesta específica de Jaldo ante los escritos presentados. El gobernador tiene la oportunidad de aclarar la situación si ordena la publicación del protocolo de cobro, revisa casos polémicos y requiere a la SAT un mapa actualizado de pozos, señalización, responsables y plazos de reparación.
